La experta jurídica María Asunción Moreno dijo a LA PRENSA, en una entrevista que fue publicada el recién pasado lunes 31 de mayo, que en Nicaragua “no hay ninguna herramienta legal” que los ciudadanos puedan usar para defenderse de la dictadura.
La doctora Moreno, además de ser catedrática de Derecho es dirigente de la Alianza Ciudadana.
Esta es la única plataforma electoral opositora que ha logrado sobrevivir, hasta ahora, a la demoledora represión de Daniel Ortega en su marcha hacia “las peores elecciones” imaginables, según el juicio del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
La advertencia de la jurista Moreno, de que en este país no queda ninguna herramienta legal para que los ciudadanos puedan defenderse de las arremetidas represivas, fue por el caso de los exempleados de la autodisuelta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) implicados por la Fiscalía orteguista en un inventado delito de lavado de dinero y encarcelados arbitrariamente por la Policía.
Pero esa es la situación general que hay en el país desde abril de 2018, cuando
desencadenaron su guerra personal contra la población democrática, las libertades públicas, los derechos humanos y lo que quedaba de institucionalidad en Nicaragua.
El derecho de defensa es primordial en el conjunto de derechos civiles, que son irrenunciables y pertenecen sin distingos de ninguna clase a todas las personas por el solo hecho de que son seres humanos. Se trata —como precisa un enciclopedista suramericano— de derechos que nacen con la persona “y que son anteriores y superiores al Estado, ya que este no los crea sino que simplemente los reconoce”. Esto a diferencia de los derechos políticos, “que conciernen exclusivamente a la persona en cuanto a miembro activo del Estado, es decir, en cuanto a ciudadano”.
La misma Constitución Política de Nicaragua, a pesar de la retrógrada reforma constitucional orteguista de 2014 consagra en sus artículos 33 y 34 el derecho a la defensa que tienen todos los nicaragüenses tan solo por su condición de seres humanos. Pero es evidente que para los fiscales, jueces y carceleros de la dictadura, y para los dictadores en particular, la Constitución es algo así como un papel de baño.
Un país donde no existe o no se respeta el derecho de las personas a la defensa vive en un estado de barbarie política y social. No es un país que se pueda reconocer como civilizado aunque alguna gente navegue en internet, esté bancarizada y tenga acceso a otros recursos de la tecnología moderna.
El grado de civilización de un país se mide ante todo por el respeto a los derechos humanos, por la existencia de un ambiente institucional de seguridad y confianza para las personas, por la madurez de la convivencia social y la posibilidad real de que los ciudadanos voten en elecciones libres para elegir a sus gobernantes y representantes, y por la existencia de un sistema judicial (lo que incluye a la Fiscalía) independiente, imparcial, honesto y ecuánime.
Nada de eso hay en Nicaragua. Y si no queda ninguna herramienta legal para defenderse del poder, como dice la jurista María Asunción Moreno, es porque la dictadura orteguista ha hecho retroceder este país a la barbarie.
