De 125 presos políticos, un total de 50 detenidos en el contexto de las protestas de abril del 2018 y previo a estas, han enfrentado procesos legales en los tribunales de justicia de la dictadura de Daniel Ortega, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Representantes de organizaciones y abogados penalistas que velan por los derechos civiles y humanos de los procesados continúan criticando las arbitrariedades e injusticias cometidas por los judiciales en contra de los reos de conciencia.
Del total de reos de conciencia, tres han sido representados en los procesos judiciales este año por la abogada Yonarqui Martínez y recibieron fallos condenatorios.»Han sido procesados acarreados de nulidades, de vicios, de violaciones al debido proceso, de violaciones a los derechos humanos partiendo de que, por ejemplo en el juicio contra Danny García, fue evidente la parcialidad de la juez Nancy Aguirre que corrigió una prueba mal presentada de la Fiscalía aduciendo que se trataba de un error humano… en su totalidad los juicios contra reos políticos son juicios en los que el proceso es inquisidor entre la Fiscalía y el juez».
Los tipos penales por los que con mayor frecuencia son judicializados los presos políticos incluyen desde delincuencia común, como posesión, tenencia o tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, hasta robo con violencia o intimidación, tentativa de homicidio, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas. Al inicio de la represión y cacería que emprendió la dictadura en el 2018, los opositores fueron acusados por el delito de terrorismo y obstrucción de funciones públicas.
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«Sabemos que a los presos políticos los están usando como moneda de cambio, sabemos que nunca ha habido un interés de parte del ente negociador, de la oposición, en la liberación de los presos políticos. Son pocos los sectores políticos que se preocupan por la libertad de ellos. La gente que negocia, pues en este caso la Alianza Cívica, Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada), CxL (partido Ciudadanos por la Libertad), el PLC (Partido Liberal Constitucionalista), todos los partidos políticos, no buscan la libertad de los presos, solo buscan participar en unas elecciones sin condiciones y participar de un circo electoral, como siempre lo han hecho», criticó Roberto Buchting, miembro de la Unión de Presos Políticos de Nicaragua (UPPN).
Exconcejal sandinista condenado
Ernesto Gutiérrez Collado, conocido como Tikay, es el caso más reciente de presos políticos condenados por el sistema de justicia orteguista. Fue condenado el miércoles 10 de marzo a 14 años de cárcel y 11 meses, más una multa de 790 días por los supuestos delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.
Gutiérrez Collado es un exconcejal del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional de Masaya, que se negó a reprimir en el 2018 a los autoconvocados opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El abogado defensor de Gutiérrez, Julio Montenegro, denunció que oficiales de la Policía Orteguista (PO) aparentemente enviaron a una conocida del condenado para darle alimentos que contenían sustancias que lo adormecieron. «Él quedó como dormido y estando en esas circunstancias es que hay aparentemente un ingreso de las autoridades, ya que ellos mismos indican de que ingresan en horas de la mañana (en casa del procesado), que la puerta estaba abierta y que él estaba en una hamaca dormido», relató.
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Montenegro aseguró que los policías ofrecidos por la Fiscalía como testigos en este juicio llegaron a contradecirse sobre las condiciones internas de la vivienda en que estaba el preso político y en relación a quién pertenece la misma. Agregó que apelará la condena ante los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Masaya para procurar revertir dicha sentencia.
Jueces tienen lineamiento
Hay 125 nicaragüenses en las cárceles del régimen de Daniel Ortega. Un total de 115 presos políticos relacionados con el contexto de la crisis social y política que se originó en abril de 2018 y otros 10 ciudadanos desde fechas anteriores, reportó el pasado 5 de marzo el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
La cifra de reos de conciencia en agosto del 2020 era de 88, pero el régimen Ortega-Murillo ha continuado con la «cacería» de opositores y el número ascendió a 115. «Ellos (los jueces) fallan porque ya tienen un lineamiento, el juez del Juzgado Tercero (Distrito Penal de Juicio) condenó a Carlos Alberto Bonilla López sin más preámbulo, solo con el testimonio de tres funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional y se condenó a una persona. Igual fue con el veredicto de Hader González quien estuvo aparejado con circunstancias anómalas, sin embargo el juez no le dio cabida», cuestionó Martínez.
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Del total de presos políticos, 111 son hombres, 3 mujeres y 1 mujer transgénero, quien además está recluida en un penal para varones a pesar de las peticiones y denuncias que se le respete su identidad. El 61 por ciento de estos fueron detenidos entre el 2020 y el corriente año. El restante 39 por ciento fue capturado durante 2018 y 2019, es decir, un amplio grupo de opositores al régimen lleva entre dos y casi tres años en prisión, según reporta el Mecanismo.
