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BCIE revela que Nicaragua no ha pedido recursos para vacunas contra Covid-19 y auditarán las pruebas donadas

El presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi, responde a LA PRENSA sobre denuncias de falta de transparencia en Nicaragua y asegura que: «Créame que hacemos una debida diligencia muy exhaustiva en Nicaragua para asegurarnos y para saber a quién estamos prestando dinero y quién ejecuta esos fondos».

Pese a que el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito, Iván Acosta aseguró esta semana que Nicaragua ya contaba con 107 millones de dólares para adquirir vacunas, de los cuales 50  millones provendrán del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el titular de esta entidad regional, Dante Mossi, reveló este jueves que Nicaragua aún no ha presentado una solicitud para esa finalidad, en el marco de un fondo que ya está disponible.

Al ser consultado por LA PRENSA sobre el avance de Nicaragua en la contratación de un  préstamo para comprar vacuna, Mossi respondió: “Necesitamos una solicitud del Gobierno nicaragüense que diga: nos gustaría formar parte de este programa de financiamiento para la adquisición de vacuna; sea la vacuna que el país desee adquirir, porque usted sabe que hay varias en el mercado, hay varios países que tienen esa iniciativa” de producción de vacuna.

Según el alto cargo del BCIE hasta ahora solo Honduras y Guatemala han pedido recursos del fondo de 400 millones de dólares que tienen disponibles para comprar vacunas en el marco del  programa de Facilidad de Crédito del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el Covid-19 y de Reactivación Económica.

También Mossi afirmó que cada Gobierno decidirá si la vacuna, una vez que la adquiera cada país, será gratis a la población, como ya informó Honduras, o si aplicará algún cobro, lo que implicaría que el endeudamiento lo asuman los soberanos. “Esas son las decisiones  de los gobiernos con cada uno de sus conciudadanos”, dijo.

Lo que dijo Acosta

Lo expresado por Mossi deja en evidencia a Acosta, que esta semana en un medio de propaganda del orteguismo manifestó textualmente: «Suscribimos un acuerdo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), un acuerdo de hasta 50 millones de dólares y con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una operación cerca de 57 millones para atender por diferentes vías que identifica el país adquirir las vacunas».

Es más el funcionario orteguista indicó que «efectivamente a partir de diciembre o enero se movilizan las vacunas y nosotros estamos preparados. Están los recursos y cuando tengamos la instrucción y estén las vacunas y las condiciones estaremos listos para importarlas, adquirirlas y que se desarrolle el gran plan para tener esto».

Otro elemento que Mossi dejó en evidencia es que el Gobierno de Nicaragua ya tiene un reporte sobre cómo se usaron las 26 mil pruebas que donaron, cuya información aparecerá en una evaluación regional que harán en las próximas dos semanas para saber cuál es la situación del manejo de estos test.

Hasta ahora el Gobierno de Nicaragua no ha rendido cuenta sobre a quiénes les aplicó estas pruebas de Covid-19  traídas desde Corea del Sur, en un país donde el régimen está cobrando 150 dólares a cualquier persona que requiera viajar al exterior y ha bloqueado al sector privado para que esta no entre al negocio.

Auditarán pruebas contra Covid-19 donadas

Mossi dijo que una vez que el directorio conozca y  «esté conforme con el hallazgo» del reporte de los gobiernos,  lo harán público, pero además adelantó que auditarán las lotes de pruebas de Covid-19 que entregaron a los países.

«Obviamente nosotros haremos una auditoría posterior a ese informe que hace cada parte, para verificar el uso apropiado de esos recursos. Yo tengo que confiar en los sistemas que cada país tiene en el uso correcto de los fondos», respondió Mossi al ser cuestionado por LA PRENSA sobre la falta de transparencia en Nicaragua y cómo en ese contexto el BCIE facilita millonarios programas de asistencia financiera en campos tan opacos como el manejo de pruebas contra el Covid-19 y el sector energético.

