La propuesta de reforma electoral que ha presentado el régimen de Daniel Ortega no es cosmética, como temían observadores independientes y miembros de la oposición. Es peor que eso. Cosmético es lo que maquilla y por lo tanto mejora el aspecto superficial de algo, aunque no cambie su contenido. Pero la propuesta de reforma a la Ley Electoral del régimen no la maquilla ni la mejora, sino que la empeora y la hace más detestable.
Son muchos los aspectos negativos y regresivos de la reforma a la Ley Electoral que ha presentado la dictadura, comenzando con que excluye la observación internacional que es indispensable para garantizar la credibilidad y legitimidad de las elecciones. Además, algunos de los cambios propuestos son aberraciones jurídicas y políticas.
Con esa reforma se pretende prohibir la participación —como candidatos a cualquier cargo de elección popular— de todas las personas que tuvieron una participación dirigente destacada en las grandes protestas sociales de 2018, a las que con odio fascista el régimen las acusa de golpistas, terroristas, agentes extranjeros y enemigos de la soberanía y la autodeterminación nacional.
La reforma orteguista institucionaliza la dictadura policial en el contexto electoral, al poner en manos de la Policía la autorización y regulación de las movilizaciones de campaña de los partidos o alianzas que participen en los comicios. De manera que las manifestaciones públicas de los partidos y las alianzas que no sean del agrado del régimen, podrán ser prohibidas, impedidas o restringidas mediante arbitrarias y caprichosas órdenes policiales.
También la propuesta de reforma electoral del orteguismo apunta a impedir que los partidos o alianzas opositoras obtengan financiamiento privado para sus campañas electorales; mientras el partido oficialista hace de las suyas usando para su campaña todas las facilidades y recursos del Estado que son patrimonio de todos los nicaragüenses.
Es obvio que con su reforma electoral Daniel Ortega quiere, además de castigar a la auténtica oposición, desanimar al pueblo opositor y alentar la abstención masiva y pasiva. El dictador cuenta con el voto disciplinado de sus adeptos, que significa alrededor del 30 por ciento del total, de manera que con la mayor abstención posible de los demás ciudadanos nicaragüenses asegura su victoria, porque no existe legalmente un porcentaje de votos necesario para ganar. Así Ortega se podría adjudicar fácilmente la elección con una altísima mayoría, como hacen Díaz Canel en Cuba, Kim Jong-un en Corea del Norte y Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia.
Ortega también está apostando a que la oposición se divida más de lo que ya está desunida, que sus dos plataformas principales no logren unirse en una sola propuesta electoral y que por lo menos una de las dos llame a la abstención. De esa manera el caudillo sandinista ganaría con cualquier porcentaje y, según él, su victoria electoral tendría que ser reconocida por la comunidad internacional.
La propuesta de reforma electoral de Ortega es contraria a la que han pedido la OEA y la UE y demanda la oposición de Nicaragua. Pero los dirigentes opositores son personas sensatas y sabrán qué hacer para seguir la lucha contra la dictadura en el escenario inevitable de las elecciones.
