La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), ha advertido al régimen de Daniel Ortega que la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, viola el derecho de libre empresa consagrado en la Constitución en el artículo 99, y además promueve prácticas de lavado de dinero.
Esta reforma, “compromete la actividad bancaria y la prestación de servicios financieros al pueblo nicaragüense, afectando a los bancos en su rol como agentes económicos involucrados en el desarrollo del país… impide a los bancos que elijan con quien iniciar sus relaciones comerciales y decidir cuándo cancelar una relación bancaria, afectando así el derecho de los bancos privados de manejar su riesgo crediticio, operativo y reputacional conforme a los estándares internacionales”.
Así lo dijo a LA PRENSA el presidente de Asobanp, Juan Carlos Argüello, en una declaración escrita publicada el fin de semana recién pasado. Pero sobre todo el banquero advirtió que Nicaragua podría pasar de la lista gris a la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que fiscaliza las políticas que aplican los países en relación con el lavado de dinero proveniente del crimen organizado, así como el financiamiento directo o indirecto al terrorismo internacional. Además, en carta oficial enviada a la Asamblea Nacional, Asobanp señala claramente que la degradación de Nicaragua en la lista del GAFI causaría “el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar o recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de créditos del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjeta de crédito. Esto implica que Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global”.
De manera que las consecuencias de esa ley serían catastróficas para Nicaragua. Pero al parecer eso no le importa a Ortega, cuyo propósito es que los bancos privados suspendan el bloqueo de movimientos financieros a los funcionarios y organismos de la dictadura, que han sido sancionados por Estados Unidos (EE. UU.) tras la acusación de graves acciones represivas y corrupción.
Ortega también quiere golpear a la banca privada. Es parte de su arremetida general contra el sector empresarial, como venganza porque en 2018 rompió la asociación de conveniencia que tenía con el régimen dictatorial. Sin embargo, el ataque a la banca privada es una torpeza y una insensatez, ya que si el régimen ha podido mantener la estabilidad macroeconómica del país ha sido por el buen funcionamiento de la banca privada.
Al parecer Ortega quiere volver al sistema de banca estatizada impuesto por la primera dictadura sandinista, el cual tuvo desastrosa vigencia desde diciembre de 1979 hasta después del triunfo electoral de doña Violeta y la UNO, en 1990. La banca privada, que es motor del desarrollo económico, fue restablecida de hecho en 1991 y en 1995 la reforma constitucional aprobada por la UNO con el respaldo del sector disidente del FSLN que formó el MRS, lo garantizó en el artículo 99 de la Constitución.
Pero ahora, Ortega, reaccionario como es aunque se diga revolucionario, quiere echar hacia atrás la historia sin importarle arruinar otra vez a Nicaragua.
