El sábado 11 de junio de 1966, el doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal publicó en LA PRENSA un editorial titulado “Condiciones para una elección pura”. Ese editorial del doctor Chamorro Cardenal ya lo comentamos en otra ocasión, pero es oportuno volver a hacerlo por las características de la situación política actual de Nicaragua, un país donde la lucha por elecciones limpias es tarea permanente, nunca se termina.
Nicaragua se encontraba en aquel momento en una crucial situación preelectoral, igual que está ahora. En febrero de 1967 se celebraría una elección presidencial decisiva para la nación, en la cual la oposición (aliada en la que fue la primera Unión Nacional Opositora de la historia política nacional) tendría que enfrentarse a la candidatura del general Anastasio Somoza Debayle. Y, por supuesto, a la maquinaria electoral del régimen somocista que no ofrecía confianza a la oposición, ni era garantía de unas elecciones verdaderamente libres y limpias.
El doctor Chamorro Cardenal enumeró en aquel editorial 7 condiciones que consideraba indispensables para garantizar la pureza del sufragio. Tales condiciones eran: primero, una buena identificación del votante para evitar el voto múltiple. Segundo, vigilancia en las mesas de votación y en los centros de cómputos. Tercero, recuento público de los votos. Cuarto, acta de votación firmada por todos los miembros de las mesas, conservando cada fiscal una copia de la misma. Quinto, entrega del acta por parte de los encargados de las mesas de votación, a los tribunales electorales superiores, en presencia de todos los vigilantes o fiscales. Sexto, presencia de vigilantes o fiscales en todos los organismos electorales. Y séptimo, efectiva sujeción de la fuerza pública al poder electoral.
El doctor Chamorro no mencionó entre las condiciones para la pureza electoral cambios en el Tribunal Supremo Electoral, aunque sí la necesaria presencia de fiscales de la oposición en todos sus organismos y peldaños. No incluyó ese punto tal vez porque los miembros de aquel tribunal electoral no eran tan corruptos y subordinados a la dictadura, como son los de ahora. Precisamente por esto, se puede considerar que actualmente los cambios en el Consejo Supremo Electoral son necesarios.
En la actualidad, uno de los principales puntos de discusión de los opositores dentro del país y en el exilio, es el de las condiciones políticas y garantías legales indispensables para poder participar en las elecciones nacionales del 7 de noviembre de 2021. Esas condiciones no son invento ni capricho de nadie, son los estándares internacionales para todos los procesos electorales democráticos en el mundo. Así lo hacen ver a menudo los representantes de la comunidad internacional, que está interesada en la solución democrática de la crisis socioeconómica y de gobernabilidad que sufre Nicaragua desde abril de 2018.
Prácticamente todos los sectores de la oposición nicaragüense, concuerdan en que la solución a la crisis de Nicaragua tiene que pasar por elecciones libres, limpias, pluralistas, justas, competitivas y observadas internacionalmente.
Pero también están de acuerdo en que para participar en las elecciones todos los presos políticos tienen que ser liberados; que se debe depurar el padrón electoral; restablecer las garantías constitucionales suspendidas de hecho por la dictadura desde abril de 2018; que haya libertad irrestricta de movilización en la campaña electoral, lo mismo que plena libertad de información y expresión; y presencia de los observadores internacionales en el país desde el inicio de la campaña electoral.
Es lógico pensar que sin esas garantías no se debería participar en las elecciones. El objetivo de la participación opositora es restablecer la democracia, no hacerle el juego a la dictadura en otra farsa y fraude electoral, ni ayudarle a que consiga legitimarse internacionalmente.
