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El abuso sexual contra niñas es un delito que en Nicaragua se da principalmente en el hogar. LA PRENSA/ Cortesía, Desapariciones.

Los abusos sexuales en su mayoría son contra niños y niñas menores de 17 años, según datos del IML. LA PRENSA/ ARCHIVO/

“Yo le agradezco a mis padres que me garrotearon”. Lo peligroso del castigo físico como medida disciplinaria

A lectura de sociólogos, psicólogos y defensores de los derechos de la niñez el modelo de «crianza violenta» en la sociedad nicaragüense debe ser eliminado

Tenía cuatro años y fue asesinada. La niña murió a manos de sus parientes Pedro Dávila y Fanny Pérez, de acuerdo a la confesión de ellos mismos. Ella es la víctima más reciente de femicidio en el país, un crimen que ocurrió en el municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa. Pero además de su cruel muerte, a su corta edad fue víctima de violencia física y sexual. Los cuatro meses que estuvo viviendo con su tío y esposa, a la niña la golpeaban con palos de escoba, fajas y varas porque «era muy malcriada, la castigábamos», según testimonios autores de crimen, quienes relataron los hechos en forma de excusa, normalizando el maltrato infantil como manera de «corrección» de conducta o método de disciplina.

Si bien el aberrante delito ha conmovido a los nicaragüenses, quienes se han mostrado indignados y condenan este tipo de violencia en redes sociales, especialistas señalan en que hay una problemática estructural que ver detrás de todo esto: el maltrato infantil. En Nicaragua — donde reina una cultura de violencia que se refleja desde la represión, violencia y tortura gubernamental — el maltrato físico y psicológico se ha normalizado y naturalizado con el argumento de que se debe «corregir» o educar a la niñez de esta forma agresiva, advierten.

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En Nicaragua existe el Código de Niñez y la Adolescencia desde 1990, pero que a criterio de sociólogas y especialistas en la defensa de los niños y niñas en el país se hace «poco o nada» en función de la aplicación de castigos o sentencias contra los agresores y menos aún por defender los derechos de los menores que están establecidos en la Ley 287.

Marvin García, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia (Codeni), sostuvo que en Nicaragua hay una cantidad de leyes sólo en papel, pero que no sirven de nada porque la problemática se agudiza aún más sin que se apliquen.

«Hay todo un instrumento jurídico y normativo que va más allá del Código de la Niñez, por mencionar, el Código de la Familia, la Política de la Infancia (…) pero el problema está en la aplicación y cumplimiento de los mismos que vayan en función de crear acciones que cambien el maltrato infantil, pero conocemos que aquí se hace poco o nada por cambiar esa mentalidad desde las familias», indicó García.

Las principales víctimas de abuso sexual y violación son los niños, niñas y adolescentes. LA PRENSA/ ARCHIVO

La socióloga Marycé Mejía coincidió con lo expuesto por García, de Codeni, y agregó que como ciudadanos «tenemos conocimiento pero no la conciencia y sensibilidad que debemos tener hacia el respeto a la integridad de las otras personas, principalmente cuando son menores, porque por ser niños y niñas se encuentran en doble vulnerabilidad y mayor riesgo».

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se concibe como maltrato infantil a toda agresión física, verbal, económica, psicológica, sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

«Sujetos pasivos» en derechos

Ambos especialistas señalan que en Nicaragua se trata y se ve a los niños y niñas como «sujetos pasivos», es decir, que son ciudadanos sin voz ni voto, en medio de la cultura machista y patriarcal que impera en el país. «A ellos (niñas y niños) no se les ven como sujetos de derechos, todavía como sociedad tenemos esa percepción de decir que como menores de edad, no tienen derechos, menos voz y voto, por lo tanto son los padres quienes deciden por ellos», apuntó García, lo que implica también que los métodos de crianza o “corrección” incluyan la violencia en distintas formas.

En esa misma línea, Mejía explicó que históricamente en Nicaragua se concibe que como son menores «deben subordinarse a los adultos, porque siempre se cree que la razón la tienen los adultos. Lamentablemente hemos visto a los niños y niñas como sujetos pasivos en sus derechos, pero debemos saber que ellos nacen con derecho y hay que respetárselos», al igual que su integridad física y psicológica.

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En Nicaragua, de acuerdo al registro del Instituto de Medicina Legal (IML), en 2018 se recibieron 4,500 denuncias por violencia intrafamiliar, de esas el 7 por ciento — es decir 998 — obedecieron a peritajes por maltrato infantil. El coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Codeni aseveró que «esos datos es la constante del nivel de maltrato infantil que cada año se percibe en nuestro país» y añadió que se debe a la falta de implementación de políticas públicas y de protección de la niñez y adolescencia.

Crianza violenta en casas

El maltrato infantil nace, crece y se reproduce desde el entorno familiar y se expande a otros espacios, bien sean públicos o privados. De acuerdo a la socióloga el «hogar» como institución familiar es el primer núcleo dónde los menores crecen, viven e inclusive se normaliza la agresión como «modelos de crianza violenta».

«Vemos que hay una ruptura familiar por otras problemáticas como la pobreza, la falta de educación, una construcción social donde hemos aprendido a ser corregidos a través de tratos violentos, hay modelos de crianza muy violentos que se han normalizado y romantizado porque les dicen a los menores “te castigo porque te quiero”. Cuando en realidad la violencia no es símbolo de afecto, ese afectividad, seguridad que necesitamos a esa edad, y que peor aún los agresores no son castigados y quizás vemos el castigo cuando la violencia transciende a asesinatos, es lamentable que tengamos que ver ese tipo de hechos tan horroroso para actuar», refutó Mejía.

