Recientemente un conocido me preguntó: ¿Y a mí, en qué me beneficia el Parlacen? No encontré argumentos favorables para responderle. He aquí el porqué. El Parlamento Centroamericano (Parlacen) es un órgano regional permanente de representación política y democrática para lograr la integración centroamericana, según su Tratado Constitutivo de 1987. Inició sus labores en octubre de 1991 con su primer plenario en su sede en Guatemala; lo integran 20 diputados de cada Estado, que gozan de inmunidad y de los mismos privilegios de diputados nacionales y agentes diplomáticos. Para el Protocolo de Tegucigalpa de 1991, creador del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica), solo es un órgano para plantear, analizar y recomendar.
Parlamento, para la Real Academia Española, significa “cámara o asamblea legislativa, nacional o regional”. Al respecto, la Constitución Política establece como función principal de la Asamblea Nacional elaborar y aprobar leyes y decretos, reformarlos y derogarlos. Por lo tanto, la razón de ser de un parlamento es discutir asuntos de interés común y tomar decisiones que tomen la forma de legislación, de normas obligatorias, como leyes o decretos.
El Parlacen se reúne mensualmente, excepto julio y diciembre; se divide en grupos parlamentarios afines ideológicamente; tiene comisiones de trabajo permanentes; emite decisiones que recomiendan, declaran y se pronuncian en múltiples temas de integración centroamericana, pero limitadas a instar, proponer, plantear o sugerir a los Estados del Sica, pero sin emitir normas obligatorias. Esto contrasta, por ejemplo, con el Parlamento Europeo, que “colegisla” junto al Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE); aprueba acuerdos internacionales y la adhesión de nuevos miembros a la UE; aprueba el presupuesto de la UE; controla la labor de la Comisión Europea; y crea comisiones de investigación para infracciones o mala gestión.
Apreciemos otro contraste, con la labor del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), que ejecuta decisiones de los presidentes centroamericanos; impulsa, armoniza y unifica políticas económicas regionales; nombra al secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana; aprueba reglamentos de órganos económicos; decide firmar tratados; y, lo más importante, emite normas de aplicación obligatoria y directa en los Estados, como resoluciones, reglamentos, acuerdos y recomendaciones.
¿Cómo se valora la labor de un parlamento? En Nicaragua, su labor colectiva se evalúa por la cantidad de leyes y decretos emitidos, y por la calidad de la legislación, pero es difícil conocer el desempeño individual de los diputados en plenario y comisiones, sobre todo de quienes acostumbran dormir en sesiones plenarias. ¿Deberíamos tener menos de 90 diputados que gozan de jugosos privilegios? Tendríamos 60 diputados por 6 millones de habitantes, a razón de un diputado por cada 100 mil habitantes. Pero regresando al Parlacen, desconocemos valoraciones cuantitativas y cualitativas del desempeño de los 20 diputados, quienes en Nicaragua reciben mensualmente US$4 mil entre salario y viáticos; en Guatemala US$4,500 y en El Salvador US$5 mil, según reportajes que vi en La Prensa, Prensa Libre y La Prensa Gráfica, respectivamente. Solo en salarios anuales, Nicaragua gasta US$960 mil. Sumémosle su contribución anual al Parlacen de US$2 millones. ¿Cuánto hemos invertido en 30 años?
Nicaragua debería promover reformas al Parlacen para que legisle obligatoriamente; reducir su tamaño, de 20 a 5 diputados por país; prohibir que expresidentes y exvicepresidentes asuman automáticamente diputaciones; para disminuir costos operativos y contribuciones anuales. Y debería reformar la Constitución para suprimir la elección popular de diputados al Parlacen y que el plenario elija a 5 diputados de la Asamblea Nacional para que asistan a sus sesiones, con sus viáticos, como los delegados del Poder Ejecutivo que van a reuniones del Sica, y el país se ahorraría el salario de 20.
Para impulsar su desarrollo, Nicaragua debe priorizar sus gastos e invertir más en educación, que en políticos.
El autor es licenciado en Derecho y magíster en Diplomacia.
