En su ofensiva recaudatoria para oxigenar el Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2020, la Alcaldía de Managua continúa con el cobro del servicio por basura y otras obligaciones tributarias como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de periodos que llegan hasta diez años, presionando el pago al punto de llevarlo a la vía judicial, sin importarle el contexto de crisis económica y sanitaria. Pero ¿es legal que exija todos los años?
Para responder a esta pregunta que es hecha por los ciudadanos y también motivo de preocupación, LA PRENSA ha revisado el Plan de Arbitrios del Municipio de Managua, aprobado en 1991 pero que sigue vigente y con el cual se debe regir todo cobro de impuestos, tasa, contribuciones y multas de la comuna.
De acuerdo al artículo 71 del Plan de Arbitrios de Managua – porque existe un Plan de Arbitrios para el resto de municipios del país – toda obligación tributaria prescriben a los dos años contando desde la fecha en que fueron exigibles; no obstante, el artículo 72 aclara que la prescripción puede ser interrumpida mediante un cobro judicial o extrajudicial, «a través de notificación escrita al contribuyente», a como lo hace la Dirección de Recaudación.
Respecto a esto el municipalista Manuel Ortega Hegg analizó en enero pasado, cuando ya era evidente la agresividad recaudatoria, que en los casos que la Alcaldía no cobró cada uno de esos años por escrito, el ciudadano no está obligado a pagarlo todo y solo debe responder por los últimos dos años.
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Del procedimiento a seguir para terminar pagando solo los últimos dos años, Ortega Hegg recordó el artículo 73 del mismo Plan de Arbitrios: «La prescripción que extingue el crédito municipal no pueden decretarla de oficio las autoridades municipales, pero podrán invocarla los contribuyentes, cuando se les quiera hacer efectivo un crédito municipal prescrito». Es decir que es la persona que debe hacer uso.
Sellin Figueroa, concejal de Ciudadanos por la Libertad (CxL), exhortó a todos los contribuyentes que se les esté exigiendo el pago de más de dos años de impuestos a que hagan uso de esta defensa permitida por la ley. «El marco jurídico llama a honrar sus tributos al contribuyentes en los términos de los dos años y por ende tiene ese deber, no es que estoy llamando al no pago, sino que honrar los tributos en lo que la ley permite y exigir sus derechos en lo que la misma ley le permite», aclaró.
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Figueroa reveló que personas naturales y jurídicas siguen recurriendo al Concejo Municipal con la esperanza de conseguir se les revoque cobros altos por IBI y tasa por basura pero que la aplanadora orteguista no lo permite. Y aunque reconoció que no hay voluntad de la actual administración de disminuir las cantidades, recomendó que agoten todas las instancias correspondientes.
El Presupuesto de Ingresos y Egresos 2020 de la municipalidad proyecta cerrar este año con una recaudación de 73.4 millones de córdobas en concepto de tasa por basura. El año pasado logró 68.3 millones de córdobas por el mismo rubro.
