La dictadura Ortega-Murillo es, para decirlo una vez más, enemiga de los derechos humanos y de las libertades individuales, restringidas por los liberticidas de El Carmen, de la Asamblea Nacional y de las huestes del orteguismo. Su más reciente ataque a la libertad y a la Constitución ha sido la aprobación por decreto de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, con la que pretende criminalizar la libertad de expresión.
Actuando como talibán de la libertad, pretenden silenciar en las redes sociales a las voces opositoras contra su tiranía, a fin de no poder informar a la comunidad internacional sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país. Como bien sabemos, estas fueron la principal evidencia de los crímenes de Ortega-Murillo en el contexto de las protestas de abril 2018. Dicha estrategia es la máxima expresión del Estado como principal violador de los derechos y las libertades.
En Nicaragua no existe un control constitucional frente a las leyes liberticidas de la dictadura. Sin embargo, han sabido camuflar su persecución y asedio al decir que dicha estrategia es para “uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio que permita el aprovechamiento de las TIC´s como herramienta que contribuya a la paz, estabilidad, seguridad y desarrollo sostenible del país”. Es un ataque frontal a la libertad de expresión, de información que antes habían violentado con la toma manu militari de medios de comunicación independientes y los embargos contra estos como parte de su persecución fiscal. Ese modus operandi del sandinismo nos recuerda los ataques a LA PRENSA.
Una vez más raya en la criminalidad del estado y desde los medios de comunicación que controlan y de donde emanan los alaridos desesperados de Rosario Murillo para descalificar a la oposición nicaragüense.
El régimen no oculta su desprecio por los derechos humanos y viola su propia Constitución que garantiza la protesta, el derecho a la información y el respeto a la propiedad privada. Pero es sabido por todos nosotros que el FSLN es enemigo de estos tres derechos. Y ahí donde no hay libertad, no hay progreso, no hay desarrollo ni crecimiento económico, solo queda el terrorismo estatal y liberticida de Daniel y Rosario.
Esta cruel realidad que parece postergarse en tanto no exista un acuerdo común en la oposición y no se consensue una agenda de presión interna que termine de torcer a El Carmen, las libertades seguirán agonizando en Nicaragua, condenados a que desde el Estado se nos diga cómo pensar, qué decir y en dónde decirlo.
Por ello seguiré insistiendo que mientras no dejemos a un lado los egos y las soberbias, los proyectos personales similares a los del orteguismo, veremos cómo se sacrifica la libertad en un país donde la única minoría es y será: el individuo.
El autor es estudiante de Derecho.
