Nicaragua ha sido golpeada por dos poderosos huracanes, Eta e Iota, en el lapso de 16 días, pero el dictador Daniel Ortega se ha negado a declarar la emergencia nacional. Defensores de derechos humanos y críticos consideraron que la actitud de Ortega se debe al interés político de seguir presentándose como un gobierno con capacidad de responder a la situación, pero sobre todo, porque simplemente el dictador no dispone del presupuesto público para garantizarle la ayuda necesaria a la población afectada.
El huracán Iota tocó territorio nicaragüense en la noche del lunes 16 de noviembre en categoría 4, y aunque se degradó a depresión tropical en el transcurso de las horas, va dejando una estela de destrucción en la Costa Caribe, Jinotega, Matagalpa y Rivas principalmente. Sin embargo, el embate de Iota se ha sentido en casi todos los departamentos de Nicaragua, con fuertes vientos y lluvias constantes.
Pero, Ortega solo orientó mantener la alerta roja para las zonas del Triángulo Minero, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte y alerta amarilla para los departamentos de Jinotega, Nueva Segovia, Madriz y Chinandega, y la verde para el resto del país. El Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred), desde el pasado 2 de noviembre funciona con esa declaratoria de alerta.
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La profesora Lesbia Espinoza denunció que el Ministerio de Educación (Mined) obligó a los maestros de escuelas públicas a seguir llegando, exponiéndolos al peligro debido a que las ciudades se inundaron. “Es la doble cara de este gobierno, porque usa como propaganda política el desastre. Los maestros pueden ayudar en los centros donde puedan hacerlo, pero no exponer a los maestros y a los alumnos”, dijo la dirigente de la Unidad Magisterial Sindical.
Reportó que a los maestros les obligan a ir hasta las casas a buscar a los niños que no asisten debido a que sus padres prefieren no exponerlos. La declaratoria de emergencia nacional suspendería las clases en el país y permitiría disponer de todas las escuelas como centros de albergue para la población que requiera resguardo.
Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica y Espinoza, de la Unidad Magisterial Sindical (UMS), cuestionaron la negligencia del régimen de Ortega ante los dos huracanes, porque han reaccionado tarde pero también por estarse aprovechando partidariamente de las necesidades de miles de familias damnificadas.
“Existen las condiciones para decretar el estado de emergencia ya que en las últimas tres semanas Nicaragua ha sido golpeada por dos huracanes de categoría 4, lo que supone una emergencia de muchas comunidades y aún estamos en una situación extrema con el riesgo de que se den deslaves, vemos lluvia excesiva”, afirmó Chamorro.
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Nicaragua está de hecho en una emergencia, pero el hecho que el régimen no emita la declaratoria es la incongruencia de la política pública. “Decretar ayuda a concientizar a la población para que se resguarde, y que el Estado pueda hacer uso de recursos especiales para esta calamidad”, señaló Chamorro.
¿Por qué el dictador no decreta la emergencia?
La respuesta para Chamorro y la defensora de derechos humanos, Vilma Núñez, es la decisión del régimen de no mostrarse incapaz de atender la situación, aunque en la práctica ha quedo en evidencia. Pero, además, por no disponer del presupuesto para brindar la ayuda que urge la población afectada por los ciclones.
Chamorro señaló que la causa principal de que Ortega no declare la emergencia nacional es porque quiere mantener la apariencia de normalidad en Nicaragua, aunque la población esté sufriendo.
“Él (Ortega) si decreta la emergencia mostraría un país que no está en una situación normal. La segunda razón es porque no tiene plata. El Estado está quebrado y no puede asignar recursos extraordinarios, porque no tiene de dónde sacarlos, a menos que emita más deuda a tasas de interés altísimas”, señaló el director de la Alianza Cívica.
La prioridad del dictador es la economía. Así lo ha demostrado con la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19, ante la cual el régimen se negó a adoptar las medidas de prevención orientadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La misma actitud tardía ante una emergencia la repite Ortega con los huracanes.
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La Ley de Emergencia (Ley 44) es de carácter constitucional, siendo “un mecanismo excepcional del pueblo nicaragüense para posibilitar la defensa de la vida”. El objetivo de usar esta Ley es “asegurar el funcionamiento de la institucionalidad del país y el ejercicio de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Política, cuando estos se encuentren amenazados o no sea posible garantizar su vigencia con los métodos ordinarios”.
