CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Lucen desoladas y sin señal de que pronto entren a operar de nuevo en el mercado nacional. Son como elefantes blancos en varias avenidas concurridas de Managua y en otros departamentos. Así se encuentran varias gasolineras de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) que hace más de un año anunció el cese de operaciones de al menos 15 estaciones, bajo la supuesta excusa de que era “temporal por razones de mantenimiento”.
Desde entonces la situación no ha cambiado, pero ha dejado varias interrogantes que solo el régimen de Daniel Ortega, como administrador de los bienes del Estado, tiene la obligación de explicar. Las estaciones fueron cerradas desde el 23 de abril del 2020.
La especialista en contrataciones y transparencia, Dayra Valle, manifestó que debería ser de conocimiento público ¿qué ha pasado con esos bienes del Estado?, que también le pertenecen al pueblo nicaragüense.
“La infraestructura se va deteriorando y no se sabe qué pasó con esos activos; en términos de transparencias primero son bienes públicos que le pertenecen al Estado nicaragüense, por ende le pertenecen a todos los ciudadanos. En cuanto a las acciones estos deberían estar bajo la salvaguarda de las instituciones públicas, por ejemplo la Procuraduría General de la República, que es la que representa al Estado ante los bienes públicos, ellos deben tener un listado de cuáles son aquellos bienes que le pertenecen al Estado, pero adicional a eso se debe conocer qué valor tienen”, dijo Valle.
Pese a lo expuesto por Valle, desde las sanciones a DNP-Zanzíbar lo único que hizo el Estado fue nacionalizar el inventario de combustibles, pero las instalaciones quedaron a la deriva. No está claro si finalmente la red de estaciones que pertenecían a la estatal Petronic y que por casi un década administraron los allegados a la familia presidencial retornaron al Estado, pero sobre todo cuánto pierde en ingresos el Gobierno por mantener en desuso esas estaciones, en caso que aún estas formen parte de los bienes del sector público.
Lea además: ¿Qué está pasando en DNP Petronic? Cierran abruptamente 15 gasolineras
Las estaciones de servicio que cerraron el 23 de abril del 2020 fueron: Petronic Centroamérica 1, Bolívar, Larreynaga, Las Mercedes, Villa Fontana, Santa Ana, Las Colinas, Masatepe, Jinotepe, Juigalpa, Matagalpa, Shalom Diriá, Agateyte Chinandega y la estación de San Juan y la Central, ambas ubicadas en León.
La empresa DNP y su subsidiaria Zanzíbar fueron sancionadas por Estados Unidos el 12 de diciembre del 2019, por controlar, financiar y lavar dinero para el régimen de Daniel Ortega.
Cuando Estados Unidos sancionó a DNP y Zanzíbar, el régimen de Daniel Ortega ordenó nacionalizar los inventarios de combustibles de la petrolera, lo que permitió a la familia presidencial recuperar parte del capital invertido en el negocio y un grupo de red de estaciones pasaron a manos de testaferros y otro puñado cerró.
El excontralor Agustín Jarquín Anaya explica que efectivamente hay que buscar cómo darle mantenimiento a esos activos del Estado que se vieron afectados con las sanciones. “Con una visión de corto plazo se debería de disponer del mantenimiento requerido a esas instalaciones, ya que por las sanciones en este momento no pueden tener un giro comercial, pero pudiera ser que la infraestructura se diera a disposición de instituciones del Estado para atender la flota vehicular de todas estas instituciones, porque entendemos que hay una situación de crisis económica y esa sería una forma de resarcirse los gastos de mantenimiento, una cuestión como iniciativa temporal mientras se supera la crisis, no es de giro comercial”, dijo Jarquín.
Antes de las sanciones de los Estados Unidos, la imagen de las 69 estaciones de servicio que tenían las empresas DNP e inversiones Zanzíbar en todo el país habían sido cambiadas como un intento de evadir cualquier castigo por parte del gobierno estadounidense, sin embargo eso no impidió el bloqueo, que ha ocasionado serias repercusiones en las operaciones de las estaciones petroleras.
Para Valle es más que claro que la Procuraduría General de la República es la que debe responder por esos activos. “La Procuraduría como representante del Estado debe tener la documentación en relación a esto, aparte que el Ministerio Público debe saber el valor de estos bienes, porque estos son parte del bolsón de los bienes públicos que tienen un valor”, añadió Valle.
¿Qué pasó después de las sanciones con los combustibles?
Pero más allá de la pérdida económica que pueda estar significando para el Estado la paralización de estas infraestructuras petroleras de Nicaragua, lo cierto es que las distorsiones de precios que durante años ocasionó la incursión de allegados a Ortega en este negocio aún persisten. El régimen se metió al mercado en el marco del acuerdo petrolero con Venezuela, desde donde pudo amasar una fortuna de más de 5,000 millones de dólares, cuyo dinero nunca llegó al Presupuesto General de la República, pese a que en el mismo se involucró a la estatal Petronic.
César Arévalo, especialista en hidrocarburos, señala que pese al golpe a las operaciones de la DNP eso no significa que el mercado local haya superado la distorsión de precios.
Puede interesarle: Nadie explica los cambios en la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP)
“La estadística del MEM (Ministerio de Energías y Minas) está hasta el 2019, al final de ese año se perdió un poquito de participación DNP, eso fue un poco antes de las sanciones y no hay estadística 2020 para saber cuánto le afectó en el volumen, pero según datos del Banco Central actualizado hasta 2021, indican que hasta el febrero (de este año) se mostraba un aumento de 5 por ciento con respecto al mismo periodo del 2020 y del 8 por ciento con respecto al 2019”, explicó Arévalo.
Hasta septiembre de 2019, DNP Petronic era la que controlaba la venta total de gasolinas y diésel en el país, con un 40.8 por ciento de las ventas en el mercado de hidrocarburos, según las estadísticas del MEM.
Sin embargo el espacio que esta empresa perdió fue absorbido por otros competidores del mercado, que según Arévalo habrían decidido mantener la distorsión de precios al no trasladar el alivio internacional a los consumidores, pero además los allegados del régimen habrían conseguido mejores márgenes de ganancias con el inventario de combustible que se nacionalizó tras las sanciones de EE. UU.
“En el 2020 los precios de venta bajaron menos que los precios internacionales con doble propósito: ajustar los precios para compensar la baja en el volumen de venta, pero fue insignificante porque bajó de 7.27 millones de barriles a 7.24 y esa disminución de volumen no justifica lo que sale al comparar el precio promedio de venta, que me da un margen de ganancia de 16 millones de dólares, yo estoy casi seguro que ocho millones fue cuando nacionalizaron los inventarios” (de DNP-Zanzíbar), dijo Arévalo.
Para Arévalo, las sanciones lejos de ser un beneficio para el consumidor, no significaron nada “con las sanciones la participación de Petronic en el mercado cayó y ese volumen lo absorbió la Uno y Puma, entonces las sanciones significó un beneficio para Puma y Uno, y no para el consumidor”.
