En medio de un terror ilimitado, los nicaragüenses nos encontramos sometidos a un virtual Estado de sitio donde a la Policía orteguista que está al servicio del matrimonio presidencial, ejecuta sin orden judicial allanamientos a la propiedad privada. Y como agravante a ese atropello se lleva detenido al dueño del inmueble acusándolo de una serie de cargos por los cuales el flamante Ministerio Público, o Fiscalía, que es un resorte del Estado pero obedece instrucciones del Ejecutivo nunca presenta pruebas de los supuestos “delitos”.
Tales son los casos de los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, José Pallais y Cristiana Chamorro Barrios. A esta, sin respetar su condición de dama le han aplicado el arresto domiciliar haciéndola prisionera en su propia casa, e impidiéndole toda forma de comunicación con su familia. Con la captura de Cristiana, Daniel Ortega lo que demuestra es el temor que le tiene, puesto que es una potente competidora política que convocándose en este país a elecciones completamente libres, y supervigiladas por organismos internacionales y nacionales le daría, al dictador una derrota ejemplar como la que le dio doña Violeta Barrios en febrero de 1990.
Ortega se escuda en su poder absoluto para atribuirle a Cristiana y al resto de los precandidatos presidenciales delitos que no han cometido. Y usa a la Policía para materializar capturas, y restringir en sus libertades a personas honestas y probas que buscan lo mejor para Nicaragua. El dictador en su ciega obsesión de imponer sus ambiciones particulares pasa por encima de la ley pisoteando la Constitución de la República, y convirtiendo a la administración de justicia en una mercado de conciencia donde jueces, y magistrados se vuelven obedientes a sus mandatos.
En este oscuro período de nuestra historia en que la inseguridad ciudadana reina por todos los extremos del país, la Policía orteguista se ha hecho merecedora al repudio popular. La Constitución Política en vigencia en su artículo 97, página 35 y 36, en uno de sus puntos medulares refiriéndose a la Policía dice: “La Policía Nacional es un cuerpo armado de naturaleza civil, tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de las personas y sus bienes, y más adelante afirma que la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, y que regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”.
¿Pero dónde está ese mandato “apolítico” del cual habla la misma Constitución Política respecto a la Policía?, si esta viene demostrando lo contrario, convirtiéndose en un cuerpo armado de Ortega, y llevándose al “Chipote” a connotados elementos de la sociedad civil. Para la Policía, la Constitución no vale nada, su único interés es velar por los intereses del dictador que pretende eternizarse en el poder a costa de cualquier afán que le sea posible, teniendo de rehén al propio pueblo al que arrebata sus derechos y libertades, y haciendo aparecer la suspensión parcial, o definitiva de las garantías ciudadanas a través de un estado anormal que en virtud de extinguirse se prolonga dando la impresión de que estamos viviendo relativamente el Estado de sitio.
La dictadura que maneja Ortega ha intensificado la ola de capturas como las que hubo en Managua el pasado domingo 13 de junio, arrestando con lujo de violencia a reconocidos elementos políticos del país: Dora María Téllez, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Hugo Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco, y Suyén Barahona. Sacando conclusiones y usando la historia que hemos vivido debemos reconocer que Somoza no fue tan bárbaro, ni hostil como lo presentan equivocadamente sus detractores, pues, aunque en su gobierno se hayan dado muchos atropellos a los derechos humanos no se pueden comparar con los que ahora soportamos.
El autor es periodista de Somoto
