El preso político, Marvin Castellón Ubilla, de 23 años, está a la espera de la audiencia de casación. LAPRENSA/CORTESÍA

Preso político Marvin Castellón enfrenta audiencia de apelación

Abogado defensor expuso ante magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua una serie de injusticias e irregularidades procesales que mantienen tras la rejas al joven opositor

Esta mañana el preso político Marvin Antonio Castellón Ubilla, de 23 años, enfrentó la audiencia de apelación en la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y ahora queda a la espera de la decisión que tomen los magistrados en relación a su libertad, aseguró el abogado Norwin Cruz, de la Unidad de Defensa Jurídica y defensor de Castellón.

Castellón Urbina, de 23 años, fue condenado a una pena de cárcel de seis años por el delito de robo agravado, luego que la Fiscalía Orteguista (FO) lo acusara de supuestamente haber robado y baleado a Rodolfo Alberto Polanco a las 1:30 minutos de la tarde del pasado 16 de marzo de este año en la pulpería Dulce Nombre, ubicada en la comarca Chiquilistagua.

“Poniendo como excusa el tema de la pandemia, las autoridades del Sistema Penitenciario no llevaron a Marvin a la audiencia y en la apelación los magistrados no me aceptaron como prueba el testimonio de una hermana del procesado, que grabó a los policías que le ofrecieron el trato a su hermano de ser informante de ellos y que les diera información de los azul y blanco”, dijo Cruz.

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Irregularidades

Cruz denunció que su cliente ha enfrentado varias injusticias e irregularidades en el proceso judicial. Una de ellas fue que la FO lo puso a la orden del juez después de las 48 horas y que los oficiales de la Policía Orteguista lo detuvieron sin orden de arresto. Además, ingresaron por la fuerza a su vivienda sin una orden de allanamiento.

En la acusación la FO indica que Castellón fue detenido en la vía pública, cuando la detención ocurrió en la casa del reo de conciencia. “Demostramos con vídeos que él fue detenido en su casa y el juez no nos aceptó las pruebas”, se quejó el abogado.

El preso político fue detenido por dos policías que llegaron vestidos de civil a su vivienda el pasado 23 de marzo a las 10 de la mañana. Según Cruz, a su defendido le propusieron que trabajara como informante con la PO en contra de los autoconvocados, pero éste se negó. Los oficiales se retiraron del lugar, pero dos horas más tarde regresaron y lo apresaron.

Detalló que el reo de conciencia no pudo haber estado en el lugar del robo, ya que a las 11:30 de la mañana de ese día fue a pasar consulta psicológica en la Cruz Roja y regresó a las 2:30 a su vivienda en Chiquilistagua. La defensa ofreció testigos que confirman esta versión, pero no fueron aceptados por el judicial.

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Testigos claves

Uno de los testigos claves en el caso es la dueña de la pulpería donde ocurrió el hecho. Según Cruz, esta persona dijo en juicio que no reconocía a Castellón como la persona que cometió el ilícito.

Otra irregularidad en el proceso judicial es que la PO no ofreció un peritaje de balística que soportara los hechos. Además, Cruz cuestionó que la supuesta víctima anduviera comprando una gaseosa en la comarca Chiquilistagua cuando habita a tres kilómetros de ese lugar, en la comarca Cuajachillo.

También, testigos policiales usados por la FO dijeron en juicio que el delito había ocurrido en horas de medio día, pero la acusación fiscal señala que fue a la 1:30 minutos de la tarde. “Con estas irregularidades era suficiente para que dejaran en libertad a Marvin, sin embargo el juez y la Fiscalía se han empecinado contra él…Ahora veo a los magistrados del Tribunal de Apelaciones parcializados y más cuando se trata de presos políticos se ve un sesgo”, consideró Cruz.

La familia de Marvin es reconocida en ese sector por ser opositora a la dictadura, pero han tenido que pagar con cárcel, asedio y persecución su derecho a disentir. Su mamá y hermano, Martha Ubilla y Marlon Castellón han sido detenidos por la PO, mientras su padre estuvo tras las celdas del régimen.

En teoría, los magistrados del TAM tienen 10 días hábiles para pronunciarse sobre la apelación, pero el reo de conciencia tendrá que esperar hasta el próximo año, ya que los trabajadores del Poder Judicial este viernes 18 de diciembre se van de vacaciones. Cruz agregó que solicitará una audiencia de casación en la Corte Suprema de Justicia si acaso los magistrados del TAM fallan en contra de su defendido.

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