La Comisión Porras reconoce que la represión gubernamental de abril a la fecha ya cobró la vida de 85 personas, aunque solo acepta como estudiantes a nueve de las víctimas.
Mediante una nota de prensa esa comisión “expresa su preocupación por el incremento de muertes, lesionados y destrucción de bienes públicos y privados”.
A través de la misma refiere que hasta el 28 de mayo esa comisión contabiliza 85 fallecidos y 997 lesionados.
Las víctimas según esa comisión corresponden cinco estudiantes universitarios, cuatro estudiantes de secundaria, un docente, un periodista, tres policías y el resto ciudadanos de la población en general.
Sin embargo, el mismo escrito señala “todos sujetos a investigación y verificación”. También menciona que entre los fallecidos están cuatro mujeres de las cuales, una murió por impacto de bala y “tres porque no pudieron llegar al centro médico correspondiente debido a los tranques”.
En vista que en la nota no especifica nombres y apellidos de las víctima se desconoce si una de las víctimas a la que se refiere la Comisión Porras es Lilian Jacqueling Martínez Valerio, de 18 años, quien en los medios oficialistas y por la misma vicepresidenta designada por el Consejo Supremo Electoral, Rosario Murillo, fue puesta como ejemplo de víctimas que perecieron por la supuesta intransigencia de los manifestantes en los tranques.
En LA PRENSA del 28 de mayo, Marlon Valerio aseguró que el pasado 15 de mayo él realizó el traslado de Martínez junto al hermano y el papá de la fallecida.
Según comentó Valerio, la joven ya iba grave y desde la comunidad hasta Esquipulas, Matagalpa La muchacha llegó a convulsionar en tres ocasiones.
“Cuando llegamos al tranque de La Cañada, les hablamos que llevábamos una muchacha grave y nos abrieron el tranque y pasamos. (Como esa es una intersección) en el otro tranque se fijó un señor que llevábamos la muchacha y también nos dejó pasar, así llegamos a Esquipulas”, explicó Valerio.
Y aunque esa comisión señala en su nota de prensa los datos que posee están sujetos a verificación, sin entrar en detalles señala que “hemos observado que gran parte de la información que circula principalmente por las redes sociales no es la mejor forma de alimentarnos con la verdad, valga decir hechos obtenidos de fuentes confiables e imparciales, confirmados y verificados”.
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El pasado 16 de mayo cuando fue instalado e diálogo nacional el presidente designado por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega retó a los jóvenes: “Qué me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos, de cuántos presos políticos hay. Que no se utilice la mentira”. Una estudiante reaccionó indignada y leyó la lista de “sus muertos” y sus compañeros gritaron “¡Presente!” después de cada uno de los nombres.
Falta credibilidad
La relatora para Nicaragua, comisionada Antonia Urrejola, quien encabezó una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una visita al país de cuatro días, destacó la falta de credibilidad de la Comisión Porras. En una entrevista para el sitio web del diario chileno La Tercera, el pasado 24 de mayo Urrejola dijo: “la Comisión de la Verdad, por los testimonios que recibimos, no tiene las garantías mínimas de credibilidad en la sociedad civil y, sobre todo, para los familiares de las víctimas. Ese es un elemento esencial”.
Pide respeto y tolerancia
La Comisión Porras insta a la población “al diálogo, respeto y tolerancia” y señala: “creemos que el ejercicio del diálogo pacífico, transparente es el medio par resolver las legítimas aspiraciones de nuestro pueblo a conocer la verdad, alcanzar la justicia y establecer el camino definitivo hacia la paz duradera”, dice el escrito de la Comisión Porras que pone a la orden de la población esa oficina de la cual proporciona un teléfono convencional 22545783.
La comisión tampoco ahonda sobre lo que dice tiene “profunda preocupación por la contínua violación de derechos humanos y la seguridad ciudadana de los y las nicaragüenses en su diario vivir”.
Es de recordar que de forma reiterada la población ha señalado directamente que quien le violenta sus derechos humanos es el Gobierno, lo que no especifica la Comisión Porras.