En entrevista para el sitio web del diario chileno La Tercera, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para Nicaragua, la chilena Antonia Urrejola, se refirió a la situación del país en el marco de las protestas en contra del gobierno designado Daniel Ortega, expresando que la Comisión Porras formada en la Asamblea Nacional por la bancada de diputados incondicionales del orteguismo, no tiene credibilidad para la población.
“En nuestra opinión, la Comisión de la Verdad, por los testimonios que recibimos, no tiene las garantías mínimas de credibilidad en la sociedad civil y, sobre todo, para los familiares de las víctimas. Ese es un elemento esencial. Parte del problema, le dijimos, es que esta comisión no se generó con una la debida participación de los familiares de las víctimas y de la sociedad civil”, expresó Urrejola, sobre la necesidad de crear una comisión de investigación internacional para indagar sobre la violencia represión llevada a cabo por el régimen de Daniel Ortega.
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A lo que Urrejola hace alusión es a la comisión conformada por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que estaría a cargo de realizar una investigación independiente sobre los hechos de violencia en abril pasado. La Comisión Porras está conformada por personajes afines o incondicionale al orteguismo. A la fecha, se desconoce si han realizado alguna gestión de acorde al objetivo pafa lo que fue conformada la Comisión Porras.
Urrejola insistió en el tema de los grupos parapoliciales (en referencia a las turbas paramilitares del orteguismo) y en la necesidad de un compromiso real de parte del gobierno para que estas sean desmanteladas.
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“Nos preocupa enormemente la represión por parte de la Policía Nacional, sus fuerzas antimotines y grupos parapoliciales que actuarían con el apoyo de agentes estatales . También le planteamos al Estado en reiteradas ocasiones su obligación de no permitir la existencia de estructuras represivas, investigar los hechos en los que han participado e identificar y sancionar a los responsables. Por eso, una de nuestras recomendaciones es desmantelar los grupos parapoliciales y adoptar medidas para impedir que sigan operando grupos de terceros armados que atacan y hostigan a la población civil”, insistió Urrejola.
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