La demanda de familiares de presos políticos, de que sus seres queridos enfrenten un debido proceso, desde su detención, es un asunto de derechos humanos según explican los especialistas, que recuerdan que esto se encuentra reconocido en instrumentos internacionales y en la Constitución Política de la República.
Norlan Gómez, defensor de derechos humanos, indica que el debido proceso está relacionado al principio de legalidad con la idea de que tanto gobernantes como gobernados estén subordinados a la ley.
“Está claro que en Nicaragua actualmente esta pisoteadas todas las instituciones. No existen instituciones en este país. Lo que existe es una concentración de todos los poderes del estado en básicamente dos personas: Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señala Gómez.
Alba Saraí Cerna, hermana del preso político John Cerna, relata que a su hermano se le ha violentado el debido proceso desde su detención, la cual cataloga como un “secuestro”.
John fue detenido el 28 de febrero del 2020, cuando se dirigía a la universidad, por personas vestidas de civil, que luego se aseguró eran agentes policiales.
Se le acusó de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, pero nunca se llegó a ver la evidencia porque según las autoridades fue quemada.
“En este caso se le acusa de tráfico de estupefacientes, hablan de óvulos, cocaína, y marihuana, pero no presentan nada de eso. Lo que argumentan e que la juez dijo que se quemara la evidencia. Según lo que tenemos entendido ya andaban en persecución de John, ya habían preguntado en varios lugares, ya habían ubicado dónde vivía”, relata la hermana de John.
Asegura que lo que portaba su hermano era la computadora, cuadernos y documentos personales, porque se dirigía a la universidad. “Se dirigía a clases y siempre ha sido de esos chavalos que ha estado en las protestas y en contra del gobierno y es fácil catalogarlo como un opositor”, dice.
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John fue detenido y llevado al cuarto que rentaba en un barrio cerca de la universidad, ahí detuvieron a cuatro jóvenes más: un amigo que había pedido posada, uno al que el detenido pidió ayuda por mensaje de texto y dos que se acercaron a ver qué ocurría. Los cuatro fueron luego liberados.
La familia de John no fue notificada, lo buscaron hasta encontrarlo en El Chipote, luego supieron que habían iniciado el proceso en los juzgados con un abogado puesto por el ministerio público. Tampoco fueron informados del traslado a La Modelo donde se encuentra condenado a 12 años de prisión.
“A nosotros nunca se nos notificó que en contra de él ya se había iniciado un proceso y John no pudo tener un abogado privado. Se le asignó un abogado del ministerio público, lo cual no es una defensa buena para alguien que está siendo acusado por parte del gobierno”, remarca Alba.
La lista de visitantes
Otra de las irregularidades en los procesos que enfrentan los presos políticos es en la lista de visitas. Alba comenta que John solamente puede ser visitado por su mamá que tiene 45 años y por el Covid-19 han solicitado el cambio y no se ha podido hacer.
“Hubo un problema con la lista porque solo aparecían mi mamá y una tía. Cuando fuimos a preguntar por qué no aparecían los otros nombres, argumentaron que John había dicho mal los nombres. Lo cual es un mal chiste contado. Me van a decir a mí que mi hermano no se sabe mi nombre”, explica Alba.
Se establece que los reos pueden cambiar la lista cada cierto tiempo, pero John no ha podido hacerlo. Alba indica que esta negativa se dio luego de que su hermano escribiera una carta que habla sobre una cárcel de Daniel ortega siendo un preso político.
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Cadena de arbitrariedades
Norlan Gómez explica que las irregularidades en el debido proceso se dan desde las detenciones por personas que no se identifican como policías, el negar una llamada para avisar a los familiares o elegir un abogado de su preferencia.
“Es una cadena de arbitrariedades, son como eslabones que cada cosa que está prevista en el debido proceso como principio se van violentando, desde la detención”, detalla Gómez.
Remarca que solamente que si la persona es encontrada cometiendo el delito puede ser detenido en la vía pública. “La policía para justificar las detenciones arbitrarias es muy dada a justificar que fue visto en actitud sospechosa”, dice.
“El alegar una actitud sospechosa es de hecho una violación a los derechos humanos. No podes argumentar eso. No cabe dentro del debido proceso”, agrega.
Gómez hace énfasis en que cualquier proceso que se inicia con nulidad como una detención arbitraria o las torturas a las que son sometidos los presos políticos son causa de nulidad, lo que se conoce como el árbol envenenado.
Otras violaciones a Derechos Humanos
Alba dice que John es sacado al sol por 15 minutos por semana, sufre fumigaciones con cipermetrina con los reos adentro, una vez por semana y hace poco relató que trasladaron a la misma celda a un reo con tuberculosis.
Asegura que John es un reo vulnerable porque tiene calcificación e los pulmones, un “charnel” en la sien derecha producto de su participación en las protestas de 2018 y quedó pendiente de una operación para reparar daños en el brazo que se le ha dislocado ya tres veces estando en prisión.
Debido proceso no es solo penal
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “el derecho de defensa procesal” es una garantía procesal que debe estar presente en toda clase de procesos, no sólo en aquellos de orden penal, sino de tipo civil, administrativo o de cualquier otro.