El mecanismo orientado es que el decreto de Estado de Emergencia lo firma el presidente, pero debe ser ratificado por los diputados ante la Asamblea Nacional en un plazo no mayor a los 45 días.
Si bien la Ley de Emergencia faculta al Gobierno a suspender derechos y garantías constitucionales, esto no necesariamente debe incluirlo la declaratoria. En el 2016 con el huracán Otto, que también afectó la zona caribeña, la dictadura declaró el estado de emergencia nacional, pero no suspendió ningún derecho fundamental.
Chamorro recordó que ya en Nicaragua a los ciudadanos se les restringe de facto sus libertades constitucionales, al negarse el derecho a la movilización, de reunión y de información.
Dificultades para obtener ayuda económica
El paso destructivo del huracán Eta a inicios de noviembre por las comunidades de la Costa Caribe y otros departamentos como Jinotega y Nueva Segovia, dejó daños estimados en 172 millones de dólares y más de 10 mil casas dañadas en sus estructuras, según cuantificó el régimen.
Las familias caribeñas, donde más impactó el ciclón Eta, aún estaban regresando a sus hogares donde encontraron que habían perdido casi todos sus bienes debajo del agua o por los fuertes vientos, cuando debieron huir otra vez esta semana ante la llegada del huracán Iota, considerado aún más destructivo.
Ambos huracanes entraron al país en categoría 4, con vientos sostenidos de más de 250 kilómetros por hora y provocando lluvias, crecida de ríos e inundaciones.
Si bien organismos como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) dispusieron de una cartera de ayuda ante la emergencia a los países de la región, en el caso de Nicaragua habrían problemas para acceder a cooperación internacional en condiciones favorables, esto debido a los obstáculos que han colocado los gobiernos extranjeros y organismos financieros ante los abusos a los derechos humanos que mantiene Ortega desde abril del 2018.
“Será difícil que reciba donaciones de cuantías importantes, además que cualquier ayuda vendría a través de las organizaciones sociales o religiosas”, dijo Chamorro. La falta de transparencia por la corrupción evidenciada en el manejo de los recursos públicos es otro caso de desconfianza en la comunidad internacional hacia el régimen orteguista.
Condenan propaganda política
La presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, criticó que ante una situación de emergencia real en Nicaragua quienes están en el Gobierno debieron decretarla como tal desde el huracán Eta, pero que prefieren mantener su discurso de que tienen capacidad de responder con el fin de aprovecharse políticamente.
“Si este hombre, Ortega, actuara en coherencia con la gravedad de la situación, debía usar las disposiciones legales para tomar medidas ante la emergencia, pero no lo hace para seguir manteniendo su discurso de que aquí no pasa nada, que es capaz de controlar todo y de no necesitar ayuda. Es la misma actitud criminal desde el 2018”, con las protestas sociales, dijo Núñez.
El riesgo de la emergencia
La defensora de derechos humanos señaló que habría un riesgo de que legalmente se emita el decreto de emergencia nacional, como es que los órganos represores como la Policía actúen con mayor violencia y cometan más actos criminales en contra de la población, pues recordó que se criminalizó la solidaridad al tratar de impedir que grupos opositores realizaran colectas de ayuda humanitaria para los damnificados de la Costa Caribe.
“No creo que dictar una ley por esta gente sirva para algo, porque son letra muerta. La efectividad de una ley no depende de su perfección sino de la forma en que se aplica. Ese es el riesgo. Lo que debemos es denunciar el proselitismo político que hace el Frente Sandinista con la ayuda humanitaria para la gente que ha perdido todo por el huracán. Eso es criminal”, dijo la presidenta del Cenidh.
Dictadura puede aprovechar emergencia para recrudecer represión
Por su parte, José Pallais, miembro de la Coalición Nacional, no cree conveniente la declaratoria de emergencia nacional porque se le daría otra arma legal a la dictadura para cometer sus vejámenes en contra de los ciudadanos, como confiscar bienes de las empresas con el supuesto de requerirlos ante la situación. “Lo que no ha estado a la altura de la crisis es la capacidad del Gobierno para apoyar a la población, ni en el área de prevención ni atención”, afirmó Pallais.
Mucha propaganda política partidaria del FSLN, pero poca e incluso nula presencia del Estado en varias zonas golpeadas por los huracanes, es parte de las denuncias. Se han centrado en sacar a la gente de las áreas rurales pero a las comunidades rurales no han llegado, dijo Pallais. La ayuda humanitaria, como alimentos y agua, también responde a una selección partidaria aún cuando son miles de personas damnificadas.