La conducción de la lucha por la democracia, la justicia y la recuperación de las tendencias económicas positivas, en el contexto del proceso iniciado en abril de 2018, ha sido extremadamente difícil.
Diversos factores podrían explicar tal dificultad: la vía electoral escogida para la transición democrática frente a la represión del régimen y su irracional empeño en perpetuarse en el poder; la sumisión de todos los órganos estatales al Poder Ejecutivo y el deterioro del sistema de partidos políticos; la heterogeneidad y atipicidad de las formas organizativas de los movimientos sociales surgidos a partir de entonces; la inevitable inexperiencia política del novel liderazgo; la diversidad y, a veces, contradicción de intereses de los sectores involucrados y el insuficiente conocimiento de las categorías básicas y principios que rigen el Estado de derecho, entre otros.
A pesar de ello se han conseguido importantes logros, manteniendo la resistencia popular e impidiendo que el régimen haya encontrado una solución estratégica a lo que parece ser su crisis terminal y se continúan haciendo esfuerzos para lograr la unidad necesaria para la victoria definitiva del pueblo.
Sin embargo, como es natural, también ha faltado cierta visión que explicaría algunos desaciertos cuyas consecuencias todavía deben estudiarse con mayor profundidad. Por ejemplo, en el primer Diálogo, las propuestas de Agenda de la ACJD y de procedimiento de reforma constitucional a implementarse en un fin de semana, las cuales permitieron al canciller Moncada distorsionar la rebelión popular y convertirla en un inaceptable golpe de Estado; o el engavetamiento de una rigurosa propuesta de reforma legal que desde mediados de 2018 permitía el adelanto de las elecciones y a la cual se le empezó a dar impulso hasta después del fracaso del segundo Diálogo. Igualmente desacertada parece la curiosa decisión de la ACJD de no incorporarse al consejo político de la UNAB pese a haber contribuido significativamente a la constitución de la misma. O la decisión insólita de trabajar separadamente, la ACJD y la UNAB, a su retorno de El Salvador cuando anunciaron la inminencia de una gran unidad. Así mismo, resulta inexplicable, salvo para los gremios empresariales, la decisión, por activa o por pasiva, de la ACJD y de la UNAB de no convertirse oportunamente en una opción político-electoral. No ameritan comentarios los meses perdidos con la elaboración del Estatuto de la Coalición Nacional que precedieron a la salida definitiva de la misma por parte de la ACJD.
Estas decisiones se tomaron a pesar de las opiniones explícitamente contrarias a las mismas y, por lo general, bajo un destacado liderazgo empresarial y una falta de visión y de liderazgo de la UNAB. Parece que unos no han querido y otros no han podido construir la unidad. Podrían constituir meras coincidencias o, por el contrario, responder a una estrategia muy bien diseñada que, en cualquier caso, enlaza armoniosamente con los conceptos actuales de voto útil y de que la unidad de la oposición es ideal pero no indispensable para derrotar electoralmente al FSLN. Estos conceptos parecen sustentar la concepción de búsqueda de unidad seguida por Ciudadanos por la Libertad y con la posición política de no suscribir el documento Unida Nicaragua Primero, firmado por casi todos los aspirantes presidenciales. También es posible observar ciertos elementos comunes entre quienes han sido determinantes para tomar las decisiones arriba comentadas, quienes sostienen el marco conceptual de esa unidad injustificadamente sesgada y quienes propugnaron por el modelo de diálogo y consenso que colapsó en abril de 2018.
Ciudadanos por la Libertad ha sido uno de los actores que mejor ha interpretado la realidad nacional de los últimos años y tiene todo el derecho para decidir con quién unirse electoralmente. Pero también es verdad que la gente no está entendiendo sus esfuerzos unitarios y que si no se logra la unidad ni la victoria electoral opositoras en noviembre próximo, es posible que sufra costos reputacionales irreversibles y, peor aún, que todos perdamos la última oportunidad de salir pacíficamente de la crisis. Todavía hay tiempo para evitar ambas consecuencias.
El autor es profesor de derecho constitucional.
