Diferentes sectores dieron su total apoyo a las madres de las víctimas de la represión a la convocatoria de la marcha para el Día de las Madres. LA PRENSA/ARCHIVO

Un día como hoy de 2018 | Madres víctimas de represión convocan a marcha y ONU insiste en ingresar al país

Ortega empieza a amurallar y cerrar el acceso a su vecindario y la SIP condenaba agresión al periodismo y la SIP condenaba agresión al periodismo.

Un día como hoy, pero de 2018, madres de víctimas de la represión y diversas asociaciones convocan a una masiva manifestación para el 30 de mayo, Día de las Madres en Nicaragua, mientras estudiantes que fueron atacados en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) se atrincheraron en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y mantuvieron su protesta. Además, emitieron un comunicado con el fin de aclarar los hechos y desmentir los rumores sobre las intenciones de dañar y saquear dicha alma mater.

Mientras miles de nicaragüenses arriesgaban sus vidas para protestar contra el régimen, pandilleros aprovechaban las circunstancias para causar temor en barrios de Estelí y Granada. Pobladores de estos lugares informaron que los maleantes se habían apoderado de las calles.

El régimen facilitó el reencuentro de los detenidos y sus familiares tras haber sido liberados. Ese día liberó a 22 manifestantes que fueron apresados por antimotines y paramilitares y trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote, tras la mediación de un grupo de sacerdotes.
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Ortega encierra su vecindario

El dictador Daniel Ortega mostró temor y ordenó reforzar la seguridad de su mansión con barricadas de piedras canteras. Varios camiones trasladaron las piedras hacia los retenes de vallas metálicas que mantienen agentes policiales en las diferentes entradas al Reparto El Carmen.

Por su lado, la comunidad internacional seguía presionando al régimen. La Organización de Naciones Unidas (ONU) insistía en su solicitud de visitar Nicaragua, pero Ortega se negaba a atender la petición. «Seguimos convencidos que nuestra visita no es sólo oportuna, sino además importante, y pedimos al gobierno una pronta respuesta a nuestra solicitud», informó en un comunicado la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
La Policía Orteguista criminalizó la protesta social de los nicaragüenses al vincularla al crimen organizado y narcotráfico en Nicaragua, por lo que la líder campesina Francisca Ramírez recordó que en cinco años los campesinos no han necesitado  que alguna organización les financie sus protestas.
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La Comisión Porras del régimen reconoció 85 muertos y casi mil lesionados por la violencia que había dejado la crisis social y política de Nicaragua. Entre las víctimas solo aceptó que cinco de los asesinados eran estudiantes universitarios y cuatro estudiantes de secundaria. Mientras el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) instó a sus miembros a renunciar a los puestos en comisiones y directivas del régimen.
Por su lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las continuas agresiones a periodistas en Nicaragua. El presidente de este organismo, Gustavo Mohme, reiteró el llamado al «cese inmediato de la violencia y la represión».
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