La comunidad internacional, los opositores a la dictadura Ortega Murillo y los organismos defensores de derechos humanos, coinciden en que el tiempo para que el régimen brinde credibilidad al proceso electoral se está agotando al tiempo que ven las próximas elecciones generales de noviembre como una «gran oportunidad», para dar una solución cívica, pacífica y democrática a la crisis sociopolítica y económica, que ya se encamina a su tercer año consecutivo.
Este jueves, 25 de febrero, la Alta Comisionada Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, advirtió que si el Gobierno de Nicaragua no establece plenas garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política será difícil tener en noviembre próximo elecciones transparentes y creíbles.
«De nuevo reitero que aún queda tiempo para cambiar las cosas, nos quedan más de ocho meses de aquí a las elecciones y podemos llevar a cabo estas reformas», manifestó Nada Al-Nashif, al finalizar este jueves la presentación del informe sobre la crisis de Nicaragua ante e Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
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La Organización de Estados Americanos (OEA), emplazó al régimen de Daniel Ortega hasta mayo de 2021 para que implemente en el país la restitución de derechos humanos y reformas electorales que permitan elecciones, libres, justas y transparentes este próximo 7 de noviembre, cuando se celebran las votaciones presidenciales y legislativas, por disposición constitucional.
Para el jurista opositor y miembro de la Coalición Nacional, José Pallais Arana, el reciente informe presentado por al Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre las violaciones de derechos humanos en Nicaragua frente a un proceso electoral, se ha visto por la comunidad internacional como la oportunidad para solucionar la crisis que continua con un saldo de dolor, de sufrimiento, de deterioro económico, político y social.
«No es lo mismo el informe del 2020 que el informe del 2021 en que las expectativas están puestas en lo que va a ocurrir en este proceso electoral. La importancia de este informe es que está claro de que en Nicaragua no hay condiciones para ir a un proceso electoral. No lo dice de forma expresa (el informe), pero sí esta dicho implícitamente en los extremos de su presentación y por eso llaman a una reforma electoral urgente, y dice que se requiere para elecciones verdaderas, democráticas esa reforma electoral y el respeto de las garantías y de los espacios democráticos propios de los ciudadanos», expresó Pallais.
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Mientras que el precandidato a la presidencia y miembros de la Unidad Nacional (UNAB), Félix Maradiaga, opinó que lo más importante del informe de la ONU y las reacciones al mismo es que se ha constatado que el régimen Ortega Murillo no tiene opciones más que cumplir y demostrar una voluntad real de propiciar las condiciones para un proceso electoral libre, participativo y con garantías.
«Un cumplimiento táctico, es decir, solo de la boca para afuera, de las demandas que se hacen en este informe no le va a generar al régimen él tiempo que espera. Lo más valioso que deja el informe y las palabras de la Alta Comisionada Bachelet, es que no van a bajar la presión», dijo Maradiaga.
Ortega contra la pared
Por otro lado, Pallais recordó al régimen Ortega Murillo, que de no cumplir con la resolución establecida en octubre pasado por la OEA, a que acuerde reformas electorales a más tardar mayo de este año, el gobierno que resulte de las próximas elecciones podría ser declarado ilegítimo.
«Es importante que esto esté sucediendo en el mes de febrero, porque hay una fecha en que la comunidad internacional, a través del organismo regional ha puesto como límite mayo de este mismo año, y si no se dan las condiciones en el plazo que la OEA ha establecido, desde luego las consecuencias serán muy grave para el régimen. Sus elecciones, sus farsas no tendrán posibilidad alguna de detener conocimiento internacional», advirtió el jurista opositor.
«Sería un régimen ilegítimo y no en enero (2022) cuando tomaría posesión, sino a partir de junio 2021 porque no organizó el proceso electoral de acuerdo con los estándares democráticos internacionales. Desde ahí ya estaría la dictadura recibiendo el rechazo de su legitimidad. El tiempo se está agotando para Ortega, tiene razón la Alta Comisionada, todavía puede hacer reformas», instó Pallais.
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El colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, se sumó al llamado de la Alta Comisionada Bachelet y la Alta Comisionada Adjunta, Nada Al-Nashif, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quienes entre sus conclusiones señalaron que el Estado de Nicaragua no ha reconocido las graves violaciones a los derechos humanos, ni ha realizado acciones para mejorar la situación en el país.
«Estas violaciones persisten en diferentes áreas, como las violaciones a la libertad de expresión, movilización, participación. Continúan las detenciones arbitrarias, así como el hecho de que no se han realizado reformas electorales que garanticen un proceso electoral libre, transparente, independiente y que cesen las violaciones en general», expresó Wendy Flores, abogada y defensora de DD.HH. del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más sobre el informe de la Oacnudh.