La niñez es la más vulnerable a abusos y en los hogares ocurre la mayoría de abusos sistemáticos a menores. La Prensa/Oscar Navarrete.

Por su parte, García destacó que en los 28 años que tiene Codeni de trabajar con la niñez y adolescencia no han visto algún cambio en los estilos y modelos de crianza violentos, que a su criterio deben ser eliminados. «Vemos que el castigo físico, las familias lo mantienen como una medida disciplinaria, es una constante que se aplica a nivel familiar y refleja que se ha desnaturalizado el hogar como primer núcleo de protección y erradamente se naturaliza ese método violento, porque creemos que la mejor forma de “corregir” es a través de los golpes. Siempre escuchamos frases de adultos que dicen “yo le agradezco a mis padres que me garrotearon (pegaron) para ser un buen ciudadano”, pero no es cierto, eso es refleja solo la cultura de la violenta machista que sufrimos y la reproducimos», aclaró.

La ruleta de la violencia

En cuanto a la responsabilidad del Estado de Nicaragua, el artículo 7 de la Ley 287 establece que el Estado «debe asegurar, con absoluta prioridad, el cumplimiento de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes referentes a la vida, convivencia familiar y comunitaria, identidad, nacionalidad, salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente, deporte, recreación, profesionalización, cultura, dignidad, respeto y libertad».

Más adelante (en el inciso c) dicta que de «especial preferencia en la formulación ejecución de las políticas públicas encaminadas a crear las condiciones de vida que garanticen el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes». Con respecto a lo expuesto en la Ley, la socióloga Mejía asegura que el Estado incluyendo al Poder Judicial ha permanecido ausente y ha fallado en todas sus funciones.

«Vemos que el Estado ha caído en su nivel más bajo en cuanto a garantizar todos los derechos humanos, estamos pasando la peor de las crisis, el deterioro de todo derecho, porque ni siquiera les están garantizando el derecho a los chiquitos (indefensos), y mucho menos a los más grandes (adultos), porque sabemos que no hay prioridad de atender esta gran problemática en medio de una dictadura que cercena todo derecho», manifestó Mejía.

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Ella advirtió que mientras el Estado y el sistema de justicia estén fallando «vamos a seguir repitiendo este ciclo terrible, porque creemos que la crianza por medio del maltrato, es la correcta ya que en el país se ha normalizado y romantizado, cuando lo ideal es eliminar esos patrones de la violencia que es estructural. El maltrato infantil, es como una ruleta que va dando vuelta, por eso hay que eliminarlo, cortarlo con educación, políticas públicas, dónde el Estado se responsabilice de esta problemática para que el sistema de protección funcione en favor de los más desprotegidos, para que los niños y niñas crezcan en entornos más amigables, seguros y afectivos», subrayó Mejía.

Para el coordinador del Observatorio de Codeni la problemática del maltrato infantil «tiene la misma connotación que la violencia de género, porque en el país se hace poco o nada, por parte de las instituciones rectoras de esta problemática» y agregó que «no hay una educación para que las familias, aprendan o busquen la función de cambiar ese estilo de crianza por positivas a través de la educación y comunicación, y evitar llegar a agredir a los menores física y psicológicamente».

Acción social: denunciar, no encubrir

¿Qué podemos hacer como sociedad?, al presenciar o conocer sobre situaciones de agresión contra los menores, lo que recomiendan los especialistas es de entrada denunciar ante las instancias correspondientes, Policía Nacional y Ministerio de la Familia, a los agresores o utilizar las redes sociales como vía de denuncia y concientización, pero algo que destacan es trabajar en campañas sensibilizadoras desde las comunidades, barrios, colegios para cambiar los estilos de crianza violenta.

El artículo 5 de la Ley 287, refiere que «ninguna niña, niño o adolescente, será objeto de cualquier forma de discriminación, explotación, traslado ilícito dentro o fuera del país, violencia, abuso o maltrato físico, psíquico y sexual, tratamiento inhumano, aterrorizador, humillante, opresivo, trato cruel, atentado o negligencia, por acción u omisión a sus derechos y libertades» y advierte que «los que los realizaren incurrirán en responsabilidad penal y civil».

Los traumas del maltrato infantil

La psicóloga infantil Rita Sequeira menciona que el maltrato infantil a corto y largo plazo causa graves repercusiones en los niños y niñas, las consecuencias suelen ser psicológicas, emocionales, pero también de conductas. En primera instancia refiere que los menores además de ser víctimas, se vuelven victimarios en el preciso momento o lo desarrollan en un futuro, por ello la especialista coincidió en señalar que estas prácticas se deben erradicar.

«El maltrato infantil causa estrés y provoca trastornos en el desarrollo cerebral temprano, porque el mismo estrés altera el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario, como consecuencia vemos a largo plazo que los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren un mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales», explicó la especialista.

El 62 por ciento de violaciones y abusos sexuales son a niñas y adolescentes.
El 62 por ciento de violaciones y abusos sexuales son a niñas y adolescentes. LA PRENSA/ ARCHIVO

En esa misma línea, señaló que incide «en el autoestima, desarrollo personal, e inclusive en la misma salud, en todo lo que corresponde a su yo, tanto en la autonomía y espiritual, se convierte para ellos en un ambiente hostil, hasta el punto de convertirse en victimarios, es decir se vuelven agresores de otros niños y niñas, porque reproducen la violencia que reciben».

La especialista agregó que también los niños y niñas llegan a caer en «depresión, no salen bien en sus clases, no se relacionan con otros niños, se encierran, se aíslan socialmente. Y cuando llegan a la adolescencia puede ser que se vuelvan dependientes de las drogas, alcohol, cigarrillos e incluso a que obtén por el suicidio, porque la persona no puede o se siente incapaz de cargar con este maltrato todo la vida».

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