No han durado mucho las mentiras de la dictadura de Daniel Ortega, de que ha manejado ejemplarmente la pandemia del Covid-19, y que el sistema de salud pública de Nicaragua es una maravilla gracias a él.
Para conseguir un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un poco más de 43 millones de dólares, el régimen se ha visto obligado a reconocer las malas políticas públicas que ha ejecutado ante la emergencia sanitaria, y la realidad del deplorable sistema público de salud.
De manera que se ha comprobado, una vez más, que la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre sale a la luz, por mucho que se mienta y se repitan las mentiras y aunque los mentirosos sean las personas más poderosas.
La dictadura ha tenido que reconocer la realidad de la situación de la emergencia sanitaria, no porque de repente se volvió amante de la verdad, sino porque el BID está obligado a la transparencia en el otorgamiento de los créditos y a exigirla a los gobiernos que los obtienen.
En efecto, según reportó LA PRENSA este miércoles 19 de agosto, para conseguir el crédito destinado a ampliar y fortalecer “la capacidad de los hospitales, cobertura de laboratorios y contratación de personal médico… el régimen de Daniel Ortega, que el pasado 19 de julio declaró éxito en su gestión de la pandemia, debió admitir ante los funcionarios del BID la gran debilidad del sistema de salud actual para hacer frente a la crisis sanitaria…”
Primero, que no hay capacidad para detectar y dar seguimiento a los casos de coronavirus, a pesar de toda la palabrería sobre “seguimiento cuidadoso y responsable” que se propala en los informes del régimen orteguista.
Segundo, que no hay tantos hospitales ni camas hospitalarias para atender a la gente que lo necesita, como ha asegurado falazmente Ortega. La verdad es que solo hay 72 hospitales a nivel nacional y apenas 19 están habilitados para la emergencia de la pandemia. Y en las instalaciones hospitalarias únicamente hay 3,184 camas para enfermos y 148 unidades de cuidados intensivos.
Tercero, no hay suficiente personal médico y sanitario en general. Sin embargo, la dictadura ha despedido por represión política a más de 400 médicos especialistas. Y el Observatorio Ciudadano del Covid-19 informa que más de 60 médicos y otros trabajadores de la salud han muerto a consecuencia de la pandemia, sobre todo porque no han sido provistos de los medios de protección indispensables.
Cuarto, no existe un protocolo específico y actualizado de atención a la pandemia, ni un plan de comunicación para mantener a la población debidamente informada e instruida sobre las medidas que cada persona debe practicar para su propia protección y la ajena.
Quinto, no se proporciona la atención que necesita a la población más vulnerable, específicamente las comunidades indígenas y afrodescendientes del Caribe.
Lo bueno de todo esto, aparte de la obtención de fondos cuya ejecución será estrictamente vigilada por mecanismos externos, es que el régimen se ha comprometido ante el BID a adoptar una serie de medidas para mejorar la comunicación con la ciudadanía. Y queda la lección, para los que gobernarán este país después de la dictadura, que la legitimidad y el honor del liderazgo de una nación radica en decir la verdad, y que la mentira es una de las formas más odiosas de la corrupción gubernamental.
