Entre el 1 y el 15 de junio, el observatorio ciudadano Urnas Abiertas ha registrado al menos 225 hechos de violencia política en el contexto electoral, a cinco meses de realizarse las elecciones generales en el país.
En la presentación de su cuarto informe, señala que los datos analizados hasta el 15 de junio muestran que en el país se ha dado continuidad a los hechos de persecución judicial iniciados en mayo, combinados con violaciones al debido proceso y otros tratos crueles y degradantes contra las personas detenidas arbitrariamente y judicializadas.
🔴 Ya está disponible nuestro cuarto informe, derecho penal del enemigo y usurpación de funciones.
▶️ Continúa la persecución judicial, el uso abusivo del sistema de justicia y la ejecución del “derecho penal del enemigo”
🔗 INFORME EN: https://t.co/QIWeuly5YM#Elecciones2021 pic.twitter.com/cSjs0NheNA
— Urnas Abiertas (@UrnasAbiertas) June 30, 2021
Entre el 28 de mayo y el 26 de junio, la dictadura Ortega Murillo ha retomado una nueva ola de detenciones contra opositores. Ha encarcelado a 21 nicaragüenses, cinco de ellos precandidatos presidenciales: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora. Además de 11 líderes opositores, un banquero, un cronista deportivo, dos extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) y al conductor privado de Chamorro Barrios.
A la mayoría se les ha aplicado la Ley 1055, o Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, a la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, mientras que el Ministerio Público les impuso 90 días de detención mientras son «investigados». Se presume que 19 de los detenidos se encuentran encarcelados en las nuevas instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo Chipote, sin ser vistos por sus familiares y abogados, y dos están bajo arresto domiciliar.
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Urnas Abiertas también señala que entre el 1 de octubre de 2020 y el 15 de junio del 2021 se han cometido al menos 946 hechos de violencia política. Asimismo, indica que en dicho período las organizaciones que más hechos de violencia han sufrido son las organizaciones políticas, los movimientos sociales y medios de comunicación.
Otra situación de preocupación en el contexto electoral, según el observatorio, son las agresiones, amenazas y hostigamientos contra organizaciones de defensa de los derechos humanos, especialmente de personas que ejercen la defensa jurídica de los detenidos arbitrariamente.
¿Qué es violencia política?
De acuerdo con el equipo de profesionales en temas políticos, electorales y de derechos humanos que integran este organismo, violencia política «es aquella ejercida con el fin de restringir los derechos civiles y políticos de personas y organizaciones, a través de agresiones individuales, colectivas o institucionales».
Al respecto, durante el período de análisis de este informe, Urnas Abiertas reitera que «se sigue observando el uso abusivo del sistema de justicia con fines partidarios, con el objetivo de eliminar la competencia electoral, intentando darle una apariencia de legalidad» en el proceso electoral.
Señala que algunos de los mecanismos que está utilizando actualmente el régimen en los casos de persecución judicial ejecutados en junio son detenciones arbitrarias sin oportuno control judicial; allanamientos sin orden judicial y sin entregar acta de ocupación de bienes; prolongación de prisión preventiva a 90 días, amparados en la reforma al Código Procesal Penal; causas judiciales sin fundamentación sólida; imputaciones sin determinación de delitos; incumplimiento y rechazo de los recursos de exhibición personal, impidiendo de esta manera acceder a la información necesaria para revisar la legalidad de la detención y evitando que se verifique el estado de las personas detenidas; violación a la presunción de inocencia; violación al derecho a la defensa, y falta de acceso a la asistencia legal de su elección; y audiencias clandestinas, sin la participación de la defensa legal de su elección.
Denuncia irregularidades en los CEM
Entre el martes 22 y el viernes 25 de junio, el Consejo Supremo Electoral (CSE), institución controlada por el oficialismo, informó, nombró y juramentó a los 153 Consejos Electorales Municipales (CEM) en todo el territorio nacional de cara a las elecciones del 7 de noviembre.
Entre las personas juramentas había 459 mujeres y 459 hombres; 153 presidentes/as, 153 primeros miembros y 153 segundos miembros. Todos ellos con igual número de suplentes, precisó el CSE en una nota de prensa. Ratificando a la vez que las presidencias y los primeros miembros fueron asignados al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y al Partidos Liberal Constitucionalista (PLC), según lo establecido en la Ley Electoral, ya que ambos partidos obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente, en las últimas elecciones generales (2016).
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Mientras que los segundos miembros, entre propietarios y suplentes, fueron distribuidos entre los demás partidos políticos y alianzas de partidos participantes: partido Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Alianza por la República (Apre), Partido Liberal Independiente (PLI), Alianza Ciudadanos por la Libertad (Alianza CxL) y el partido regional Yatama.
Sin embargo, el observatorio ciudadano manifiesta en el informe que recibió reportes de una serie de irregularidades en el proceso de conformación del CEM, entre las que se encuentran: aislamiento de funciones al segundo miembro; usurpación de funciones por parte de militantes del FSLN o por administradores/coordinadores de los Consejos Electorales Departamentales (CED), «quienes deberían de ejecutar únicamente tareas administrativas, usurpando de esta manera las responsabilidades de estos organismos de administración electoral», denunció Urnas Abiertas.
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También señala que se realizaron «juramentaciones en ausencia; los partidos no recibieron las actas de juramentación; mítines políticos partidarios durante la juramentación; convocatorias en diferentes horarios para confundir a las ternas elegidas para los CEM; señalamientos de falsa membresía partidaria; y secretismo general en el desarrollo de esta actividad del calendario electoral».
De acuerdo con el monitoreo ciudadano de Urnas Abiertas, «en distintos departamentos se señaló que muchas personas integrantes de partidos políticos participantes del proceso electoral no han querido hacer denuncias públicas de las irregularidades por temor a represalias del Gobierno».
Asimismo, indica que el CSE no ha hecho pública la lista de las 918 personas nombradas, como hizo con los CED/CER, tampoco la distribución por partido en cada uno de estos CEM.
Exige elecciones justas y creíbles
Para Urnas Abiertas, es necesario que el Gobierno de Nicaragua garantice las condiciones para una amplia participación, tanto para las personas votantes como para las organizaciones y partidos parte de la contienda electoral para el desarrollo de un proceso electoral libre, justo, creíble, legítimo, transparente y observado. Dichas condiciones incluyen:
«La libertad a todas las personas presas políticas, incluyendo a los 5 aspirantes a la presidencia y demás liderazgos opositores; el cese de la represión, violencia política y el estado policial, desarmando a parapoliciales y garantizando además el derecho a reunión, asociación pacífica, movilización, opinión, expresión y libertad de prensa, es fundamental que se garanticen los derechos de elegir y ser electo».
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También exige reestructurar el CSE “para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”, como lo ha indicado la Organización de Estados Americanos (OEA).
Además, «derogar la reforma a la Ley Electoral reciente, aprobando una Ley que incluya las demandas de la oposición, que cumpla los estándares internacionales y que no sea violatoria de derechos humanos, garantizando la libertad y acceso de prensa, de opinión y expresión, de reunión y asociación pacífica, y movilización», así como «derogar el marco legal restrictivo y detener la instrumentalización de la justicia para la persecución política».
Finalmente, pide «garantizar la observación nacional e internacional independiente, fidedigna y creíble, incluyendo observadores en materia de Derechos Humanos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh)».
