Tres días después que la aplanadora del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Concejo Municipal aprobó la actualización de la tabla catastral, con la cual se cobrará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en 2021 y 2022, las tres bancadas opositoras buscaron el documento que prometió entregar Jennifer Porras, secretaria del Concejo, pero les fue negado.
Ante la negativa municipal de compartirles el documento, los concejales del Partido Conservador (PC), Ciudadanos por la Libertad (CxL) y Partido Liberal Constitucionalista (PLC) denunciaron que la administración de Reyna Rueda sigue ocultando información y que esa lista catastral es una tabla fantasma, la cual podría contemplar mayores cobros y por eso a ellos se les oculta.
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“Estos cobros que van a hacer en el IBI son completamente ilegales porque no cumplieron el procedimiento a como lo establece la Ley 40, la Ley de Municipios, que toda resolución se presenta al menos dos sesiones antes para poder valorar y dar un criterio técnico al respecto, sin embargo lo metieron en puntos varios cuando la ley habla que lo tienen que poner en la orden del día y por ende manifestamos que es ilegal”, criticó Sellin Figueroa, de CxL.
Desde 2019 la administración de Rueda —donde el poder en la práctica recae en el secretario general Fidel Moreno—, mantiene un férreo cobro del IBI para oxigenar su Presupuesto Anual, el cual se ha visto severamente afectado con la crisis sociopolítica de 2018. LA PRENSA ha dejado al descubierto la política recaudatoria y las amenazas a los deudores.
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“Venimos a tomarle la palabra para que se nos presentara la tabla y ustedes son testigos del tiempo que se utilizó y no dieron respuesta alguna. Que esperáramos, pero podemos esperar un año, podemos esperar un día, podemos esperar una semana y todavía estaríamos aquí esperando esa tabla fantasma”, remarcó el conservador Marvin Martínez.
Concejales se ofrecen a ayudar
En cada sesión del Concejo se abordan recursos de apelación por el cobro del IBI y siempre la aplanadora sandinista los declara “no ha lugar”. Ante esta situación el concejal liberal Carlos Bonilla recomendó que los afectados lleguen antes a sus bancadas para ver de qué manera se les puede acompañar.
“Que nos busquen para que nosotros podamos apoyarlos antes de que lleguen sus casos a las sesiones ordinarias, que ya van con una resolución administrativa que nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nos la entregan y en 30, 40 segundos tenemos que leerla y a veces lleva cuatro, cinco, seis páginas, ¿qué podemos nosotros decidir en ese momento? Si nos buscan antes nosotros podemos apoyarlos”, aseguró Bonilla.