La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se apresta a dictar un nuevo instrumento legal de represión contra la disidencia y la oposición democrática. Se trata de la llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la cual fue presentada este martes 22 de septiembre en la Asamblea Nacional, por la bancada el Frente Sandinista, para darle el trámite formal de su aprobación.
El objetivo de dicha ley es convertir en agentes extranjeros a los representantes de las organizaciones sociales y políticas que obtengan cualquier clase de financiamiento solidario del exterior, impedir que lo reciban y castigarlos en caso que se arriesguen a recibirlo.
Este instrumento legal de represión existe y se aplica rigurosamente en los países dominados por regímenes dictatoriales y tiránicos. Al respecto los dirigentes opositores Félix Maradiaga y Eliseo Núñez, de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica, respectivamente, coincidieron en decir a LA PRENSA que el régimen de Ortega “está copiando la estrategia de la dictadura de Cuba” para “desatar una persecución legal y financiera contra organizaciones no gubernamentales (ONG), partidos y movimientos políticos, empresas, así como medios de comunicación independientes”.
Pero además, con esa ley la dictadura orteguista no solo podrá justificar la prohibición de medios de comunicación independientes, sino también encarcelar y enjuiciar a quienes los dirijan y trabajen en ellos.
Al respecto el abogado Avil Ramírez, quien fuera ministro de Defensa durante el gobierno de don Enrique Bolaños, escribió en el medio digital “4to mono” que el susodicho proyecto legislativo “es una copia de una ley rusa de 2012” que dictó el régimen autoritario de Vladímir Putin en Rusia, con el mismo propósito represivo con que la está copiando ahora el régimen dictatorial de Nicaragua. Y agrega que el proyecto de ley orteguista incorpora elementos de la Ley de Organizaciones Indeseables de Rusia, otro instrumento legal putinista para reprimir a demócratas opositores y disidentes.
En Cuba, donde desde 1959 impera la tiranía comunista castrista, que es el modelo político de Daniel Ortega, existe desde 1985 una Ley de Asociaciones que obliga a las pocas ONG que se permiten al país a colaborar con el régimen totalitario. Además, desde marzo de 1999 rige en ese país una llamada Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, cuyo contenido es básicamente igual al de la nueva ley que está fraguando el orteguismo.
También en Venezuela, en diciembre de 2010 la dictadura bolivariana dictó la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que criminaliza las donaciones externas a las organizaciones políticas opositoras y sociales independientes.
Es obvio que con la nueva ley represiva Ortega quiere impedir que la resistencia democrática se fortalezca y amenace seriamente a su dictadura, ya sea con derrotarla electoralmente o con derrocarla mediante una nueva rebelión ciudadana como la de abril de 2018. O tal vez sea que, como ya lo ha hecho en el pasado, Ortega está apretando las tuercas de la represión para llegar con ventaja a una eventual nueva negociación política, si no con la oposición nicaragüense quizás con la comunidad internacional, en particular la OEA. El tiempo lo dirá.
