Sufrieron arbitrariamente el despojo de sus personerías jurídicas por parte del régimen orteguista, sus instalaciones fueron allanadas ilegalmente y sus bienes fueron confiscados. No obstante, la labor de las nueve ONG nicaragüenses no ha sucumbido ante los ataques de la dictadura de Daniel Ortega que han ocurrido desde 2018.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto de Liderazgo de las Segovias, la Fundación del Río, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), la organización Hagamos Democracia, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), la Fundación Popol Na y el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) no detuvieron sus actividades desde que la aplanadora del régimen en la Asamblea Nacional despojó a estas organizaciones, entre el 11 y 13 de diciembre de 2018, de sus personerías jurídicas.
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Cuatro directivos de estas nueve ONG consultadas por LA PRENSA manifestaron cómo ha sido el funcionamiento de las organizaciones que dirigen en medio de las limitantes que han causado las embestidas del régimen, que canceló las personerías jurídicas acusando a estos organismos de haber financiado lo que el orteguismo ha denominado como un «golpe de Estado».
«A pesar de que el 13 de diciembre de 2018 las instalaciones del Instituto fueron asaltadas y tomadas por paramilitares y la policía del régimen, no nos hemos detenido, hemos continuado haciendo la función de promover y velar por los derechos humanos, nuestra labor ha continuado desde la red comunitaria con la que cuenta el Instituto y parte del personal que estamos en el exilio», señaló Haydée Castillo, directora del Instituto de Liderazgo de Las Segovias.
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Según Castillo, el instituto que dirige contaba con un edificio administrativo de dos plantas, un auditorio, varias aulas, un amplio corredor de aproximadamente cuatro manzanas de tierra, «todo equipado para la educación y para carreras técnicas también».
«Ya teníamos organizada el salto de ONG a Universidad Autónoma de las Segovias, pero el régimen no quiso autorizarla y más bien nos expropió», lamenta Castillo.
Por su parte, la directora de Cisas, Ana Quirós, quien fue expulsada a Costa Rica al poseer la doble nacionalidad, el 29 de noviembre de 2018, reconoció que el trabajo en estos dos años no ha sido fácil, pues manifestó que se debió cambiar la modalidad de trabajo «para proteger al personal y a quienes trabajaban con nosotros».
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«A Cisas le quitaron los bienes de 35 años de trabajo. Trataron de borrarnos del mapa, pero no lo lograron, ni lo lograrán. Las ideas no se quitan con robos, expulsiones, ni agresiones. El trabajo en Nicaragua ha sido difícil, pero lo hacemos con grupos pequeños, también de forma virtual, con personas voluntarias recolectando información en la zona», dijo Quirós.
Para mantener activa la labor de Cisas, Quirós señaló que han tenido que realizar otro tipo de actividades que consisten en vender servicios de investigación, consultorías, capacitación. «Y recibimos algunos fondos de cooperación y mucho trabajo voluntario», expuso.
Sin recursos financieros
La directora del Cenidh, Vilma Núñez de Escorcia, señaló que la congelación de las cuentas del organismo por parte del régimen obligó a que «nos quedáramos sin fondos, se subsistió con lo mínimo».
«Se robaron hasta el dinero que teníamos depositado en los bancos producto de la cooperación internacional para realizar el trabajo de derechos humanos. Los salarios se redujeron drásticamente, ya no dispusimos de vehículos propios, cuando el Cenidh tenía cinco vehículos, todos robados por la Policía», condenó Núñez.
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Para Amaru Ruiz, director de Fundación del Río, además de la confiscación de instalaciones y bienes inmuebles de la organización ambiental, el régimen «expropió parte de ese dinero que se tenía de cooperación».
«Nosotros seguimos operando, pero ya no con una base de representación en el país que nos aseguraba la personería jurídica, por lo que la cooperación ha disminuido, los productos han disminuido. Por ende, las organizaciones que no están presentando actualizados sus datos de personería jurídica, no están pudiendo optar a esos recursos de la cooperación al desarrollo», señaló Ruiz.
No obstante, el director de esta organización ambiental señaló que el trabajo de más de 30 años de trabajo de Fundación del Río ha generado aliados con los que se están apoyando para continuar su labor ambiental.
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«Hay aliados y aliadas en los territorios que nos están permitiendo tener información, desarrollar acciones, desarrollar una serie de actividades que nos permiten tener presencia en el país. Desde el exilio hemos asumido trabajar y seguir colaborando con estos aliados, para continuar con la misión y visión de la organización, eso significa que la personería jurídica no ha parado ni va a parar el trabajo de la organización», indicó Ruiz.
En el caso del Instituto de Liderazgo de Las Segovias, Castillo refiere que ante la falta de recursos económicos por parte de organismos externos que financiaban los proyectos para el funcionamiento del Instituto, han echado mano del voluntariado de sus miembros.
«Por ahora los miembros del equipo, la red comunitaria y amigos del Instituto en el exterior sostenemos la labor del Instituto con nuestro voluntariado, poniendo cada quien sus equipos, recursos, su tiempo, su dedicación. Ya que como la personería fue confiscada, no podemos gestionar recursos financieros directamente», lamentó.
Castillo agregó que parte del equipo de trabajo del organismo, al ser perseguido por la dictadura han tenido que irse al exilio, mientras que otros continúan resistiendo desde casas de seguridad. «Todos quedaron sin empleo de la noche a la mañana», dijo.
Retardación de justicia
Las nueve ONG canceladas por el régimen, que fueron acusadas de «financiamiento del terrorismo» a través de la Ley contra el terrorismo y lavado de dinero, no han recibido ninguna respuesta de parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pese a que estas han impuesto recursos de amparo y de inconstitucionalidad contra la Policía, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación, quienes ejecutaron las expropiaciones.
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«Después de la cancelación arbitraria de la personería jurídica, hubo una respuesta legal nuestra con un recurso por inconstitucionalidad, pero dos años después la Sala Constitucional no ha compartido si han tenido información de que haya una respuesta del régimen Ortega-Murillo frente a esa interposición del recurso, es decir, el caso sigue estando abierto y sin ninguna resolución», manifestó Ruiz.
Para Ruiz, la falta de respuesta a la interposición de este recurso jurídico supone que «hay una retardación de justicia para fallar sobre el caso del recurso». «Pero además ya teníamos los recursos de amparo anteriores, que tampoco han sido resueltos», agregó Ruiz.
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Según Vilma Núñez, el Cenidh ha interpuesto tres recursos de amparo en contra de la cancelación de la personería jurídica del organismo y la posterior confiscación. Sin embargo, estas no han sido debidamente atendidas.
«Agotamos todos los recursos jurídicos en contra de la acción del régimen. La Corte Suprema de Justicia es la responsable en estos momentos de que no se hayan resuelto ninguno de los tres recursos que pusimos. Esto deja en evidencia la complicidad del sistema judicial en la represión que ha desatado Daniel Ortega», cuestionó Núñez.
