Los diputados orteguistas no han podido defender los graves errores del régimen en el manejo de la pandemia del Covid-19. La aprobación del préstamo por 43 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ayudar a Nicaragua a contener y cortar la transmisión de la enfermedad, este 18 de agosto, fue de las ocasiones en que los orteguistas les tocó soportar cómo los liberales exhibieron las debilidades del régimen con el manejo de la crisis sanitaria, las cuales no supieron contrarrestar con argumentos de peso.
El cobro de 150 dólares por la prueba del Covid-19 para los nicaragüenses que viajen fuera o quienes buscan ingresar al país, que la dictadura se tomase más de seis meses en obtener recursos para atender la pandemia y que, a pesar de la gravedad de la situación sigan promoviéndose actividades de aglomeraciones, fueron parte de las debilidades de la dictadura de Daniel Ortega exhibidas por los liberales en el debate en la Asamblea Nacional.
Los diputados del PLC expusieron debilidades del régimen orteguista como el cobro de 150 dólares por la prueba del Covid-19, para los nicaragüenses que viajen fuera o para ingresar al país.
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«Aquí lo que existe es incapacidad e ineficiencia del modelo de atención del sistema de salud nicaragüense. Siendo la salud gratuita como según dice este gobierno, no puede cobrar 30 dólares por la vacuna contra la fiebre amarilla, no puede cobrar 150 dólares por la prueba del Covid-19 cuando las personas necesitan salir del país. La OPS donó 250 mil pruebas, pero este régimen las ha negado a la población», evidenció la diputada Rosa Argentina Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
La también legisladora liberal, Melba Martínez, criticó en el plenario que el programa que financiará el BID se dirige a cortar la cadena de transmisión y a contener la pandemia del virus en Nicaragua, pero «irresponsablemente» la dictadura sigue actuando contrariamente a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al seguir promoviendo actividades que facilitan el contagio masivo.
«Hablan de contención de la pandemia, cortar la cadena de transmisión, pero ¿qué estamos haciendo? Promoviendo actividades masivas y las vemos a diario, promovidas por las alcaldías sandinistas, en deporte, llamando a la gente a aglomerarse. Que nos diga el diputado Wálmaro (Gutiérrez) entonces quiénes son los que tienen parálisis cerebral», expresó Melba Martínez, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
De esa forma Martínez le regresó los insultos que Gutiérrez le hizo en sesiones anteriores, por las críticas que ella hizo porque se planear construir un nuevo hospital en Managua en una zona considerada de alto riesgo sísmico.
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El Ministerio de Salud (Minsa) solo reporta 4,311 casos de Covid-19 y 133 muertes en Nicaragua hasta el 18 de agosto. Cifras que no reflejan la realidad puesto que el Observatorio Ciudadano, integrado por médicos independientes, reporta más de nueve mil casos sospechosos de coronavirus.
Entre las fallas que la diputada Martínez, quien es doctora, señaló que tiene el proyecto del BID, es que no se incorpora de forma específica la obligación al régimen de facilitar gratuitamente las pruebas del Covid-19 para aquellos nicaragüenses que están fuera del país y quieren regresar.
Son cientos de compatriotas a los que el orteguismo les ha impedido retornar desde Panamá, El Salvador, Guatemala, las Islas Caiman o Costa Rica debido a que las fronteras de Nicaragua les exigen el examen que constate que no tienen la enfermedad, pero ellos no pueden costear los 150 dólares cobrados por el régimen nicaragüenses.
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«Aquí no se contempla tampoco el reintegro de las enfermeras, de los médico y demás personal que fue despedido injustamente», señaló Martínez. Varios diputado orteguistas, como el sindicalista José Antonio Zepeda, hizo gestos de burlas cuando escuchó ese reclamo.
La Unidad Médica Nicaragüense (UMN) denunció que más de veinte especialistas fueron despedidos de los hospitales públicos por el Ministerio de Salud (Minsa) por las denuncias sobre la carencia de equipos para atender a los pacientes con Covid-19, como de la presión política ejercida contra el personal sanitario lo que dificulta las respuestas ante la crisis sanitaria.
«Ojalá que la supervisión que harán la OPS y las otras agencias, sea efectiva en todas las áreas y no solo en la parte técnica, porque la pandemia en Nicaragua se ha salido de control», finalizó su intervención la diputada Martínez.
Cuatro agencias internacionales como son la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, siglas en inglés), la Comisión de Ministros de Salud de Centroamérica (Cominsa) y el Proyect Concern International (PCI), supervisarán cada etapa del programa de ayuda para atender la crisis sanitaria del Covid-19 en Nicaragua. Esto fue condición del BID para dar los fondos.
Wálmaro Gutiérrez se guardó sus insultos habituales
Wálmaro Gutiérrez, orteguista presidente de la Comisión Económica, no respondió a ninguna de las irregularidades atribuidas en la actuación de las autoridades a la pandemia. Se limitó a dar gracias a los organismos internacionales por apoyar, según él, porque «la confianza que tienen en la transparencia del manejo de los recursos» por parte de la administración orteguista.
Gutiérrez criticó las advertencias de entidades como el Observatorio Ciudadano porque «están pensando en una segunda oleada» de contagios del coronavirus como consecuencia de las aglomeraciones promovidas por el régimen, las cuales defendió insistiendo en que Nicaragua no puede paralizarse.
«Este país no se ha paralizado como otras naciones centroamericanas que se la están viendo de palitos..nosotros seguimos teniendo un endeudamiento sano y responsable, y hemos enfrentado hasta el día de hoy al Covid-19 . Y le agradecemos al BID, al BCIE, al Banco Mundial y a la comunidad internacional que nos han apoyado a reducir la pobreza», dijo Gutiérrez.
El préstamo del BID de 43 millones de dólares para el proyecto «Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del servicio en Nicaragua», lo aprobaron 74 diputados entre los 70 sandinistas y sus aliados del ALN-PLI-Apre. Hubo 16 legisladores entre los 14 del PLC, Yatama y la del Partido Conservador que se quedaron presentes en el sistema electrónico.
