Los abogados aseguran que la “
justicia en Nicaragua está por el suelo“, porque se ha pisoteado la Constitución Política de Nicaragua haciendo cualquier reforma a conveniencia de la familia Ortega-Murillo sin respetar proceso legal.
“Queremos que Nicaragua vuelva a ser república. Queremos respeto al derecho a la vida, respeto a la carta Magna. Restitución de la democracia y el Estado de Derecho. Independencia de poderes”, dicen algunos abogados que agitan banderas y portan pancartas contra la administración orteguista.
Los abogados y notarios han realizado tres movilizaciones en lo que va del año 2018 en contra de las reformas vía circular de ese poder del Estado al Código Procesal Penal, a la Ley del Notario, Código Civil de Nicaragua, sin tener facultad legal para hacerlo.
La primera fue el 9 de enero hacia la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el 13 de febrero realizaron plantón frente a Plaza El Sol y el 20 de marzo nuevamente hacia la CSJ .
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Los abogados piden anular el acuerdo 97 que permite abrir de
oficio procesos disciplinarios a abogados y notarios, la anulación de las reformas al código penal, el rechazo a la iniciativa de ley de la Unidad de Análisis Financiero, el fin de la corrupción en el sistema de justicia y la despartidización del Poder Judicial, copado por funcionarios afines al orteguismo, quienes con sus tráficos de influencia colocan a familiares, amigos y partidarios en cargos claves del Poder Judicial.
Además demandan una investigación imparcial de los asesinatos de los estudiantes durante protesta contra reformas al INSS del 18 al 22 de abril 2018, el cese de la represión policial, el enjuiciamiento de las fuerzas paramilitares que bajo protección policial han agredido a la población y el retiro de los funcionarios judiciales vinculados directamente al partido de gobierno, Frente Sandinista.
Los abogados y notarios critican por ejemplo, que la presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, haya aparecido en la tarima del evento orteguista del 30 de abril, junto al presidente designado Daniel Ortega, miembros de las JS (señaladas de reprimir las protestas sociales) y dirigentes del partido de gobierno.
Ramos, operadora política del FSLN dentro de la CSJ, dijo recientemente que las protestas sociales de abril, que desataron la represión policial y masacre de más de 4o estudiantes y civiles, era una conspiración de organizaciones políticas a quienes tildó de
“parásitos sociales”.
