Uno de los aspectos más relevantes de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, aprobada y publicada el martes 23 de marzo, es que incluye el tema clave de las elecciones del 7 de noviembre próximo.
En efecto, el punto 15 de la resolución “insta al gobierno de Nicaragua a participar en iniciativas significativas e inclusivas negociaciones con la sociedad civil y los partidos y grupos de oposición, y trabajar con organizaciones internacionales para adoptar, para mayo de 2021, según lo establecido por la Organización de Estados Americanos… reformas electorales e institucionales a fin de garantizar elecciones libres, justas, transparentes, representativas y creíbles, de conformidad con estándares internacionales, que incluyen la presencia de organismos independientes nacionales e internacionales de observadores electorales”.
La resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas es clara y contundente, y no ha podido ser más oportuna. Faltan solo siete meses y medio para las elecciones y apenas dentro de un mes y una semana, en mayo próximo, se cumplirá el plazo que determinó la Asamblea General de la OEA en octubre del año pasado, para que el gobierno de Nicaragua haga o anuncie las reformas electorales indispensables para que las elecciones sean auténticas y puedan dar legitimidad al gobierno que resulte de ellas.
También, voceros políticos del régimen de Ortega han dicho que en mayo serán las reformas electorales, pero no por la resolución de la OEA sino porque así lo comprende la programación electoral.
Un hecho sorprendente y de buena señal en la aprobación de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua, es que fue respaldada por Argentina y México, cuyos gobiernos de izquierda habitualmente respaldan a la dictadura de Nicaragua, o no apoyan las condenas internacionales a sus atropellos.
El respaldo de los países más grandes de América Latina, después de Brasil, le ha dado mayor consistencia a la resolución y pone más presión a Daniel Ortega para que haga elecciones verdaderas, o se arriesgue a perder la legitimidad internacional como Maduro en Venezuela.
También es importante tomar en cuenta que la resolución fue aprobada algunos días después de que el Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) anunciara su reincorporación al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, después de haberse retirado en 2018 por decisión del entonces presidente Donald Trump, molesto por la presencia en este organismo de gobiernos violadores de los derechos humanos como Cuba, Venezuela, China y Rusia, y por las condenas reiteradas a Israel.
Sin embargo, el nuevo secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken declaró en febrero pasado que aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es notoriamente defectuoso, puede ayudar a promover las libertades fundamentales alrededor del mundo, incluyendo las libertades de expresión, asociación, reunión y credos religiosos.
Y también puede, este Consejo, presionar por elecciones libres en dictaduras, como es el caso de la resolución sobre Nicaragua del martes de esta semana.
