La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez fue detenida este sábado en una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario izquierdista Evo Morales en 2019 y pidió a la OEA y la Unión Europea que sigan de cerca su aprehensión.
Áñez, arrestada en la ciudad de Trinidad, capital del departamento amazónico del Beni, 600 kilómetros al noroeste de La Paz, llegó al aeropuerto de El Alto, que sirve a la capital, escoltada por el ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, y el comandante de la policía.
Desde un cuartel de la policía en La Paz, Áñez remitió cartas a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que envíen misiones de observadores para seguir este caso en su país.
El objetivo es que «evalúen de manera objetiva e imparcial, la ilegal aprehensión de la cual hemos sido víctimas mi persona y mis dos exministros, el viernes y la madrugada de este sábado», escribió Áñez en una misiva que la AFP obtuvo una copia.
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El ministro del Interior confirmó la detención de Áñez y felicitó a las fuerzas del orden por la «gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano», dijo.
En La Paz la exsenadora, de 53 años, fue llevada a un cuartel de la Policía y luego trasladada a las dependencias de la Fiscalía, donde debía declarar.
Áñez considera su detención «un acto de abuso y persecución política» del gobierno del presidente Luis Arce, acusándola «de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió» y en el marco de un proceso que «no tiene ni pies ni cabeza», dijo en varias declaraciones en redes y a la prensa.
La Oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) subrayó la importancia «de que en todo proceso se observe estrictamente» y recordó que toda persona cuente con «una defensa adecuada y sea sometida a un juicio justo, independiente e imparcial».
Sedición, terrorismo, conspiración
La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra la expresidenta derechista y cinco de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.
Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron también detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz.
La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), de Morales.
En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
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Áñez reemplazó constitucionalmente a Morales tras su renuncia en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas de fraudulentas. Ejerció el gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario.
En una carta, Camacho advirtió que «los bolivianos no se quedarán de brazos cruzados ante el abuso» y aseguró que no abandonará el país. Camacho ganó la elección del pasado domingo para gobernar la rica región de Santa Cruz.
La orden de los fiscales alcanza además a los exministros Arturo Murillo (Interior), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia).
Evo pide sanciones
El expresidente Evo Morales pidió desde Twitter «justicia y verdad» para las víctimas fatales de aquel «golpe de Estado», escribió.
«Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia», añadió.
Morales, quien dimitió dos días antes de la asunción de Áñez, sostiene que fue a raíz de un golpe de Estado que renunció y partió a México. Un mes después se fue a Argentina como refugiado, desde donde retornó a Bolivia en noviembre 2020, tras el triunfo de su delfín Luis Arce.
Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia.
— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) March 13, 2021
Líderes opositores impulsaron protestas en todo el país en 2019, tras las elecciones de octubre de ese año, denunciadas como fraudulentas en favor del cuarto mandato de Morales.
Un grupo de investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está en Bolivia indagando lo sucedido a fines de 2019.
«Aprendiz de tirano»
Los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), rechazaron estas detenciones. Ambos fueron actores claves para la transición del gobierno de Morales a Áñez en 2019.
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«Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019», dijo Mesa en Twitter.
Quiroga considera que se «desata cacería revanchista» y dijo que el presidente Arce era «un aprendiz de tirano».
