Abogados denunciaron que el poder judicial de Nicaragua está violentando el principio constitucional relacionado con la gratuidad de la justicia, al trasladar los costos de impresión de las actas de audiencias y de juicio a los procesados, generando una carga más a los familiares de estos.
Según la abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), María Oviedo, desde hace dos meses en los juzgados del país no les entregan dichas actas, como era costumbre. Ahora si el abogado desea obtenerla, debe pagar el costo de la fotocopia y esperar al menos una hora para que el despacho del respectivo judicial «baje» el expediente en cuestión.
El artículo 166 de la Constitución Política indica que “la justicia en Nicaragua es gratuita y pública. La administración de justicia se organizará y funcionará con participación popular que será determinada por las leyes”. Sin embargo, esto está siendo omitido por los funcionarios del sistema de justicia.
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“La gratuidad de la justicia es un principio constitucional y procesal. Por recortes presupuestarios ya no hay presupuesto para dar las copias de actas a las partes, solo se imprime la del judicial, se firma y no se nos da copia. Tenemos la obligación nosotros de ir a archivo, sacarle la fotocopia y hacer el trámite para poder tener el acceso al acta. El problema es que le trasladás esa carga al acusado y a la víctima, por si esta quiere ir registrando todo su caso”, denunció Oviedo.
Causa indefensión
El artículo 8 del Código Procesal Penal establece que “toda persona acusada en un proceso penal tiene derecho a obtener una resolución en un plazo razonable, sin formalismos que perturben sus garantías constitucionales”.
Para Norwin Cruz Ponce, abogado de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), las limitaciones que ha impuesto el poder judicial crean indefensión hacia los acusados y las víctimas. «Si mañana vos te vas a preparar para una audiencia y no tenés el acta para poder refutar todas las contradicciones, entonces no podés. Yo no lo he preguntado, pero parece que se debe a falta de presupuesto. Yo le pregunté en otro momento a una judicial: ‘Señora juez ¿y si le traigo el papel para que me dé el acta?’ y me respondió: ‘Es que no tenemos tinta’. Entonces, supongo que es porque están en austeridad prácticamente”, ejemplificó.
Cruz agregó que para compensar dicho obstáculo ha solicitado los audios de las audiencias, pero estos son negados por algunos jueces o entregados demasiado tarde por otros. Oviedo, por su parte, indicó que algunos judiciales permiten hacer fotos a las actas cuando el procesado no es preso político, de lo contrario niegan este derecho.
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Proceso burocrático
Oviedo dijo que esta arbitraria decisión del poder judicial afecta el trabajo de los abogados, ya que tienen que esperar por más de una hora en la Oficina de Archivo de los juzgados para que les faciliten el expediente y puedan sacar las fotocopias a las actas. «Además, en algunos casos no se consignan las actas en el sistema Nicarao en tiempo real, a como debería de ser. Más en los casos de presos políticos es donde se ve esto, y las diligencias judiciales no se van realizando”, aseveró.
La abogada de la CPDH denunció que desde hace aproximadamente dos meses para entrar a los juzgados los litigantes solo presentaban el carné que los acredita como abogados, pero ahora los vigilantes del lugar les exigen las actas de audiencias anteriores y los obligan a buscar un número de ingreso en la Oficina de Atención al Público.
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“Ahora hay un procedimiento absurdo, burocrático que muchas veces va encaminado a que perdamos mucho tiempo para poder ingresar a esas instalaciones y que no lleguemos a la hora indicada a las audiencias; eso puede generar que nuestros defendidos queden en la indefensión, más cuando se trata de presos políticos. Ahí hay muchas personas inoperantes. No creo que ningún abogado quiera ir a pasear a ese complejo judicial”, criticó Oviedo.
