El precandidato opositor a la Presidencia de la República, Juan Sebastián Chamorro, denunció este jueves que el juez orteguista Ramón Real Pérez, titular del Juzgado Octavo Civil de Distrito Oral de Managua, nombró ilegalmente al perito valuador Guillermo José García Sarria para que determine el valor de las siete propiedades que en octubre del año pasado mandó a embargarle a su familia, con el fin de garantizar el pago de un reparo fiscal impulsado por la Alcaldía de Managua (Alma) que ha estado lleno de irregularidades jurídicas.
Chamorro dijo que la intención del judicial es subvalorar las siete propiedades embargadas para luego subastarlas, mientras que Gustavo López, representante legal de Victoria Cárdenas, esposa de Chamorro, explicó que en esta etapa del proceso legal ya pueden realizar la venta y despojar ilegalmente de sus bienes a sus defendidos.
En octubre del 2020, una patrulla de la Policía, el asesor legal de la Alma —Carlos Lazo— y la jueza segunda de Ejecución de Embargo, Evelin Jiménez, se presentaron en las oficinas de la empresa Inmobiliaria Intermezzo S.A., ubicada al sur de Managua, para ejecutar el embargo de la casa de habitación, cinco lotes de terreno y un lote donde opera el pozo que abastece de agua potable a la urbanización Intermezzo, propiedades de las empresarias Victoria y Gabriela Cárdenas, y la mamá de ambas, doña Victoria Lacayo.
La alcaldía capitalina impuso un reparo fiscal en contra de la familia Cárdenas Lacayo por 9.5 millones de córdobas, por supuestamente no haber pagado impuestos por la venta de unas propiedades entre los años 2017 y 2019.
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«Hay un lote que la DGI (Dirección General de Ingresos) lo valoró en 18 millones de córdobas —lo que fue un abuso porque el lote vale más— y ese lote está embargado, nosotros lo que hicimos fue introducir el avalúo de la DGI ante el juez y él tiene que respetar ese avalúo porque es un documento oficial del gobierno, por eso es ilegal que ahora esté nombrando un perito para que valúe las siete propiedades embargadas; en ese caso, con ese lote se paga el reclamo de la Alcaldía y todavía nos deben vuelto», explicó Chamorro.
López: «Pretenden robárselas»
El 9 de diciembre del 2020, el juez orteguista Real Pérez dictó una sentencia contra la oposición de ejecución interpuesta por el abogado Gustavo López y falló a favor del reparo fiscal que interpuso Alma, a pesar de que presentaron pruebas que demuestran que las demandas no deben dinero a la comuna.
Sin embargo, Chamorro aseguró que el valor de las propiedades embargadas supera los 33 millones de córdobas, monto superior a los 9.5 millones que pretende cobrar la comuna capitalina.
El abogado de las afectadas explicó que el nombramiento del perito por parte del judicial es ilegal, porque ya tiene en su poder el avalúo catastral de una de las propiedades que está valorada en 18 millones de córdobas por la DGI y que fue confirmado por el Tribunal Aduanero y Administrativo del Ministerio de Finanzas.
«Lo que quieren es que el perito valore en una poquedad las siete propiedades para robárselas, ahora con la misma piedra que nos tiraron se están dando en los dientes», cuestionó López, quien introdujo un recurso de reposición ante el judicial, solicitando la nulidad del nombramiento del perito y de los embargos excesivos en contra de sus defendidas.
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En este caso, los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) rechazaron un recurso de apelación interpuesto por el abogado López a favor de las afectadas, el cual pretendía revertir la sentencia de primera instancia. Además de rechazarlo los magistrados, de manera ilógica y parcializada, advirtieron al defensor que no podía hacer uso del recurso de casación.
No obstante, López aseguró que está preparando un recurso de casación para interponerlo ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el propósito de procurar revertir todas las anomalías en contra de sus clientes.
Represalias políticas y económicas
En declaraciones pasadas, Chamorro dijo que las acciones administrativas y judiciales emprendidas en contra de la familia de su esposa tienen un origen político y recaudatorio impulsado por la dictadura Ortega-Murillo. «Se ha violentado todo el debido proceso y se han violentado todos los requisitos que la defensa debe de haber a una familia que no ha hecho otra cosa más que invertir en Nicaragua, que trabajar por el desarrollo de Nicaragua y que está siendo castigada, obviamente, por razones políticas por el posicionamiento político que yo he sostenido en contra de la dictadura».
Mientras, la empresaria Victoria Cárdenas calificó de «injusto, ilegal y fraudulento el proceso que emprendió la Alcaldía de Managua en contra de mi familia… esto nos ha afectado física, emocional y psicológicamente», aseguró anteriormente.
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«Mi madre (Victoria Lacayo) es una viuda de 75 años, ella ha trabajado toda su vida, sola, ha invertido, este es su proyecto y le quieren quitar ahorita los últimos lotes que tiene y la casa de habitación donde reside, esto la dejaría, en caso que pase, en el total desamparo… responsabilizo a (Daniel) Ortega y a (Rosario) Murillo de lo que pueda pasar, al final, ellos son los que dan las órdenes, la Alcaldía ejecuta, pero ellos reciben órdenes de arriba; ellos podrían parar o cambiar el rumbo de este proceso si ellos quisieran», consideró Cárdenas.
