Tras el anuncio del régimen de Daniel Ortega de que aplicará un cobro de 150 dólares en las pruebas de detección de Covid-19 a todo ciudadano que requiera viajar al exterior, volvieron a resurgir las dudas sobre el destino final que tuvo el lote de tests que Nicaragua recibió en donación por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Rusia, por lo que especialistas dicen que el Gobierno debe explicar dónde están, porque de lo contrario sospechan que estas formarán parte del negocio que el Ministerio de Salud se montó a costa de la pandemia.
A cuatro meses de que se confirmara el primer caso de Covid-19 en Nicaragua, el país ha recibido más de 30 mil pruebas: 26 mil por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el pasado 6 de abril; y cinco mil que entregó la Federación de Rusia el pasado 3 de julio. Sin embargo, hasta la fecha los Ortega-Murillo no han rendido cuenta de cómo se ha distribuido estos tests ni a cuántas personas se las han realizado.
“Los nicaragüenses tenemos derecho a sospechar que el Gobierno está actuando mal porque no estamos siendo informados, si estuviéramos siendo informado estaríamos siendo injustos estar sospechando, pero como no hay información, no sabemos qué están haciendo con las pruebas”, expresó el economista Róger Arteaga.
Arteaga, exrepresentante del BCIE ante Nicaragua, señaló que si el régimen distribuyó las pruebas al Hospital Alemán Nicaragüense, no se sabe el alcance que estas han tenido por la falta de información y secretismo que caracteriza al orteguismo.
“Como no se sabe a quiénes les han hecho las pruebas, eso es una nebulosa, hay una opacidad que no permite saber en qué han utilizado esas pruebas, pueda ser que en el Alemán hayan pruebas para saber si alguien tiene Covid-19 pero no se sabe, lo único que sabemos es que hay gente que se sigue enterrando”, manifestó Arteaga.
Lea también: Cosep: cobro de 150 dólares por examen de Covid-19 es un «impuesto de salida» a los nicaragüenses y es recaudatorio
Para el analista político Eliseo Núñez, el monopolio que tiene el régimen con las pruebas de Covid-19 solo evidencia que la usan para sus intereses y no en beneficio de la población, y consideró que las donaciones y la compra de los 100 mil tests son las que estarían vendiendo a la población.
“El tema de las pruebas de Covid debería ser autorizado para todo los laboratorios privados y el gobierno no debería estarla vendiendo, el gobierno monopoliza y encima de eso las vende a un grupo muy selecto (…) están cobrando por pruebas que donaron y esa es la razón por la que anunciaron que iban a comprar cien mil pruebas adicionales para poder de alguna manera justificar ese cobro”, expresó Núñez.
El analista político también consideró que con esta acción el régimen pretende calificar a todo aquel que viaja como adinerado, contrastando con la realidad de que una gran cantidad de nicaragüenses viajan por necesidad y no por placer. “Llegaron a un nivel de descaro pensando que el que viaja es rico, eso es mentira, en Nicaragua la inmigración por motivos económicoa es enorme, la mayor parte de la gente viaja por necesidad”.
¿Cómo afecta esta medida?
El economista Luis Murillo calificó de extrema la decisión de cobrar 150 dólares por un servicio que debería ser gratuito porque es brindado por el Ministerio de Salud (Minsa), y dijo que los principales afectados por ende serían los viajeros, pero principalmente para las personas que saldrían del país por asuntos de trabajo o porque se ven en la necesidad de emigrar.
Para Murillo sí ha habido un uso de las pruebas de Covid-19, pero solo al círculo cercano de los Ortega-Murillo, y que la medida de cobrar por la realización de este test sería con el objetivo de recaudar “algo de fondo” en política fiscal. “Creo que es una medida ilógica porque está tratando de aparentar una medida para proteger la vida de los nicaragüenses, pero está afectando la parte económica (…)”.
“Además evidencia que el Presidente está mal asesorado porque por un lado está imponiendo una medida restrictiva, supuestamente para preservar la salud, pero por otro lado está ávido de recursos de cualquier tipo, y el problema es que está afectando la necesidad de hacerse una prueba”, reprochó Murillo.
A diferencia de Nicaragua, los sistemas de salud pública de los demás países de la región centroamericana realizan la prueba del Covid-19 gratuitamente, además han autorizado a laboratorios y centros médicos privados de hacer el test. Estos cobran incluso por debajo de los 150 dólares que estableció el Minsa.
Lea además: Las pruebas de Covid-19 y el negocio del régimen orteguista
Al respecto, el economista Néstor Avendaño señaló que el régimen estaría quedándose aproximadamente con el 10 por ciento del ingreso promedio anual per cápita de lo que gana un nicaragüense, al imponer el cobro elevado de los 150 dólares al viajero.
Avendaño consideró que si bien esto se puede ver como una medida para evitar la propagación de contagio entre los viajeros, esto también demuestra que el régimen ve esta decisión como un “cobro suntuario” (de lujo), pero estaría equivocado porque en momentos de pandemia no habría un “gran universo” de personas que viajen y paguen este monto.
El economista consideró que el cobro no es un impuesto, porque no fue aprobado por la Asamblea Nacional, pero se puede calificar como un arancel para que el gobierno obtenga más ingresos no tributario, aunque aclaró que aún así no lograría su objetivo de recaudar fondos. “Los ingresos no tributarios no son la principal fuente de ingreso del gobierno, además el número de viajeros, en este caso, no es un gran universo que van a pagar por este arancel (…) el Presupuesto de la República no depende de las personas que viajan en avión”, expresó.
Debe rendir cuentas
Pero el BCIE también ha apoyado a Nicaragua en préstamos para combatir la pandemia, así como Taiwán ha financiado al régimen para la compra de insumos médicos. A inicios de junio, el Sistema de Contrataciones del Estado (Siscae) indicó que el Minsa ordenó la compra de 124 ventiladores y 119 camas hospitalarias, del cual parte de ello fue financiada por el país asiático. Luego, el 6 de julio, se conoció que adquirió 70 ventiladores y 40 camas más. No obstante, se desconoce hasta el momento cuánto ha utilizado de estos fondos el régimen.
“(El régimen) ha recibido donaciones de varios países, pero no permiten saber qué está haciendo con ese dinero. Es un derecho y una obligación sospechar del Gobierno porque debe informar qué está haciendo con el dinero que está recibiendo. Los países donantes y el mismo del BCIE deberían de exigir que le informe qué están haciendo con las donaciones”, dijo el economista Arteaga.
Al respecto, el exdiplomático y abogado José Pallais destacó que la actuación de Ortega no provocaría mayor cuestionamiento porque cada país define su propia política, aunque señaló que está en la obligación de informar qué hacen con cualquier ayuda que recibe, y que cualquier intervención o reclamo sobre la situación sería de parte de los actores que han donado las pruebas o han brindado ayuda económica al régimen.
“Tal vez algún reclamo de los donantes pero son situaciones particulares, pero para los nicaragüenses es una explotación y un manejo de la pandemia sin ninguna compasión para los ciudadanos que están en una situación económica muy difícil, que viene arrastrando una realidad muy dura de desempleo, incremento del empleo formal”, refirió Pallais.
Arteaga concluyó que este tipo de acciones de parte de los Ortega-Murillo cerrarían las pruebas para recibir ayuda internacional y solo provocaría más sanciones contra su círculo. “Por eso que las sanciones no van a parar, van a ir cortándole los tentáculos al pulpo de los Ortega-Murillo”, señaló.