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CONTENIDO EXCLUSIVO.Tradicionalmente las dictaduras se sostienen con respaldo militar, sobretodo protegidas por una policía política implacable y represora que prioriza su trabajo en el ataque hacia opositores de los regímenes y no en la lucha contra la actividad delictiva. En Nicaragua la denominada Policía Orteguista (PO) ya cumple, de acuerdo con expertos en temas de seguridad y defensores de derechos humanos, con todas las condiciones y conceptos para ser determinada como una policía política y no como un órgano de seguridad ciudadana.
Elvira Cuadra afirmó que la conversión de la Policía Nacional a un órgano político fue gradual e inició en el 2007 cuando Ortega regresó al poder. “Esto se ha venido desarrollando en varios momentos, el primero de ellos fue el de cooptación fuerte entre más o menos el año 2007 y 2014, luego desde el 2014 al 2017 fue la legalización de todo ese proceso de subordinación de la Policía al proyecto personal de los Ortega-Murillo y desde el 2018 a la fecha, ya esa dejó de ser una institución nacional, para ser convertirse en un aparato de represión ciudadana; incluso más que ser un aparato político partidario, la característica que tiene es de ser un aparato al servicio de una familia y de un grupo particular”, explicó.
Cuadra considera que el régimen Ortega-Murillo desde el 2018 ha impuesto una política de represión y un Estado de excepción de facto que limita los derechos de los nicaragüenses. En ese año la dictadura es señalada de haber asesinado a más de 300 personas, encarcelado a centenares y ha obligado a exiliarse a miles en otros países.
Priorizan asediar a opositores
En diversas ocasiones opositores al régimen han encarado a los oficiales de la PO para reprocharles que están defendiendo a una familia y a una dictadura. Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y Félix Maradiaga, miembro de la Unidad Azul y Blanco (UNAB), en diversas ocasiones han reprochado al dictador el derroche de recursos del Estado que son usados para asediar, perseguir, acosar a los opositores y no para brindar seguridad y protección a la ciudadanía.
Y es que el régimen envía hasta tres camionetas repletas de policías y entre dos a tres motorizados a las viviendas de los opositores para asediarlos, vigilar sus movimientos y recientemente evitar que éstos viajen a los departamentos del país para organizarse con las bases, mientras la inseguridad en los barrios aumenta y denuncias serias, como el caso del asesinato de las niñas de Mulukukú, no son bien atendidas.
Carmen Rodríguez Dávila, madre de las víctimas, dijo a los medios de comunicación que una de las niñas asesinadas y violadas ya había sido ultrajada cuando tenía siete años. Ella en ese momento interpuso la denuncia en la Policía de Mulukukú, pero las autoridades no dieron mayor respuesta al caso. Lo único que hicieron fue tomar la declaración. El resto de la trágica historia ya es del conocimiento social. Las dos niñas, de 10 y 12 años, fueron asesinadas y violadas por un conocido de la familia el pasado 12 de septiembre en la comunidad Lizawe, en Mulukukú.
Solo Ortega está seguro
LA PRENSA conoció extraoficialmente que en la casa-partido-despacho presidencial del dictador más de 200 entre oficiales de la PO y del Ejército se mantienen a diario resguardándolo. A partir de abril de 2018, aunque se desconoce el número por la falta de información a los medios de comunicación independientes, Ortega aumentó hasta 400 metros alrededor de su vivienda el perímetro de seguridad, ubicando vayas metálicas y barricadas echas con piedras canteras vigiladas por policías.
Como ejemplo de estos derroches y abuso, dar protección a un grupo de altos funcionarios del régimen, que incluye a la familia de los dictadores Ortega y Murillo, costó este año 557 por ciento más caro de lo que la PO destinó para los planes de seguridad vial a nivel nacional, de acuerdo con la propuesta presupuestaria de la entidad.
La PO presupuestó 333.9 millones de córdobas (unos 10 millones de dólares) para proteger a personalidades en 2020, un monto exagerado al compararse con los 1.5 millones de dólares asignados en seguridad vial.
Nicaragüenses se sienten más inseguros
La última encuesta de la firma CID-Gallup divulgada el 2 de octubre refleja un incremento inédito en los últimos diez años de percepción de inseguridad que tienen los nicaragüenses.
En este último estudio de Opinión Pública en el que se consultó a 1,202 adultos, entre el 16 y el 24 de septiembre de este año, el 83 por ciento dijo creer que el crimen y la delincuencia habían aumentado en los últimos cuatro meses.
Este 83 por ciento es 34 puntos superior al de hace solamente cuatro meses, cuando esta percepción estaba en 49 por ciento. En el documento, CID-Gallup señala haber realizado en septiembre estudios en diez países latinoamericanos y “ninguno ha mostrado un aumento tan abrupto en la criminalidad como ahora en Nicaragua”.
