Varias estaciones de servicio que operan para la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP Petronic), la petrolera vinculada al consorcio Alba de Nicaragua (Albanisa), administrado por personeros que trabajan para la familia Ortega-Murillo, están haciendo cambios en su imagen y funcionamiento comercial.
Cambio en diversos puntos del país
Estaciones de DNP en Managua, Matagalpa, Jinotepe, Masatepe y León han eliminado logos y demás distintivos de esta empresa.
Lea además: INE sigue sin explicar cierres de gasolineras
En el caso de León y Jinotepe, las indagaciones de LA PRENSA confirmaron que una desconocida sociedad denominada Petróleos Centroamericanos (Petrocem) es la que actualmente administraba estas estaciones.
En Managua, se confirmó que las estaciones DNP de Villa Fontana, Carretera Nueva a León, la ubicada en la segunda entrada a Las Colinas y Larreynaga también han removido los logos y distintivos comerciales, pero no han colocado hasta la fecha ninguna imagen nueva, a diferencia de los casos de León y Jinotepe.
Lea también: Sanciones de EE.UU. a Albanisa y Bancorp son una “bomba expansiva”, aseguran analistas
En el caso de Masatepe, se colocó un logotipo distinto con el nombre del municipio en colores azul y blanco. En Matagalpa, también se puso un nuevo logotipo y se cambió el diseño y los colores del uniforme de los trabajadores de la estación.
En ambos casos, esta nueva imagen es distinta a la utilizada por Petróleos Centroamericanos (Petrocem) en León y Jinotepe.
Concesiones a nombre de particulares
En Matagalpa, la concesión de la DNP aparece a nombre de Feliciano Gutiérrez Narváez.
Puede leer más en: Superintendencia de Bancos debe aclarar el origen de Bancorp
LAPRENSA llamó al número al cual aparece registrada la concesión, y respondió alguien que no quiso identificarse, ni explicar si tenía alguna vinculación con Feliciano Gutiérrez Narváez.
Cuando le solicitamos información sobre los motivos por el cambio de imagen y el vínculo con la DNP, respondió que daría nuestro mensaje a Gutiérrez Narváez para devolvernos la llamada, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha.
En el caso de la estación DNP Villa Fontana, esta concesión también está a nombre de un particular; Violeta Magdalena Orozco Morales. Llamamos igual al número que aparece registrada la concesión, y nos dijeron que esta no se encontraba en el momento.
Puede leer más en: Bancorp se desvincula de Albanisa y PDVSA ante anuncio de sanciones
Nos pidieron nuestros datos para devolvernos llamada, pero esto no ha ocurrido hasta la fecha.
En el caso de las estaciones DNP de Larreynaga, la concesión aparece registrada a nombre de una sociedad denominada Inversiones TM. Cuando llamamos a los teléfonos que aparecen en la concesión, nadie atendió.
Sitio web en “construcción”
LA DNP, por su parte, no ha brindado ninguna explicación oficial sobre estos movimientos en sus estaciones.
El sitio web de la empresa está deshabilitado, y solo se registra un mensaje informando que el sitio está en construcción y un correo electrónico para los proveedores.
Tres objetivos
El analista político Eliseo Núñez Morales estima que hay tres objetivos detrás de estos movimientos en las estaciones DNP.
Más en: John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, pone la mira en Albanisa
Estos son evadir los coletazos de las sanciones a Albanisa, cuyas operaciones están conectadas con la DNP por medio de la compraventa de hidrocarburos, tratar de confundir a la población para evadir el boicot ciudadano en contra de DNP por su vínculo con la familia Ortega Murillo, y tratar de captar a mayores clientes, aprovechando que el régimen está confiscando operaciones de otras estaciones de servicio, en referencia al caso de varias gasolineras de Managua, León y Chinandega que fueron clausuradas arbitrariamente por el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).
Albanisa fue constituida por la estatal nicaragüense Petronic, que posee el 49 por ciento de las acciones y el 51 por ciento restante lo conforma la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
“No olvidemos que el objetivo primario de todos estos escenarios es simple: proteger a un negocio que es manejado directamente por el poder y que seguro debe ser uno de sus mayores generadores de recursos. Y para esto se están valiendo de todos los instrumentos que les tienen a mano, gracias al control que tienen del Estado nicaragüense”, explicó Núñez Morales.
La orden contra Albanisa
La orden 13850 del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitida a fines de enero pasado, referido al bloqueo de las operaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), alcanzó también a Albanisa, al ser una empresa subsidiaria de la petrolera venezolana.
La orden del Departamento del Tesoro bloquea cualquier operación con Albanisa o cualquier entidad en la que esta empresa posea directa o indirectamente intereses por un 50 por ciento o más, debido a su vinculación con PDVSA.
La conexión con los Ortega Murillo
En 2009 una investigación periodística de LAPRENSA reveló la operación oculta de la familia Ortega Murillo para hacerse del control de las operaciones de la DNP Petronic, usando el dinero generado por el acuerdo petrolero con Venezuela.
Usando a dos testaferros, el control de la empresa fue entregado a Yadira Leets Marín, esposa de Rafael Ortega Murillo, por medio de un cargo como apoderada general y gerente general de la empresa.
Con las amenazas de sanciones ya tomando fuerza, Leets Marín se vio obligada a dejar el puesto en la DNP, asumiendo el mismo Aníbal López Tórrez.
La sombra del acuerdo
En la sombra del acuerdo petrolero firmado en 2007 por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez (fallecido), y Ortega, el régimen en Nicaragua ha manejado sin supervisión más de cuatro mil millones de dólares.
Entre 2011 y 2012, cuando el acuerdo petrolero alcanzó su punto máximo, DNP Petronic, ya en posesión de personeros vinculados a la familia Ortega Murillo, facturaba un promedio de 22 millones de dólares mensuales en sus estaciones de servicio.
El procurador general de la República, Hernán Estrada, en un intento de ocultar la compra de DNP, dijo primeramente que las operaciones de esta empresa pasarían a ser administradas por el Estado de Nicaragua. Pero esto no resultó así.