Un día como hoy, pero de 2018, la población no estaba conforme con la poca cantidad de presos políticos que habían sido liberados el día anterior, por lo que los ciudadanos se autoconvocaron para seguir realizando marchas y plantones en Managua, para demandar la liberación del resto de reos de conciencia y honrar la memoria de los muertos a manos de la Policía y paramilitares.
También, el Movimiento Campesino anticanal anunció que mantendría la protesta en las calles. Francisca Ramírez, dirigente de esa organización instó a la población a permanecer protestando mientras quienes representen a los diferentes sectores de la sociedad platican con el régimen. Además, ciudadanos de varios departamentos rindieron homenaje a las víctimas de represión, en Jinotega, se reunieron frente a la catedral San Juan e hicieron un plantón como muestra de solidaridad a los familiares de los fallecidos.
Por su lado, las organizaciones empresariales se sumaron a los tres días de luto por los más de 30 caídos en las protestas. La iniciativa ciudadana fue impulsada por jóvenes empresarios, mientras los jóvenes aliados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aglutinados en la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) se manifestaron en contra de las protestas que mantenían universitarios atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
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Piden renuncia de Ortega
Diversas personalidades de Nicaragua manifestaron su preocupación por la violencia del régimen en contra de los manifestantes. La ahora precandidata a la Presidencia, Cristiana Chamorro, en ese entonces directora ejecutiva de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dijo que «Ortega debe renunciar». Por su parte, el ahora también aspirante a la silla presidencial, Juan Sebastián Chamorro, desde la dirección ejecutiva de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), exigía justicia para los caídos y depuración de la Policía, además de repudiar la desaparición de varios nicaragüenses.
Ese día el Ministerio Público anunció que investigaría los actos de violencia y criminales ocurridos durante las protestas. La investigación de los asesinatos, las lesiones y los robos sería dirigida por la fiscal general de la república, Ana Julia Guido, pero terminaron investigando, arrestando y procesando solo a los autconvocados y no a los fanáticos y policías del régimen.
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En un intento de lograr justicia y mantener la creencia en la supuesta independencia de las instituciones, la Asociación Nicaragüense pro Derechos Humanos (ANPDH) interpuso una denuncia ante la Fiscalía solicitando la suspensión de la inmunidad al presidente y vicepresidenta designados por el Consejo Supremo Electoral, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente y a la jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera.
