Decenas de miles de opositores salieron este lunes a las calles de varias ciudades en Bolivia para protestar por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez, por el presunto golpe de estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales, en 2019.
«No fue golpe. Fue fraude», se leía en pancartas de manifestantes que, con la pandemia como telón de fondo, asistieron a marchas, plantones ante oficinas de la fiscalía y concentraciones pacíficas en plazas en las ciudades de La Paz, Cochabamba (centro), Sucre (sureste), Trinidad (noroeste) y Santa Cruz (este).
En esta última, capital económica de Bolivia y bastión de la oposición, la concentración convocó unas 40,000 personas en la plaza Cristo Redentor, emblemático lugar de reuniones públicas de la derecha, según estimaciones de autoridades locales. En Bolivia la policía no provee estos cálculos.
Se escucharon arengas contra la detención de la exmandataria transitoria (2019-2020) y sus dos exministros, señalados en una denuncia presentada en diciembre por una exdiputada del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) por conspirar para cometer un supuesto golpe contra Morales.
La causa está dirigida principalmente contra el líder civil de Santa Cruz y gobernador electo, Luis Fernando Camacho.
Camacho, que ganó los comicios en su región con más del 55 por ciento de los votos, llamó «presos políticos» a Áñez y sus colaboradores. «No los vamos a dejar solos», prometió al hacer llamados a sus seguidores para que se mantengan movilizados y logren que el gobierno del izquierdista Luis Arce frene las detenciones.
El gobierno de Perú informó que Roxana Lizárraga, exministra de Áñez, solicitó refugio.
La oposición de derecha y centro considera que la justicia se ha supeditado al gobierno de Arce, delfín de Morales.
Áñez, de 53 años, fue detenida el sábado en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni (noreste) y el lunes fue encarcelada en una prisión de La Paz. Se le dictó prisión preventiva por cuatro meses.
En la jornada, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Estados Unidos expresaron su preocupación por el nuevo clima de tensión política en el país andino.
Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos dijo este lunes que «sigue con preocupación» la situación en Bolivia, donde la expresidenta interina, Jeanine Áñez, y miembros de su gabinete fueron detenidos acusados de participar en un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales.
«Estados Unidos sigue con preocupación los acontecimientos relacionados con el reciente arresto de exfuncionarios por parte del gobierno boliviano», dijo Jalina Porter, portavoz adjunta del Departamento de Estado.
Áñez entregó el poder en noviembre de 2020 tras la victoria electoral de Luis Arce, delfín de Morales. La exsenadora de derecha había reemplazado en noviembre de 2019 al expresidente izquierdista Morales, luego de que éste renunciara en medio de protestas después de su reelección en comicios calificados de fraudulentos.
Una jueza impuso el domingo a Áñez, detenida bajo cargos de sedición, terrorismo y conspiración, cuatro meses de prisión preventiva a la espera de su juicio.
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Áñez fue arrestada el sábado al igual que sus ministros Álvaro Coímbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). La orden de la Fiscalía alcanza también a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).
El Departamento de Estado estadounidense instó a «amigos, vecinos y bolivianos» a «defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso» instaurados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en la Carta Democrática Interamericana.
«Nuestra preocupación se suma a la expresada por líderes cívicos, políticos y religiosos de Bolivia, así como por los de la comunidad internacional», indicó Porter.
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La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) bajo su órbita, así como el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la Unión Europea y la influyente Conferencia Episcopal de Bolivia han pedido respeto por las garantías judiciales y «transparencia» en el proceso. También han pedido la liberación de los detenidos.
Morales, que gobernó Bolivia desde enero de 2006 a noviembre 2019, aspiraba a seguir en el poder hasta 2025 de manera ininterrumpida.
