Al menos el 90 por ciento de los Contadores Públicos Autorizados (CPA) están registrados ya en la Dirección de Prevención de Lavado de Activos, la cual fue creada tras la aprobación hace dos años del reglamento de la Ley 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Geovani Rodríguez, presidente del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua (CCPN), manifestó que en este tiempo se ha logrado con éxito capacitar a los contadores en el tema, pero sobre todo agilizar el proceso de registro tal como lo ordena la ley.
“En este caso el gremio de nosotros tiene dos años de estar trabajando con la ley, se han realizado una serie de capacitaciones e inducciones, sobre todo para que los contadores conozcan el tema y se quiten algunos paradigmas, como que los contadores no tienen secretos profesionales, eso es un paradigma”, explicó.
Y añadió: “Creemos que estas capacitaciones han dado buenos resultados porque casi todos los contadores se han registrado, se han hecho visitas in situ y se siguen entrenando”.
El Colegio registra 1,520 CPA vigentes, de los cuales 1,350 están inscritos en la Dirección de Prevención de Lavado de Activos, que funciona en el mismo CCPN.
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Reforma fiscal impacta
En paralelo, también este gremio ha hecho un esfuerzo en la aplicación de la Ley de Concertación Tributaria, la que está en vigencia desde febrero del año pasado.
“Los cambios tributarios que ha habido en los últimos años han obligado a que el gremio de los contadores públicos busque constantemente la actualización profesional, porque ha habido un crecimiento en la demanda de asesoría fiscal, sobre todo de empresas que son sujetas a las auditorías tributarias o fiscales de parte de la administración tributaria, todos los contadores necesitan estar actualizados”, explicó.
Para el representante del sector, es un hecho que la reforma fiscal tuvo un gran impacto en las empresas, lo que se suma a la crisis sociopolítica y los efectos del Covid-19.
“El impacto mayor con la reforma fiscal a nivel de empresas tiene que ver con la disminución de la actividad económica, es difícil separar el tema del efecto fiscal con otros temas como la crisis del Covid y la sociopolítica. En ese sentido, los contadores públicos se han enfrentado a varias dificultades, desde la perspectiva de implementación porque hay ciertas características que presentan las empresas este 2020, como la disminución de ingresos, eso va a tener su récord tributario y eso se verá al cierre de año”, explicó.
Y agregó: “Sabemos que la reforma afectó tanto a las empresas que muchas postergaron su inversión, tuvieron que hacer reestructuración financiera y otras cerraron definitivamente”.
Y es que con la brutal reforma fiscal que se aplicó en febrero del 2019, las empresas se tambalearon y para hacerle frente a la situación, decidieron aumentar los precios a los productos, reducir personal y gastos, entre otras medidas.
Uno de los mayores impactos que tuvo la reforma en las empresas fue el aumento del Pago Mínimo Definitivo, el cual pasó del 1 al 3 por ciento para grandes contribuyentes y del 1 al 2 por ciento para principales contribuyentes, lo que asfixió a las empresas.
“A eso se suma que tenemos tres años de disminución de la actividad económica y el Covid-19. Te puedo decir a estas alturas, para el cierre fiscal 2020 es notorio el problema y eso se verá con el cierre del estado financiero al 31 de diciembre del 2020, nosotros les hemos recomendado a los empresarios que cada quien comience a determinar el impacto que tuvo el Covid, para ver cómo va a ser su presentación ante la Dirección General de Ingresos”, añadió.
“Creo que será un desafío el cierre del año 2020, porque fue bastante atípico, las empresas tuvieron bajos ingresos, las empresas estuvieron parcialmente cerradas, todo eso va a tener un efecto en el cierre fiscal 2020, será un cierre bastante accidentado”, agregó Rodríguez.
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Calendario presiona a las empresas
Los contadores que participaron en un encuentro de cumplimiento tributario manifestaron que otro de los problemas es el adelanto del calendario fiscal.
Con la reforma que se dio en el 2019, se estableció que los que tributan bajo el régimen general u ordinario, la liquidación del Impuesto sobre la Renta en lugar de realizarse hasta antes del 31 de marzo del año siguiente, ahora deben cumplir con esa obligación en el último día de febrero, es decir, se les quitó 30 días adicionales a los noventa que se daban.
“Ahora con el adelanto del calendario tenés menos tiempo para la declaración, por eso todo el gremio de los contadores ya para diciembre comienza a ver todo lo que se hizo en el año, porque tenés una fecha limitada en febrero del próximo año. Entonces, en ese sentido, tenés 60 días para presentar la declaración, lo que genera un sentido de urgencia, ya solamente tenés dos mes para presentar toda tu declaración y la situación es más complicada por todo lo que aconteció este año”, dijo Rodríguez.
En medio de la difícil situación económica que enfrentan todas las empresas nicaragüenses, los contadores públicos en este nuevo contexto han tenido más trabajo pese al creciente desempleo. “Como todos los sectores profesionales hay afectaciones, sin embargo con el aumento de riesgo tributario, hay empresas que están contratando contadores”, refirió Rodríguez.
Otro desafío del gremio
Otro de los puntos que abordó Geovani Rodríguez con LA PRENSA fueron los precios de transferencia, lo cual se refiere al precio que pactan dos empresas para transferir bienes y servicios. Este precio es relevante en el ámbito tributario cuando entre entidades relacionadas se trata.
“Uno de los temas que se discutió en el encuentro con los contadores fueron los precios de transferencias, en Nicaragua nunca apareció el reglamento pero la ley establece la vigencia, entonces con los expertos trabajamos el tema, ellos nos decían que todas las empresas en Nicaragua están en una situación de riesgo y cuando aparezca ese reglamento debemos de estar preparados”, dijo Rodríguez.