El proyecto de una nueva ley de sanciones de Estados Unidos (EE. UU.) al régimen de Daniel Ortega, denominada Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua, tiene el sugestivo título de Renacer por su acrónimo en inglés.
El proyecto, presentado oficialmente por un grupo bipartidista de senadores encabezado por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez, tiene el objetivo expreso de presionar al régimen de Daniel Ortega para que permita la realización de elecciones libres en noviembre; y que de esa manera se abra el camino para que Nicaragua pueda renacer a una nueva vida en libertad y con democracia.
Precisamente, en la página web oficial del senador Menéndez se dice que el proyecto de ley “es para promover elecciones democráticas en Nicaragua”. Y detalla que la iniciativa bipartidista de ley es copatrocinada por el senador Tim Kaine, “miembro de más alto rango y presidente del Subcomité del Hemisferio Occidental”, y por los senadores Marco Rubio, Dick Durbin, Ben Cardin y Chris Murphi. Con este robusto respaldo la aprobación del proyecto de ley llamado Renacer está asegurada.
Aún más, el senador Menéndez subraya que “este proyecto es una declaración de solidaridad de parte del Senado de los Estados Unidos, quien sigue firmemente al lado del pueblo nicaragüense en su lucha para poder ejercer sus derechos democráticos más fundamentales a finales de este año”.
Es evidente que los actores principales de la comunidad democrática internacional, en particular EE. UU., tienen la certeza de que las elecciones del próximo mes de noviembre podrían representar la última oportunidad para impedir que Nicaragua se convierta definitivamente en otra dictadura totalitaria en el hemisferio occidental, como Cuba y Venezuela. Seguramente por eso es que antes de la llegada del mes de mayo, están coincidiendo diversas presiones externas al régimen de Ortega, para tratar de persuadirlo de que debe garantizar la legitimidad de las elecciones, de acuerdo con los estándares internacionales, o exponerse a enfrentar más dificultades.
El mes de mayo será clave para saber si las elecciones serán verdaderas, o solo otra farsa fraudulenta como las que la dictadura de Ortega ha venido poniendo en escena desde las municipales de noviembre de 2008.
En mayo vencerá el plazo que la Asamblea General de la OEA puso al régimen de Ortega, para que apruebe reformas electorales sustantivas y creíbles que garanticen la pulcritud y credibilidad de las próximas elecciones. Y desde ya, la comunidad democrática internacional le está advirtiendo que otra farsa electoral en noviembre podría tener severas consecuencias para él, comenzando por la pérdida de legitimidad.
