Unos 17 mil nicaragüenses refugiados en Costa Rica están contemplando regresar a Nicaragua, debido al hambre que padecen por falta de empleos en medio de la pandemia por Covid-19, pero su panorama aquí es desconsolador e inseguro, afirmaron a LA PRENSA defensores de derechos humanos quienes insisten en que en Nicaragua «no hay garantías, ni condiciones» para su retorno por la falta de voluntad del Gobierno de Daniel Ortega que continúa encarcelando a los opositores y exiliados.
Los connacionales se encuentran en el dilema de regresar a Nicaragua o quedarse en la vecina nación, donde según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), tres de cada cuatro nicaragüenses pasan hambre y comen sólo una o dos veces al día, debido al impacto socioeconómico que ha ocasionado la pandemia.
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De acuerdo a la información de ACNUR ese país acoge cerca de 81 mil ciudadanos que decidieron huir de Nicaragua por las violaciones de derechos humanos y la persecución, que emprendió el régimen Ortega-Murillo desde abril 2018, y que en la actualidad el 21 por ciento de ellos dicen estar contemplando regresar a Nicaragua, por la falta de ingresos y alimentos. Ante esta situación el organismo internacional manifestó que le «preocupa que esto pueda generar retornos en condiciones adversas».
Retorno inseguro
El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, mencionó que han comprobado que hay «desesperación» en los nicaragüenses producto de la falta de empleos y el deber mantener a sus familias.
«Nosotros hemos conocido versiones de personas que desean retornar a Nicaragua, sin embargo, es un retorno que no les garantiza la vida, porque muchos nicaragüenses que han regresado, unos están siendo asediados por policías y paramilitares, otros ni siquiera han llegado a sus casas, otros encarcelados producto de que se le están abriendo procesos judiciales, los torturan y peor aún les quitan la vida», aseveró el defensor a LA PRENSA.
Además, Carmona lamentó que el Gobierno de Nicaragua continúe vulnerando las libertades y derechos constitucionales de los ciudadanos, en medio de la crisis sociopolítica y sanitaria. «Aquí muchos de los encarcelados políticos además de sufrir asedio, les han cerrado la puerta para poder conseguir un empleo. A nosotros nos preocupa esta situación, porque aquí les recetan la muerte civil», sostuvo Carmona.
Por su parte, Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, manifestó que la intención de los nicaragüenses de retornar al país es «latente», sin embargo, recordó la situación de los más de 500 connacionales que estuvieron varados por semanas en la frontera de Peñas Blancas porque el régimen orteguista no les permitía entrar al país sin las pruebas y tampoco se las facilitó como era deber, mientras otros se vieron obligados a recurrir a puntos ciegos.
«El hecho de que la gente se haya cruzado para llegar a Nicaragua es una muestra de que ahí (Costa Rica) está pasando algo grave y serio, y que los motiva a regresar», señaló Carrión y agregó que los connacionales se estarían enfrentando a un «retorno inseguro», porque en el país les recetan represión.
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«Allá (Nicaragua) tenés dos grandes problemas, por un lado la represión y por el otro la pandemia, a cual más peligrosa, pero la que representa terror es la dictadura que asesina con fusiles», concluyó el defensor exiliado en Costa Rica.
Responsabilidad del Gobierno
Ambos defensores insistieron en remarcar que el mayor responsable de la situación de los ciudadanos es el Gobierno Ortega-Murillo, que debería «brindar condiciones para un retorno seguro» para que los nicaragüenses puedan vivir con tranquilidad y seguridad. «Sabemos que los ciudadanos que retornan al país no tienen la seguridad de tener un empleo, porque el mismo gobierno le declara la muerte civil, porque les cierran la puerta», dijo Carmona.
Finalmente llamaron a las autoridades nicaragüenses a que de una vez sea «un gobierno tolerante, que le permita y le de condiciones a los connacionales». A la vez, hicieron el llamado al Gobierno de Costa Rica a que «les den la oportunidad de empleo a los ciudadanos».