El Gobierno de Colombia presentó este miércoles su “enérgica protesta” al Estado de Nicaragua por la aprobación, el pasado 28 de enero, de la «Ley que Declara y Define Reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense», que comprende la zona marítima ganada al gobierno colombiano ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya.
“Colombia resalta que esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental. Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la Unesco”, señala Colombia en su documento.
La alegación de Colombia se basa en que el régimen de Daniel Ortega utilizó como pretexto la utilización de medidas de protección ambiental y “en contravía del derecho internacional, Nicaragua incluya y califique porciones del mar Caribe como si fueran parte de su territorio”.
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Las autoridades colombianas consideran que con esta legislación, el régimen orteguista “representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia”, donde ya han tenido disputas. Alegan que el objetivo de la dictadura nicaragüense es aparentar cumplir y respetar las normas de derechos humanos y de medioambiente “pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”.
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Ante dicho planteamiento, Colombia advirtió que “no ahorrará esfuerzo alguno en la defensa ante instancias internacionales de los más altos intereses de la nación, incluidos los derechos de los colombianos, entre ellos los de la población Raizal y de todos los habitantes del Archipiélago”.
También dejó sentada su disposición de adelantar un diálogo abierto con los Estados del Caribe suroccidental “en aras de continuar adoptando los mejores estándares de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower establecida en el marco de la Unesco”.
Después de diez años de disputa internacional ante la CIJ entre Colombia y Nicaragua por la delimitación marítima, fue en noviembre de 2012 que la Corte falló a favor de Nicaragua, concediéndole un espacio marítimo de 200 millas náuticas en el Mar Caribe.
¿Un nuevo litigio internacional?
Para el ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, la nota de protesta de Colombia está vinculada a una negligencia del régimen orteguista en desconocer la Reserva de Biósfera Sea Flower porque “ni siquiera es mencionada en la ley que aprobó la Asamblea ni en los procesos de justificación”.
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“Aquí lo que sucedió es que después del fallo de La Haya, la reserva de Seaflower pasó a ser una reserva transfronteriza, entonces la gestión de esta recae con los Estados de Colombia y Nicaragua y, sobre esa materia ambos deberían ponerse de acuerdo de los recursos marinos de esta zona que están protegidos, por lo que me parece acertada la protesta de Colombia”, argumentó Ruiz.
A criterio del director de Fundación del Río, se puede interpretar que Colombia con su carta de protesta “entienden que Nicaragua puede estar superponiendo a la categoría internacional que ya está establecida”.
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Y pese a que descartó que esta protesta represente la posibilidad de un nuevo litigio entre ambos Estados, Ruiz reconoció que la línea argumentativa de Colombia en los próximos años —en el marco internacional de espacios de la Unesco y en los espacios ambientales— va a ser la negligencia del régimen en desconocer la categoría internacional para reserva de Seaflower.
Decreto presidencial
Este martes el régimen orteguista publicó en La Gaceta el Decreto Presidencial 04-2021, que establece que Nicaragua se adhiere al Protocolo relativo a las áreas y a la flora y fauna silvestres especialmente protegidas del Convenio para protección y el desarrollo del medio marino en la Región del Gran Caribe, un tratado internacional para la protección y conservación de la flora y fauna marina del Mar Caribe.
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Sobre este decreto, Ruiz explicó que la adhesión del régimen con este tratado es para estar en espacios internacionales de participación, pero en principio considera que “el régimen no ha firmado un montón de convenios y protocolos”.
“Ahora con una nueva reserva de biósfera transfronteriza que tienen que gestionar, pues obviamente tienen que inscribirse y reafirmar su compromiso ambiental como Estado para la prevención de los recursos marítimos del Caribe, ahora que eso se traduzca en un cumplimiento sigue representando un desafío para este régimen que no le interesa la parte ambiental”, aseveró Ruiz.
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