Al cumplirse el tercer aniversario de la insurrección cívica que fue aplastada con un baño de sangre y tras conocerse la semana pasada el proyecto de reformas electorales de la dictadura, la oposición nicaragüense y la comunidad internacional han reaccionado al unísono condenando lo que son en realidad contrarreformas, o sea reformas hacia atrás, como el cangrejo.
El nefasto proyecto de ley logró que los diez precandidatos a la Presidencia por dos bloques opositores emitieran el lunes pasado un pronunciamiento condenando las reformas propuestas por considerar que ninguna de ellas se acerca a las recomendaciones de la OEA en su resolución del 21 de octubre del 2020, sino por el contrario, son antagónicas con el espíritu participativo y transparente que debe privar en un proceso electoral limpio.
Por su parte, Kitty Monterrey, presidenta nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, ha dirigido una carta con fecha 19 de abril al reverendo Saturnino Cerrato, presidente del Partido Restauración Democrática; Brooklyn Rivera, presidente de Yatama y Juanita Rivera, nueva coordinadora del Movimiento Campesino, proponiéndoles hacer un pronunciamiento conjunto condenando este nuevo arranque totalitario de la dictadura.
Esta iniciativa, sumada a la de los precandidatos, va acorde con la demanda de diversos sectores de que la oposición debe al menos tener una unidad en la acción, en su parte medular dice lo siguiente:
“Ante esta gravísima amenaza para el futuro de nuestra Patria y coincidiendo con el sentir de lo expresado individual y colectivamente por la mayoría de los nicaragüenses, me permito proponer la suscripción de un pronunciamiento conjunto donde las organizaciones sociales y políticas opositoras unamos nuestras voces para RECHAZAR categóricamente esta iniciativa de reforma a la Ley Electoral y exigir la implementación de reformas acordes con las planteadas por la Asamblea General de la OEA en su Resolución del 21 de octubre de 2020”.
“Para tal fin, proponemos para su consideración un proyecto de pronunciamiento conjunto exigiendo una reforma electoral para elecciones libres y justas, en el cual se reseñan los principales aspectos lesivos de la iniciativa de Ley y se pone de manifiesto, ante la ciudadanía nicaragüense y la comunidad internacional, nuestra unánime voluntad de seguir demandando verdaderas reformas electorales para que se respete el voto ciudadano”.
El pronunciamiento de los precandidatos también recoge aspectos similares del pronunciamiento conjunto y básicamente ambos demandan la implementación de los siete puntos elementales acordados por la Asamblea General de la OEA de octubre del 2020 que han sido ampliamente divulgados.
Es importante observar aquí dos aspectos: que la unidad de la oposición está siendo acelerada por la misma dictadura al proponer reformas del cangrejo (hacia atrás) que han sido rechazadas por la inmensa mayoría de la población nicaragüense que ha cifrado sus esperanzas para salir de la crisis en un proceso electoral libre el próximo 7 de noviembre.
De no ocurrir así, es inminente el desconocimiento del régimen por la comunidad internacional a como lo han señalado diferentes analistas políticos, con consecuencias nefastas para la economía del país, que se hundiría en una nueva crisis sociopolítica sin precedentes en nuestra historia.
Incluso personalidades políticas que un día estuvieron muy cerca de Daniel Ortega, como el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Rafael Solís, desde su exilio en Costa Rica lo han advertido recientemente en una reveladora entrevista que dio a 100% Noticias.
Solís calificó de “monstruosidad” la propuesta de reformas electorales que presentaron los diputados oficialistas y dijo que con ella “pretenden cerrar cualquier brecha a unos comicios justos, libres y transparentes tal cual lo demandan los nicaragüenses y la comunidad internacional”.
Tras conocer el proyecto de reformas envié un tuit con el que me gustaría cerrar: “Las reformas propuestas no sirven para dar legitimidad al proceso electoral, sino por el contrario, para inhibir candidatos y transformar el Consejo Supremo Electoral en un organismo represivo y no en un árbitro electoral imparcial, tal como lo demanda la resolución de la OEA”.
El autor es periodista, exministro y exdiputado.