Dos mujeres nicaragüenses y un varón boliviano fueron capturados en el norte de España por la Sección Central de Investigación Criminal y Policía Judicial de la policía propia del País Vasco (Ertzaintza), por tráfico ilegal de personas, favorecimiento de la inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
Según el sitio web de la Ertzaintza, los detenidos forman parte de una organización criminal que traficaba ilegalmente con personas de Nicaragua. El grupo estaba asentado en la provincia española entre el Valle de Arratia en Vizcaya y la ciudad de Somoto, en el norte nicaragüense.
De acuerdo con la información de las autoridades, la red captaba mujeres nicaragüenses que querían emigrar a España en busca de un mejor futuro, a las que después de gestionar el viaje les imponían una deuda de alrededor de 10,000 euros, unos 11,800 dólares aproximadamente.
Organización criminal les facilitaba todo
La investigación contra este grupo inició en noviembre pasado, en el marco de una operación denominada “Bueltaka”, donde descubrieron que los miembros de la red operaban a través de contactos familiares de las víctimas, les facilitaban el viaje y la permanencia de manera irregular en España, luego las explotaban laboralmente como internas en tareas de servicio doméstico.
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Para realizar el viaje, la organización proveía a las víctimas y migrantes los billetes de avión, alrededor de 1,000 dólares para realizar diferentes pagos, como impuestos u otros gastos en la ruta, así como documentos de invitación y demás documentación necesaria para entrar en territorio español.
La edad de las víctimas oscilaba entre 20 y 40 años, y eran obligadas a firmar un contrato en el que se imponía como aval propiedades familiares, contrayendo una deuda que la organización les comunicaba hasta que llegaban a Vizcaya, la cual debían pagar con el dinero obtenido en trabajos de servicio doméstico proporcionado por la propia organización.
La mayoría de víctimas estaban como internas en domicilios, propiciando así su aislamiento.
Las autoridades esperan poder demostrar que ese grupo, que operaba desde el 2017, habría introducido en el Estado cerca de una veintena de mujeres entre las que habrían casos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