LA PRENSA le relató a Mossi que en los hospitales inclusive no se están realizando pruebas de Covid-19 a las personas que presentan todos los síntomas y además en el campo del sector energético se aprobaron fondos pese a que existe fuerte opacidad sobre quién, por ejemplo, compró Disnorte- Dissur.

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Mossi: Exhaustivos con Nicaragua

Al respecto Mossi dijo: «Créame que hacemos una debida diligencia muy exhaustiva en Nicaragua para asegurarnos y para saber a quién estamos prestando dinero y quién ejecuta esos fondos. Es un ejercicio muy, muy intenso, así que por nuestra parte no nos cabe la menor duda de lo que estamos haciendo es lo más efectivo».

El funcionario calificó de excelente el proceso de planificación de programas del Gobierno de Ortega y puso como ejemplo Honduras donde hay cambio de personal cada cuatro años, lo que afecta las planificaciones que se hacen, «así que Nicaragua tiene un sistema de planificación envidiable comparado con los demás países».

Tras finalizar de responder la consulta de LA PRENSA y luego de hablar otro funcionario del BCIE central, tomó la palabra José Navarro, gerente país ante el BCIE, quien intentó justificar la carencia de pruebas de Covid-19, aduciendo que Nicaragua es un país muy pobre y no hay capacidad para masificar la aplicación de las mismas, pero que igual ya se presentó ante el directorio del BCIE el reporte sobre las pruebas donadas.

«Aquí lo único que podemos decir es que tal vez Nicaragua necesitaba tres millones de kits de pruebas y el BCIE no donó esa cantidad porque no tenía tantos recursos. O sea Nicaragua es un país pobre y no es como un país europeo o un país como Estados Unidos que se pueden dar el lujo de hacer un millón de pruebas de Covid-19 diario. Entonces realmente la cantidad de kits de pruebas que el BCIE donó es muy poca y entonces el Gobierno de Nicaragua tal vez lo que ha buscado es una optimización de los recursos», dijo.

A su vez agregó:«también estos kits de pruebas requiere un manejo muy cuidadoso en un laboratorio, entonces el Gobierno de Nicaragua tiene los kits de pruebas depositados en un centro único, de tal manera que no es que los kits estén regados en todo el país por esa razón es que tal vez no se lo han podido hacer a todas las personas porque no hay la infraestructura de frío para guardar esos kits de pruebas».

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Mossi: bajar la tarifa es un desafío

Sobre el cuestionamiento de aprobar préstamos a un mercado eléctrico carente de transparencia, Navarro cerró fila junto con otro funcionario del BCIE que justificó aduciendo que estos recursos financian construcciones para electrificar las zonas, no van directo a la distribuidora.

LA PRENSA también cuestionó los altos precios de la tarifa eléctrica, pese a que el BCIE afirmó que sus programas de financiamiento al mercado eléctrico buscan también abaratar la misma. Mossi admitió que ese es uno de los mayores desafíos del país, pero celebró el aumento de la cobertura de la misma.

Pero Navarro dijo que los generadores, que son del sector privado, son los que quieren que se les pague más por sus tarifas y que habían contratos que no se podían cambiar. Indicó que el BCIE no podía incidir en que se baje la tarifa eléctrica en Nicaragua en el marco de sus préstamos, porque eso es un asunto privado del mercado eléctrico nicaragüense.

«Lo que financiamos nosotros son préstamos soberanos al Gobierno de Nicaragua para fortalecer la red eléctrica  y eso contribuye a reducir las pérdidas técnicas», finalizó.

Lo que Navarro no dijo es que en el mercado eléctrico nicaragüense plantas generadoras  vinculadas a Albanisa, manejada por allegados a la familia presidencial Ortega Murillo, tienen participación y además no dejó claro de quién es Disnorte-Dissur, que prácticamente distribuye la electricidad del país a través de las redes que el mismo gobierno desarrolla con los fondos externos que consigue.

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