Este miércoles el juez orteguista William Howard López, titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de Masaya, encontró culpable del delito de robo agravado al preso político, Kennis Vargas en perjuicio de Stanley de Jesús Vásquez.
Vásquez es quién habría caído en la «garra» delincuencial de Vargas y de dos sujetos más en el municipio de Nindirí. El Ministerio Público (MP), en la denuncia, señaló que a bordo de un vehículo el reo de conciencia y dos personas asaltaron a la víctima usando un arma.
El representante del MP solicitó la pena máxima para Vargas que es de siete años de cárcel, mientras la abogada defensora del preso político, Teresa Guadamuz Solís, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), solicitó la mínima que es de cuatro años. El judicial programó la lectura de sentencia para el próximo 10 de diciembre.
Lea también: «Me siento exiliado en mi propio país», denuncia Medardo Mairena
Irregularidades en el proceso
“El juez se atribuyó acciones que no le corresponden. Determinó que el contrato del alquiler del vehículo en que supuestamente se movilizaba Kennis para cometer el delito fue escrito por el mismo acusado y realmente eso lo debe determinar un perito de caligrafía. La acusación de la Fiscalía señala que Kennis andaba robando a bordo de un carro el pasado 10 de agosto en Nindirí, pero nosotros comprobamos que él alquiló un carro el pasado 11 de agosto y entonces no pudo andar robando en ese vehículo el día anterior, ya que alquiló un vehículo un día después que pasaron los hechos”, cuestionó Guadamuz.
Un elemento importante que a criterio de la abogada no fue tomado en cuenta por el judicial al momento de condenar a Kennis, es que la versión de la supuesta víctima presentó varias inconsistencias.
“Se le hicieron preguntas de contrainterrogatorio a la víctima, donde no se quedó claro de cómo él pudo identificar al victimario si en el lugar no había suficiente luz, no quedó evidenciado que había una buena luminaria (en el lugar). Él estaba bajo presión con un arma en la espalda y no quedó completamente claro que hubiera sido Kennis (quién lo asaltó) y llama la atención que no reconoce a los otros dos maleantes, solo a Kennis», criticó la defensa del reo de conciencia.
Te puede interesar: 2020, otro año en que los familiares de opositores encarcelados demandan una «Navidad sin presos políticos»
Preso por estar contra el régimen
Entre otras irregularidades de este proceso están que Vargas enfrentó dos audiencias preliminares, el pasado 17 de agosto y una inicial el 26 del mismo mes, sin tener la oportunidad de elegir a un abogado de su preferencia.
Según la CPDH, Vargas fue nuevamente detenido por oficiales de la Policía Orteguista (PO) el pasado 13 de agosto, a las seis de la tarde, en su casa de habitación, ubicada en el barrio Bello Amanecer, zona nueve de Ciudad Sandino. La Policía lo mantuvo secuestrado varios días y no daban información de su paradero, hasta que por medio la gestión de los activistas por los derechos humanos que revelaron que había sido llevado al Sistema Penitenciario de Granada y que tenía que responder por un delito común.
Entre las irregularidades en este caso, Guadamuz ha señalado que la acusación del Ministerio Público (MP) señala que Kennis fue detenido el 14 de agosto en Nindirí y no en Ciudad Sandino. En las dos acusaciones que ha enfrentado el preso político, lo han vinculado a delitos comunes.
Lea además: Apelan decisión de juez orteguista que dejó en libertad a tirador de Estelí
Kennis Vargas es un microempresario que prestaba el servicio de audio para las marchas de la oposición que se dieron desde abril de 2018. Fue visto como por el régimen como opositor, por lo que fue apresado. El 30 de diciembre de 2019 fue liberado por la dictadura, luego de estar más de año en las celdas.
