Las formas de protestas se multiplicaban y en la ciudad de Estelí artistas pintaron dos murales en las paredes de un negocio, en uno de ellos recordaban a los jóvenes asesinados en las protestas contra el régimen, mientras abogados independientes se sumaron a la exigencia de la población y denunciaron que la «justicia en Nicaragua está por el suelo», porque se ha pisoteado la Constitución Política haciendo cualquier reforma a conveniencia de la familia Ortega-Murillo sin respetar proceso legal.
Por otro lado, el sector privado de Nicaragua demandaba el cese inmediato de la violencia y la represión contra civiles. La Red de Empresarias de Nicaragua exigía a las autoridades que dejaran a la población ejercer sus derechos constitucionales de concentración, manifestación y movilización.
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La presión internacional contra el régimen continuaba y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, denunciaba que «el represivo gobierno de Ortega ha respondido con fuerza letal» a las manifestaciones en su contra. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rompió su protocolo para abordar la crisis en Nicaragua y dijo que «estamos lanzando un SOS por Nicaragua».
