LA PRENSA publicó este fin de semana un estremecedor reportaje sobre los asesinatos atroces de mujeres y niñas, algunos acompañados de violaciones sexuales, ocurridos en días recientes y a lo largo de los últimos años.
La lectura de esos trabajos periodísticos vuelve a producir en quienes los leen y reflexionan sobre los hechos narrados, no solo asco moral, indignación y repudio, sino también el deseo de que esos crímenes horrendos —o mejor dicho, los seres inhumanos y degenerados que los cometen—, sean castigados con el mayor rigor que permita el sistema de justicia. No es sentimiento de venganza sino deseo y necesidad de justicia.
De manera que resulta comprensible que haya personas que respalden la propuesta de Daniel Ortega a su Corte Suprema de Justicia, de que reforme la legislación penal e imponga la pena de “cadena perpetua”, ya que no se puede, dijo, restablecer la pena de muerte porque está prohibida por convenios internacionales.
Es obvio que Ortega es un ignorante del tema constitucional y legal. No sabe que para establecer la prisión perpetua se requiere de una reforma constitucional parcial y que la Corte no tiene iniciativa para presentarla, solo el poder ejecutivo y la Asamblea Nacional. Pero esto es una cuestión de procedimiento. La prisión perpetua se puede establecer en Nicaragua si la aprueban los diputados que son sumisos a Ortega. Existe en algunos países y se aplica de conformidad con el principio de que el castigo a los criminales debe ser proporcional a los daños que han causado.
Sin embargo, está comprobado por la experiencia jurídica y penal universal que el incremento de penas no logra disminuir la incidencia del delito, ni siquiera la sentencia de muerte en aquellos países donde todavía está vigente y se aplica de vez en cuando. Se considera que, por lo general, nadie que comete un crimen, por horrendo que sea, piensa en el momento de cometerlo en el castigo que podría recibir. Inclusive, casi siempre los criminales son reincidentes.
Por otra parte, la propuesta o amenaza de Ortega de establecer la pena de prisión perpetua supuestamente para castigar a quienes cometen crímenes de odio y los violadores y asesinos de niñas y mujeres, no significa que está preocupado por la gran incidencia de esos delitos. Lo hace por populismo punitivo, para simular que quiere hacer justicia y recuperar popularidad en sectores de la población que han sido su base política tradicional, resquebrajada seriamente a partir de abril de 2018.
Además, como el mismo Ortega lo dijo claramente en su discurso del 15 de septiembre recién pasado, la pena de prisión perpetua sería sobre todo para imponerla a sus adversarios políticos que se destaquen en la oposición y la resistencia cívica y pacífica contra la dictadura.
En un país donde no hay justicia, donde el poder judicial está putrefacto y subordinado a una dictadura que sustenta y predica la ideología del odio, cualquier instrumento jurídico es utilizado como herramienta de represión y exterminio de opositores. Inclusive la pena de muerte, que no existe legalmente en Nicaragua, de hecho ha sido aplicada ampliamente por la dictadura contra sus adversarios, ya sea selectivamente, mediante ejecuciones extrajudiciales, o de manera colectiva como en la sangrienta represión del alzamiento cívico de abril y meses siguientes de 2018.
