Familiares de los opositores al régimen de Daniel Ortega encarcelados por la Policía orteguista en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como el nuevo «Chipote», denunciaron que los oficiales se niegan a permitir que éstos reciban comida, visitas y sean asistidos por sus abogados, lo que consideran una completa violación a sus derechos humanos y constitucionales.
Un equipo de LA PRENSA estuvo en horas de medio día de este lunes 14 de junio en la entrada de la DAJ y verificó el ingreso de los afectados al Chipote. Algunos salieron con los recipientes y otros con las manos vacías. La mayoría no quiso dar declaraciones por temor a represalias.
«Desde el jueves pasado (10 de junio) solo líquido les están permitiendo que le llevemos, ayer (domingo) solo una botella de líquido se nos permitió. Hoy fue líquido y frutas», aseguró doña María Consuelo Céspedes, esposa de Walter Gómez, extrabajador de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, quién tiene 18 días de haber sido apresado ilegalmente.
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En las últimas semanas el régimen Ortega Murillo detuvo a 11 opositores. Las últimas detenciones ocurrieron este domingo 13 de junio y esta vez su blanco fueron los dirigentes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes conocida como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Los detenidos son: los exguerrilleros Hugo Torres Jiménez y Dora María Téllez, ambos fueron arrestados en sus casas. También fueron capturadas Suyén Barahona, presidenta de Unamos; Víctor Hugo Tinoco y Ana Margarita Vijil, ambos miembros de este partido y Tamara Dávila Rivas, apresada en la víspera, la noche del sábado 12 de junio.
Solo tres han podido ver a sus abogados
El pasado 9 de junio el abogado del precandidato presidencial, Arturo Cruz, quién está tras los barrotes del «Chipote», Elton Ortega, aseguró que pudo reunirse con su representado. También, María Céspedes, esposa de Gómez, afirmó que su esposo ha podido hablar con su abogada, Eilyn Cruz. Así mismo, Cristiana Chamorro logró entrevistarse con su abogada, Orieta Benavides, pero la suerte de los tres presos políticos no la han tenido el resto de detenidos, a quienes el régimen no les ha permitido ver a sus familiares ni a sus representantes legales.
«Yo no sé si Félix está recibiendo la comida porque no sé con certeza dónde está, es decir ni los abogados los han visto ni sus familiares lo han visto, así que no sabemos dónde está él…nadie nos garantiza a nosotros que nuestros familiares están allí o que han comido y eso es lo grave del asunto. Me han comentado que hay días que les permiten ingresar alimentos, hay días que nos les permiten, a veces la gente que está allí atendiendo lo hace a su discreción», denunció Bertha Valle, esposa de Maradiaga.
«Solo agua y frutas nos dejaron llevarles, están cerrados (en no permitirles la comida)», se quejó Pablo Fletes, hermano de Marcos Fletes, extrabajador de la FVBCH, quien ya lleva 18 días encerrado en el Chipote sin poder ver a su familia y a su abogada, Orieta Benavides.
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UNAB repudia secuestros
El régimen mantiene incomunicada y con arresto domiciliar a la precandidata presidencial, Cristiana Chamorro Barrios. Ordenó que pusieran tras las rejas a los precandidatos presidenciales: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz. Además detuvo al analista político, José Pallais, a la activista política, Violeta Granera, al expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri; y desde hace 18 días mantiene en el encierro a Walter Gómez y Marcos Fletes, extrabajadores de la FVBCH. Así mismo, mantiene presos a 120 reos de conciencia.
Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunciaron y repudiaron las detenciones arbitrarias ejecutadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de precandidatos presidenciales, activistas políticos y extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
La Unidad Nacional denuncia y repudia la nueva ola de secuestros llevados a cabo por la dictadura al amparo de las leyes represivas e inconstitucionales aprobadas con el objetivo de criminalizar a la oposición, estas acciones evidencian que el único mecanismo con el que cuenta para poder permanecer en el poder es por medio de la fuerza, que carece de respaldo popular y falta de capacidad de disputarse el poder político aún en unas elecciones amañadas bajo sus reglas», dijo Daysi Godoy, miembro del Consejo Político de la UNAB, a través de una conferencia de prensa virtual.
