A través de un conversatorio realizado por la Red Internacional de Derechos Humanos este miércoles, la eurodiputada española por el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB-PSOE), Alicia Homs, dejó claro que pese a la represión promovida por el régimen de Daniel Ortega a través de leyes represivas, el Parlamento Europeo «no puede romper relaciones diplomáticas con el gobierno de Ortega y Murillo».
De acuerdo con las declaraciones de la eurodiputada, provocar una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la UE «acabaría con toda actividad y quienes lo pagarían serían quienes más lo necesitan, que son los ciudadanos, que es a quienes nosotros debemos proteger y por quien estamos trabajando».
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El argumento de Homs se basa en el planteamiento de otros miembros del Parlamento Europeo, quienes según afirma, «insisten en incrementar las sanciones y otras acciones que provocarían esa ruptura de relaciones diplomáticas».
«Ello (ruptura de relaciones diplomáticas) supondría la interrupción de la actividad de la Unión Europea en el terreno, que creo que es muy importante y, a la ya difícil situación económica del país este último año se le ha añadido los efectos de la pandemia y los huracanes Eta y Iota, y más que nunca la Unión Europea tiene que mantener y reportar su ayuda humanitaria y sus proyectos de cooperación en el terreno», manifestó Homs.
Nicaragua, prioridad para UE
Para la eurodiputada española, la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma general y la de los presos políticos «es muy alarmante», pues considera que Nicaragua es el país que más les preocupa a nivel centroamericano.
Sumado a esta observación, Homs agregó que la crisis se agudiza con la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos y la Cadena Perpetua, ya que argumenta que «supone una institucionalización definitiva de la represión».
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«El gobierno de Ortega y Murillo ya tiene a su disposición armas legales para suprimir la libertad de expresión o de manifestación, entre otras, o para torpedear el trabajo de las organizaciones internacionales, y es lo que denunciamos en la última resolución aprobada por el Parlamento Europeo», expuso la eurodiputada.
Y aunque destacó que han visto un ligero avance en cuanto a la disminución de las detenciones arbitrarias por parte del régimen, no se están adoptando medidas para poner fin a la tortura y a los malos tratos contra los detenidos, ni se ha modificado la legislación penal «para garantizar que las privatizaciones de libertad sean ordenadas por las autoridades judiciales», por lo que en esa línea se basa la importancia del Parlamento Europeo.
Exponen hacinamiento en los penales del país
A través de una investigación penal de Nicaragua iniciada desde 2009, Julienne Weegels, investigadora del Centro de Estudio y Documentación Latinoamericano (Cedla) de la Universidad de Ámsterdam, encontró que pese a que la política penal del país se presenta como un modelo comunitario y reeducativo dentro de las prisiones, «en la realidad ha tenido una cara distinta al discurso».
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Los datos brindados por Weegels, y que fueron mostrados durante el conversatorio de la FIDH, reflejan que el hacinamiento en las cárceles en los últimos diez años en Nicaragua se ha triplicado.
En 2010, los penales de Nicaragua, según estimaciones de Weegels, contaban con aproximadamente 6,500 internos. En 2020 la cifra ascendió a 21,351, teniendo un incremento mayor desde 2014, lo que representa un hacinamiento del 181 por ciento.
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La investigadora destacó que durante todo este periodo, hasta la fecha, el Sistema Penitenciario ha establecido el uso de la amenaza, la violencia y el abandono institucional «como herramientas para lograr la obediencia de los internos».
«Ya es establecido que la Policía en el primer periodo de la detención, haya violencia por parte de las autoridades o, que más bien instrumentalizan la violencia dentro de las cárceles, incluso de los propios reos comunes para castigar a los internos», señaló Weegels.
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No obstante, con los presos políticos, desde 2018, la investigadora encontró que las principales violaciones de derechos humanos que sufren son: detención arbitraria, violencia durante la detención, torturas y abusos contra los reos, la realización de juicios exprés «realizados por un sistema judicial politizado»; la imputación de pruebas falsas y sentencias exageradas, uso de instituciones como herramienta de represión, amenaza y violencia durante el presidio, así como las arbitrariedades en las visitas y la atención médica deficiente.
«Los presos políticos también son excluidos de las actividades de las que sí pueden participar presos comunes, que son las de reeducación», indicó Weegels.
En el conversatorio también participó el doctor Denis Darce Solís, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), quien habló de las limitaciones democráticas que el régimen orteguista ha establecido tanto a la ciudadanía como a los organismos nacionales de derechos humanos.
