El Gobierno de Joe Biden en Estados Unidos (EE. UU.) está dando una aparente muestra de interés por Centroamérica. Al menos eso es lo que se podría deducir de la visita que este martes 1 de junio hará el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a Costa Rica, la primera a un país del hemisferio occidental.
Que la primera visita del jefe de la diplomacia de EE. UU. a un país de América Latina y el Caribe sea a Costa Rica, tiene mucha significación. Costa Rica es un país modelo de libertad, democracia, estabilidad y convivencia pacífica, un oasis político entre unos vecinos con gobernantes autoritarios, pendencieros y corruptos, que casi han convertido a sus países en Estados fallidos.
En la agenda del secretario de Estado Blinken en Costa Rica está prevista una reunión con los cancilleres de todos los países centroamericanos, y de República Dominicana, según se dice para tratar los temas de migración, corrupción, democracia, Estado de derecho y la pandemia de Covid 19. Los temas de democracia y Estado de derecho son neurálgicos en Nicaragua, donde impera una dictadura descarada y brutal, y también en El Salvador, donde el presidente autoritario Nayib Bukele ha tomado el control absoluto del poder legislativo y avasalla al poder judicial.
Pero no se conoce si Blinken tocará el grave problema del proceso electoral fallido que se está llevando a cabo en Nicaragua, ni las violaciones a los derechos humanos que perpetra a diario el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es más, ni siquiera se sabe si el canciller de Daniel Ortega participará en la reunión con el secretario de Estado de EE. UU. que es auspiciada por el presidente de Costa Rica.
Además, según la lógica del discurso que pronunció el recién pasado 18 de mayo en la conmemoración del natalicio de Sandino, Ortega probablemente despreciará la presencia de Blinken en Centroamérica. El 18 de mayo el dictador nicaragüense acusó al embajador de EE. UU., Kevin Sullivan, de inmiscuirse en el proceso electoral de Nicaragua. “Anda de arriba para abajo vendiendo sus candidatos como que él fuera nicaragüense”, vociferó Ortega.
Después la dictadura ha acusado indirectamente a EE. UU. de propiciar el lavado de dinero en Nicaragua, por haber proporcionado fondos a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para sus actividades de promoción de la libertad de prensa y el desarrollo profesional de los periodistas. Además, la absurda acusación contra Cristiana Chamorro Barrios se ve como una clara intención de inhibir su potente candidatura presidencial para las elecciones del siete de noviembre próximo.
La visita del Secretario de Estado a Centroamérica y su reunión con los cancilleres del área podría ser una oportunidad para que Ortega mejore su relación con EE. UU. Pero si le da continuidad al discurso del 18 de mayo y a la persecución contra Cristiana; y le ordena a su canciller que no asista al encuentro o que envíe a algún funcionario de ínfima categoría para ningunear a Blinken, lo más seguro es que empeore el enfrentamiento con EE.UU.
En todo caso, cabe esperar que el secretario de Estado Blinken deje claro de alguna manera que los EE.UU. y el mundo libre en general, tienen la expectativa de que las elecciones de noviembre en Nicaragua puedan ser válidas, de conformidad con los estándares internacionales.