Es la frase que se usa en el mundo jurídico para indicar que cuando alguien reconoce su culpa ya no es necesario buscar pruebas; basta su propia admisión. Con su oposición a comicios libres los Ortega Murillo han confesado que no son populares; que no tienen el respaldo del pueblo, que saben que su única forma de mantenerse en el poder es a través de la mentira y las armas.
Esto debería ser obvio para las mismas bases sandinistas y para sus amigos dentro del Ejército. Si los Ortega estuviesen convencidos de ser preferidos por la mayoría, como lo creían en 1990, seguro que a estas horas abrían abierto las puertas a la observación internacional, seguro que hubiesen nombrado verdaderos opositores en el Consejo Supremo Electoral, seguro que hubiesen incorporado a sus reformas las sugeridas por la OEA y la Unión Europea —que no son más que las normas internacionales propias de cualquier elección honesta—.
Con una apertura como la anterior, además de estar cumpliendo con su deber de respetar la voluntad popular, estarían asegurando su legitimidad y la estabilidad económica de Nicaragua, junto con la desaparición de las sanciones. Se restablecería además la confianza en el país, volverían las inversiones y podríamos recuperar rápidamente las tasas de empleo y disminuir la pobreza.
Pero no. Ellos saben bien, muy bien, que con elecciones libres perderían el poder. Saben bien, muy bien, que los opositores no son puchitos —¿quién les teme a puchitos?— sino multitudes inmensas que los aborrecen. De forma que están actuando de la manera que tantos habían anticipado: haciendo todo tipo de trampas a la oposición y cerrando las puertas a elecciones verdaderas —aunque hacerlo signifique penurias para su pueblo, riesgo de estancamiento o retroceso económico—, y muchos peligros más, incluyendo el de la violencia.
Las cartas pues están sobre la mesa, con más claridad que nunca. Ante esta disyuntiva la oposición tiene ante sí el reto de abstenerse o participar. Suficientemente se han discutido los pros y contras de ambas alternativas y de cómo la unidad es indispensable en ellas. Lo que no se ha discutido suficientemente aún es lo que habrá que hacer ante la renovada certeza de que el dictador no va a soltar el poder por las buenas. Es decir, lo que habrá que hacer en noviembre, si, como es casi seguro, se roban o sabotean las elecciones, y qué estrategias de lucha habrá que adoptar a partir del 2022.
La oposición debe pensar a largo plazo. Porque salvo que la providencia divina altere dramáticamente el mapa de las probabilidades, la lucha contra la tiranía va para largo. Percatarse de ello es algo que muchos se resisten a ver y que, cuando lo hacen, suele desalentarlos. Pero es el panorama ante el cual hay que prepararse con las virtudes más necesarias en estos momentos: la fortaleza; la capacidad de no botar la toalla aunque las circunstancias sean adversas, y la perseverancia, que no es la capacidad de evitar caídas, sino la de levantarse una y otra vez sin perder el ánimo. Deprimirse, desalentarse, es lo que haría feliz al dictador. Es el arma favorita del diablo contra quienes buscan el bien y la justicia.
No hay que ponérsela fácil a los opresores. Que sepan que, aunque logren defraudar a corto plazo al pueblo, negándole su sagrado derecho a elegir, habrá siempre un puñado de nicaragüenses que lucharán sin descanso por su liberación, al precio que sea. Que sepan, además, y esto es algo difícil de tragar para muchos, que, aunque es mil veces preferible la resistencia pacífica, no se descartará ninguna alternativa. Yerran los que proclaman que la única son elecciones o la vía pacífica. Oírlo debe ser miel en los oídos del opresor. Él, el pueblo nicaragüense, y el mundo entero, deben escuchar voces que proclamen que, si se cierran definitivamente todas las puertas a la paz, los patriotas del país preferirán recurrir al último recurso que les queda, antes que arrodillarse ante el tirano.
El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.
