Los reos políticos de Masaya: Wilfredo Brenes Domínguez, Karla Escobar Maldonado, ambos excarcelados políticos, y César de los Ángeles Medina López, quien se declara simpatizante del partido Frente Sandinista, enfrentaron la audiencia de apelación ante los magistrados de Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). Ahora están a la espera del fallo judicial de segunda instancia con la esperanza de recuperar su libertad.
En este caso ha llamado la atención, porque al inicio del juicio, siete testigos propuestos por las defensas de los acusados y que son simpatizantes del partido de la dictadura, llegaron a desmentir los hechos de la acusación fiscal, ya que señalaron que Medina nunca pudo haber sido detenido frente a El Coyotepe, porque algunos de ellos se habían encargado de dejarlo personalmente en la delegación policial de Masaya, según relató Julio Montenegro, abogado defensor de los presos políticos.
Montenegro, abogado de Brenes Domínguez, dijo que el representante de la Fiscalía, Rafael Castilla, solicitó a los magistrados de la Sala Uno del TAM que se confirmara la sentencia de culpabilidad de primera instancia en contra de los condenados, según él, por tratarse de reos comunes, y no políticos.
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Alegatos de la defensa
La acusación de la Fiscalía señala que los tres presos políticos fueron detenidos el pasado 30 de abril, a las 4:30 de la tarde, en el kilómetro 28 de la carretera hacia Masaya, frente a la reserva natural El Coyotepe, cuando se trasladaban a bordo de un vehículo placas MY 0786, supuestamente transportando armas, cocaína y marihuana.
“Les recordamos en la audiencia que César nunca pudo haber sido detenido en El Coyotepe porque él fue llevado a la delegación policial por unos amigos que son sandinistas, al igual que él, y que aseguran incluso haber participado con la Policía en la Operación Limpieza. En el caso de Brenes, recordamos que fue detenido en su negocio de venta de pollos en Masaya y no en el sector del kilómetro 28 de El Coyotepe; además hicimos ver las inconsistencias de los testigos que llegaron a declarar en el juicio de primera instancia”, aseguró Montenegro.
Karla Escobar fue puesta en libertad el pasado 15 de marzo del 2019 bajo la Ley de Amnistía aprobada por el dictador Daniel Ortega a favor de un grupo de opositores involucrados en las protestas antigubernamentales iniciadas en abril del 2018. Ahora está siendo procesada judicialmente por segunda vez.
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En teoría, los magistrados del TAM tienen 10 días hábiles para pronunciarse sobre la apelación, pero en raras ocasiones cumplen con el período estipulado en la ley. Montenegro agregó que solicitará una audiencia de casación en la Corte Suprema de Justicia si acaso recibe una resolución en contra de sus defendidos.