Lo más alto que ha estado esta percepción de inseguridad en los últimos diez años —según las mismas encuestas de CID-Gallup— fue precisamente en 2010, cuando esta estadística se había disparado hasta el 62 por ciento. Los expertos no dudan en señalar que estos datos se sostienen en la percepción de que la “Policía de Nicaragua está más concentrada en reprimir opositores que garantizar la seguridad ciudadana”.
Incluso una investigación de LA PRENSA publicada el pasado 9 de agosto reveló que este año han aumentado las incautaciones de armas de fuego, robos con intimidación y presencia de bandas delincuenciales.
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Un Estado policíaco
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que Nicaragua vive bajo un estado policíaco. Señaló que es lamentable y peligroso el grado de indefensión en que viven los nicaragüenses ante la falta de institucionalidad y la represión de una policía política y partidaria.
“Tenemos una policía represiva, intolerante y abusiva que viola derechos humanos, que viola nuestros derechos y garantías constitucionales; y que lo que menos hace es promover derechos humanos, lo que menos hace es garantizar la seguridad ciudadana, más bien está enfocada en proteger al partido del Gobierno y en este sentido esto la hace una institución que no representa los intereses del pueblo de Nicaragua”, cuestionó Carmona.
Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aseveró que los altos mandos policiales fueron “atrapados” por la familia Ortega-Murillo desde el año 2007, aunque la mayoría de estos ya eran simpatizantes de la actual dictadura.
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Aminta Granera fue un ejemplo
Como ejemplo de cómo el dictador iba “atrapando” a los jefes policiales fue en el año 2011, cuando Ortega arrastró a la ilegalidad a la primera comisionada en retiro, Aminta Granera, quién aceptó quedarse en el cargo, a pesar de que la Ley Orgánica de la Policía se lo prohibía.
El artículo 88, inciso 1, de la sección VIII Nombramientos, permanencia y bajas de la Ley 228, Ley Orgánica de la Policía Nacional, establece que “el Director General tendrá una permanencia de cinco años en el cargo y concluido este período pasará a retiro, el nuevo Director General recibirá el cargo en acto solemne”.
“Los principales cuadros de la jefatura policial asumieron y abrazaron la bandera del Frente Sandinista. Por eso no les importó violar el principio de ser una institución apartidaria y podíamos ver en las estaciones policiales la bandera sandinista. Vimos a los altos mandos participar abiertamente en actividades partidarias y haciendo proselitismo político, algo que ocultaron durante los gobiernos liberales”, recordó Carrión.
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Dejavú en Nicaragua
Cuadra recordó que en Nicaragua ya hay antecedentes de una policía política al servicio de una familia dictatorial, como fue la La Guardia Nacional, que tenía funciones policiales.
La dinastía de los Somoza gobernó los designios de Nicaragua desde 1936 hasta julio de 1979, con la bendición del Gobierno de EE.UU, y es señalada de promover miles de delitos y crímenes contra el pueblo. Sin embargo, disidentes del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) aseguran que el régimen de Ortega “ha sido más mortal y sangriento que el de Somoza”.
La dictadura dinástica somocista se mantuvo en el poder por más de 40 años. A Anastasio Somoza García, uno de los dictadores de esta familia, se le acusó de convertir a la Guardia Nacional en un cuerpo a su servicio personal y, posteriormente a su servicio familiar.
Carmona criticó que la PO discrimina a los nicaragüenses y trata como ciudadanos de segunda categoría a quienes no comulgan con el partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). “Lo que está garantizando esta Policía es la permanencia de la familia Ortega-Murillo en el poder, ya que no vela por los intereses de una nación, sino que vela por los intereses de un partido político y por ende por la familia que está en el Gobierno. Esa es una Policía que solo rinde tributo a ellos, no al pueblo de Nicaragua”.
Chile, un mal recuerdo
En América Latina Chile es otro mal ejemplo en que la Policía fue convertida en política al servicio de los intereses de un dictador. En este país del sur del continente, los oficiales apoyaban fielmente a la dictadura de derecha de Augusto Pinochet, sin importarle los derechos humanos y civiles de sus ciudadanos.
En ese país entre 1973-1990 las sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura dejaron una saldo de al menos 28, 259 víctimas de prisión política y tortura, 67, 2298 ejecutados y 1209 detenidos desaparecidos.
“La parte toral de la Policía en Nicaragua en lo referido a servirle y brindarle seguridad a todos, sin excepción, está fracturada, por lo que habría de reconstituirla desde arriba hacia abajo; desde la Academia de Policía, Walter Mendoza, donde antes se les enseñaba a los aspirantes a policías a respetar los derechos humanos de las personas, pero ahora bajo el modelo de la dictadura, esto ya no se imparte”, finalizó Carrión.